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Audio cortesía de AMLOTV.
miércoles, 11 de marzo de 2009
¿Plagiaria o víctima?
EL MAL SUEÑO DE JACINTA La indígena otomí de 42 años relata su pesadilla (Foto: RAÚL ESTRELLA / EL UNIVERSAL )Ricardo Rocha
El Universal
Miércoles 11 de marzo de 2009
politica@eluniversal.com.mx
Para llegar a ella hay que rebasar la ciudad de Querétaro y luego tomar una carretera secundaria. Al poco rato se aparece la doble mole de los penales: de un lado del camino los hombres y del otro lado las mujeres. Luego recorre uno a pie una larga, solitaria y estrecha calle que busca al fondo la puerta negra de hierro. De un lado el altísimo muro de hormigón y del otro la alambrada coronada de púas.
Es una cárcel. Aunque los eufemismos le llamen Centro de Readaptación Social, es una prisión, eso lo recuerdan los trámites y registros de rigor y el predominio de las rejas y las puertas giratorias de pesado metal. Salvo los guardias hombres de la entrada voy contando una veintena de custodios mujeres que nos van conduciendo por los laberínticos pasillos interiores. Y no puedes evitarlo, a cada paso hacia adentro vas perdiendo más y más lo que se queda allá afuera. Es una cárcel.
Y ahí están sus habitantes: en el patio y al sol hay unas 10 de las 141 reclusas; una de ellas fortísima, de rostro decidido y mirada fulminante que impondría todavía mas temor de no ser porque vive y reina desde un trono insólito de una silla de ruedas: perdió ambas piernas… ni siquiera me atrevo a preguntar por su historia; sin embargo, me cuentan inevitablemente la de una muchacha muy bella con un niño en brazos a la que agarraron con su marido por venta de drogas. En cambio, al hablar de Jacinta, Martha Yáñez Carbajo, la directora del penal, como que se apena. Recuerda que desde que llegó supo que era inocente, que se trató desde el principio de una acusación infundada, de una historia más que increíble, inadmisible; a ver, quién se puede creer que una mujer indígena otomí —ahora de 46 años— haya secuestrado a seis agentes armados de la PGR-AFI; es no sólo un insulto a la justicia sino a la más elemental inteligencia. Pero nuestra opinión no cuenta —me dice— nosotros nada podemos hacer que no sea tratar de la mejor manera posible a Jacinta y a las otras internas.
En esas estábamos cuando no sé por qué la presiento, la advierto y me la encuentro en un pasillo. Me sorprende con un abrazo tímido pero sincero, como si nos conociéramos desde antes. Luego casi sin preguntarle, me va platicando su historia, igual en su celda que frente a la máquina en el taller de costura donde hace estuches de tela acolchonados. ¿Para qué son? Para las mujeres que guardan pintura. ¿Cómo se llaman? Si, de pinturas que mandan hacer ¿A usted no le gustan? ¿Yo? ¡No! ¡Yo nunca me he pintado! estalla en una carcajada. Luego vendrían los silencios y, apenas asomadas, las lágrimas.
La han condenado a 21 años de prisión, ¿qué significa para usted? Yo ni sé, como que no puedo, pues no puedo creer… no sé que es. ¿Qué han sido estos dos años y medio, casi tres años de prisión? No entiendo, no sé contestar eso, no sé cómo digo. Usted ya está hablando español ahora, pero hace tres años sólo hablaba ñhä-ñhú otomí. Casi siempre habla otomí, pero hay palabras que no entiende bien.
—A ver, ¿qué piensa cuando está aquí a solas?, ¿puede creer lo que le ocurrió, usted entiende por qué la metieron a la cárcel?
—Como que no puedo creer, no puedo creer que cómo qué fue, pos como que no es realidad, como que es este, como que nada más un sueño, como que estoy aquí nada más por un sueño… nada más, porque no puedo creer… ahora me dicen de que sentencia, de que delito, mis compañeras y mi maestra.
—¿Secuestró usted a seis agentes armados de la AFI, de la PGR?
—Pues ellos la que me dicen… ellos la que me están poniendo ese delito, porque yo nunca la hice eso… y ni lo sé que es secuestro ni lo que me estaba acusando… yo no entendí nada.
—¿Qué paso entonces aquel 26 de marzo de 2006?
—Ese pues fue un día domingos… yo en mi trabajo me dedicaba, yo vendía mis aguas frescas en el tiangui… y ese día pues ya cada ocho yo… este, como toca tres veces la campana y ya la última cuando entro yo adentro a la iglesia… entré a misa, cuando salí pues escuché decía la gente que habían llegado unos señores a llevar los discos… entonces yo ni le hice caso, agarré y me senté en mi puesto… entonces ya, otro ratito, estaba yo esperando a mi esposo y no llegaba, llegó una de mis hijas y le dije compáñame a la farmacia porque a mí me da pena que me inyecten… así le dije y me compañó una de mis hijas, cuando ya veníamos de regreso venía un señor, que venía ahí con unas personas… y es que la que escuché que estaban hablando de los discos. —¿Los discos pirata?
—Sí, sí, yo de eso estaba escuchando, pero yo ni… luego salí en el periódico.
—¿Luego se la llevaron a Querétaro unas semanas después?
—No, lo del tiangui fue en marzo, lo de que me fueron a traer fue hasta agosto… pero yo no sabía quién eran, no más que muchos con armas por todos lados.
—¿Le dijeron por qué la detenían?
—Que porque iba a declarar por un árbol tumbado… luego ya en el juzgado me dijo que no’más iba a declarar… y ahí pues estaban hablando y todo… y hacían papeles… y me daban muchos papeles a firmar y yo firmé muchos papeles y ni sabía qué era porque no entendía… luego, ya en la noche, me trajeron a la cárcel y así estoy aquí.
—¿Cómo han sido estos casi tres años?
—Se me hizo bien largo, bien largo… ya de por sí estos años son muchos, ya he perdido tiempo, mucho tiempo para mis hijos, para mi familia, para mi casa.
Santiago Mexquititlán es un pueblo sosegado donde el sol sale tarde y la noche se acuesta temprano. Apenas tres mil habitantes y seis barrios ñhä-ñhú a dos horas eternas de la cárcel de Querétaro. Ahí están la paletería y heladería de la familia que encabeza Guillermo Francisco y la casa común donde en torno al cuadrado de un patio limpio y terroso se ha ido acomodando la familia con hijos y nietos. Luego en la plaza y a la sombra de la cruz de la pequeña iglesia, familiares y testigos me juran y perjuran que todo ocurrió como me lo ha dicho ella: llegaron los seis muy armados y sin uniforme a destruir y a robar; se acobardaron cuando el pueblo empezó a rodearlos; pidieron ayuda; sus jefes se comprometieron a reparar el daño con dinero; dejaron a uno en garantía; regresaron y pagaron. Pero se desquitaron cinco meses después con Jacinta, con Teresa y con Alberta, con quienes también hablé en la cárcel.
Al salir de Santiago me traigo a México muchas voces adentro del pellejo. Pero me desgarra el llanto de Estela, la hija, cuando me enseña los estandartes de las procesiones religiosas a que convocaba Jacinta que siempre andaba visitando enfermos y moribundos. Y cuando me muestra el jardín reseco porque me asegura que las plantas extrañan a su madre. Así que prefiero quedarme con la esperanza de Jacinta cuando me dice que sí, que cree en que Dios y la gente la ayuden para recuperar su libertad.
—¿Me va a invitar algo ahora que salga?
—Claro que sí, unos nopales bien sabrosos y, si alcanza, hasta pollo.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
martes, 10 de marzo de 2009
La narcoguerra /Parte II
- La sicosis ciudadana se intensifica al percibirse que no hay una estrategia
- El terror marca la vida cotidiana en Reynosa; el narco decide todo
La balacera del 17 de febrero pasado en Reynosa fue uno de los episodios más cruentos de la historia reciente de la ciudad fronteriza. En la imagen, curiosos ante una camioneta con restos de sangreFoto Ap
Gustavo Castillo García
Enviado
Reynosa, Tamps.
Todavía hay quienes se atreven a hablar aquí de la gente que se mueve. Así se les llama a los narcos, porque la gente ha eliminado de su vocabulario palabras como mafiosos, delincuentes o sicarios, pues su sola mención molesta a los señores que controlan la plaza.
La actividad del cártel del Golfo –única organización del crimen organizado que tiene su asiento en el estado y que en los últimos años se ha expandido hacia el sur del país– es avasalladora. En Reynosa, las calles están desiertas a partir de las 10 de la noche; ya no hay fiestas ni se puede cruzar caminando el centro de la ciudad. Es muy peligroso, te puede tocar una bala, dice Carmen casi en un susurro. Sabe por qué: hablar fuerte o de más puede acarrearle, sin exageración, una tabletiza, un levantón o, de plano, desaparecer.
Desde que la violencia se tornó incontrolable, los códigos de convivencia se han trastocado. El tejido social se ha diluido y la gente ya no confía en nadie. La inveterada franqueza de los norteños, esa broma espontánea de los tamaulipecos, su optimismo para encarar los tiempos de sequía o inundación, los calorones o las heladas, en fin, su temple para salir al paso de cualquier circunstancia adversa en esta agreste región, ya es historia.
Hay mucha incertidumbre. Miedo. A nuestros afiliados pedimos que se abstengan de asomarse cuando hay un fuego cruzado, que no les entre la curiosidad, que no se acerquen ni se mezclen con esas personas. Que dejen a las autoridades hacer su trabajo, apunta Gildardo López Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
Como todos aquí, accedan o no a dar su nombre, él conoce de esa ya rutinaria, irrespirable violencia. A partir del enfrentamiento entre mafiosos y fuerzas federales –el 17 de febrero–, las ventas al menudeo cayeron 40 por ciento de un día para otro. La gente apenas se atreve a salir a la calle a comprar lo elemental. Y esto sin contar que en 2008 cerraron casi 700 establecimientos.
“A mis hijos ya los mandé a Estados Unidos. Se les ha coartado su libertad y los padres estamos paranoicos. Las fiestas se hacen sólo en las casas por temor a una balacera, a que los narcos cierren el antro o a que los militares lleguen a catear sin orden y con lujo de fuerza.
“No estamos contra los operativos, pero ahora las balaceras ocurren incluso afuera de las escuelas. Hay sicosis porque están los niños, porque nosotros estamos en medio y vemos que no hay una estrategia.
“Recordamos lo que pasó en Guardados de Abajo cuando hubo una época muy violenta. Allí detuvieron a culpables e inocentes. Cuatro años después del operativo donde cayó Gilberto Mena, El June, hoy tienes un pueblo con secuelas de la violencia y, por ejemplo, hay una persona que no puede pasar por donde ocurrió el enfrentamiento: simplemente no le responden las piernas. Se puede decir que antes de ese operativo había ahí estabilidad económica, pero hoy la gente se siente abandonada, ya no hay seguridad ni para ir al trabajo”, relata Juan Manuel Cantú, integrante del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos.
Arribo policial al sitio donde sicarios y militares se enfrentaron a tiros, el 17 de febrero pasado en Reynosa. Foto Ap
El cártel del Golfo ha diversificado sus negocios. De acuerdo con algunos entrevistados, mientras algunos miembros de la banda se encargan del tráfico de estupefacientes, de armas y personas, hay cobradores de cuotas a los comerciantes ambulantes. Otros recaudan la renta de los boleros en las plazas públicas; unos más se encargan de los pequeños negocios y otra división se dedica a recabar el dinero de empresarios o políticos a cambio de protección y garantizar así que ninguno de sus hijos, parientes o él mismo, sea retenido o... ejecutado.
Es un secreto a voces; aquí todos lo sabemos, dice Mario, comerciante del centro de la ciudad. La violencia depende de quién esté a cargo de la plaza y abarca todos los pueblos lindantes con Estados Unidos. Desde Nuevo Laredo hasta Matamoros. Ellos deciden todo.
Desde hace año y medio la violencia en Reynosa se ha incrementado. Pobladores refieren que los patrones cambiaron al jefe de la plaza y así comenzó el cobro de piso; según el tamaño del negocio es el pago que exigen.
Con 3 mil 156 kilómetros cuadrados, Reynosa colinda con McAllen, Texas. Entre 2000 y 2005 la población pasó de 282 mil a 526 mil personas, y se calcula que en los últimos tres años otros 200 mil mexicanos y centroamericanos se han quedado aquí forzada o voluntariamente al fracasar su intento de llegar a Estados Unidos.
La economía local se basa en gran parte en el comercio y en los servicios personales y de mantenimiento, que ocupan casi 43 mil personas; la industria manufacturera emplea a 60 mil obreros y la siembra de sorgo y maíz, la crianza y venta de ganado bovino y la industria petrolera utilizan, en conjunto, la fuerza laboral de 7 mil personas.
Informes del gobierno federal indican que “78 por ciento de los comercios de este municipio lavan el dinero del crimen organizado por el tráfico de drogas, armas y personas, contrabando de mercancías, narcomenudeo, prostitución, pornografía, piratería, y desde hace poco más de un año, la extorsión y el secuestro”.
La sicosis por la violencia ha llegado al grado de que en esta región nadie toca el claxon para pedir a un conductor que acelere o se mueva del arroyo vehicular. Circula una leyenda que muchos cuentan y dicen saberla porque le ocurrió a un compadre, a un vecino o a un familiar:
“Un día, a una fila de vehículos le tocó el alto en un crucero. En una troca un hombre lanzó una apuesta: si el conductor que estaba atrás hacía sonar el claxon si no avanzaba con el semáforo en verde, lo mataría.”
Según esto, “el otro le apostó 500 pesos a que no le pitarían. En el coche de atrás, un joven –sin saber que en el vehículo de adelante se apostaba su vida– se agachó al piso del auto a buscar su teléfono celular. No se dio cuenta del cambio de la luz y, al incorporarse, un hombre le lanzó 500 pesos por la ventanilla diciéndole: ‘¡te salvaste!’”
Fortino López Balcázar, dirigente de una organización defensora de derechos humanos y de protección a los migrantes, es ejemplo de lo que vive la gente en Reynosa: salgo lo menos posible; sólo voy a los juzgados y vuelvo a casa. Con mi familia únicamente acudimos a la tienda a comprar lo necesario, no vamos al cine ni cosa por el estilo. En los días de colegio, una vez que mis hijas regresan, no vuelven a salir.
En noviembre pasado, el Ejército aseguró aquí más de 500 mil cartuchos, 428 armas, 287 granadas y mil cargadores. Ese mes, agentes federales capturaron a Jaime González Durán, El Hummer, de uno de los principales líderes de Los Zetas, una de las facciones en que se ha dividido el cártel del Golfo.
Del enfrentamiento ocurrido el mes pasado, la policía no divulgó los nombres de los muertos, aunque aquí todos saben que en la la refriega cayó Héctor El Karis Sauceda Gamboa, encargado de esta plaza y quien –aseguran– impuso el cobro de las cuotas por protección; tablizas y ejecuciones a los reporteros que se atrevieran a ubicar a los narcos en sus publicaciones.
Así está hoy Reynosa. Según informes del gobierno federal: en 51 por ciento de los hogares se guarda un arma; en 63 por ciento existe violencia intrafamiliar; 73 por ciento de los niños de quinto y sexto de primaria, así como 81 por ciento de los jóvenes, consideran que la distribución y venta de drogas no es un ilícito.
Éste es nuestro pan de cada día, lamenta el párroco Hilario del Pozo Noyola.
Fuente: Diario La Jornada.
Mañana:La narcoguerra/parte III
Vergüenza nacional
Editorial/La Jornada/10 de marzo de 2009.
Con la instalación de una comisión binacional para "revisar" el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez, el gobierno mexicano se ha plegado a la lógica racista y discriminatoria impuesta por el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y ha establecido un estatuto de privilegio absolutamente inaceptable en el marco legal de nuestro país, agraviante para los ciudadanos mexicanos y repudiable desde una perspectiva ética.
Ha de considerarse que la instancia anunciada ayer de manera conjunta por Felipe Calderón y el mandatario francés es ajena al marco legal nacional y que impone, por el solo hecho de su creación, una circunstancia de excepción para los delincuentes convictos de origen extranjero, por graves que sean los crímenes que se les atribuyen. Tal circunstancia contrasta con el trato que los acusados y sentenciados mexicanos reciben de las autoridades, es decir, con las arbitrariedades y las injusticias que las instancias de procuración e impartición de justicia cometen contra reos comunes y contra presos políticos.
Es inevitable contrastar la deferencia que el calderonismo brinda a Cassez, convicta por 10 secuestros, y el atropello que perpetró contra Ignacio del Valle, líder atenquense condenado por la privación ilegal de la libertad de un funcionario, hecho que ocurrió cuando Del Valle se encontraba ya en la cárcel.
Igualmente grotesca resulta la concesión hecha al gobierno de Francia si se coteja con la indefensión jurídica que padecen ciudadanos mexicanos al norte del río Bravo. Es de notar que el Ejecutivo federal de México nunca ha pedido la creación de una "comisión binacional" para revisar los casos de connacionales condenados a muerte por un sistema judicial no menos distorsionado y aberrante que el nuestro, y cabe preguntarse si, llegado el caso, Washington aceptaría la propuesta. Es pertinente cuestionar, asimismo, por qué las autoridades mexicanas nunca han formado comisiones de esta clase para los centro y sudamericanos que delinquen en nuestro territorio y que son sancionados por las instituciones nacionales.
En los hechos, se ha impuesto una diferencia institucional para abordar los casos de los mexicanos acusados ante la justicia –en el país o en el extranjero– y los infractores latinoamericanos en México, por una parte, y los delincuentes que posean un pasaporte francés o rasgos físicos europeos. Estos últimos, de acuerdo con el precedente asentado, podrán reclamar el auxilio de instancias extralegales encargadas de analizar y dar celeridad a sus casos y de supervisar que no se cometan irregularidades.
Se trata de una distinción que contraviene postulados esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluidos la igualdad ante la ley, consagrada en su artículo primero, y el principio de separación de poderes, toda vez que el Ejecutivo no tiene por qué revisar el trabajo del Judicial, en cuyo ámbito se encuentra, hoy, el destino de la secuestradora francesa.
En otros sentidos, la decisión de transigir ante las presiones abiertas e injerencistas de Sarkozy no sólo vulnera la soberanía nacional, sino resulta contraproducente contra el empeño calderonista de persuadir a la sociedad de que en las esferas gubernamentales hay voluntad política real para perseguir a los delincuentes y castigarlos con todo el rigor que permite el derecho. Sí, podrá decirse en lo sucesivo, siempre y cuando los infractores no tengan nacionalidad francesa. En suma, el establecimiento de una comisión binacional para revisar la situación jurídica de Florence Cassez es, por donde quiera que se le vea, una vergüenza nacional.
lunes, 9 de marzo de 2009
La evaluación educativa es perversa en México: experto
- El Estado la realiza a cambio de recursos, afirma Díaz Barriga
- Los maestros han perdido "el valor de su profesión", señala
La "crisis puede ser una oportunidad para transformar un sistema que no tiene por qué invertir cifras millonarias en sistemas de evaluación que no están atendiendo los procesos vinculados a la formación del estudiante", sostiene el especialista Ángel Díaz Barriga. Foto La Jornada
Laura Poy Solano/9 de marzo de 2009/La Jornada.
En México urge un cambio de políticas educativas, ya que con crisis económica o sin ella enfrentamos un sistema de examinar "muy perverso, en el que la lógica que se aplica desde el Estado es la evaluación institucional a cambio de recursos", afirmó Ángel Díaz Barriga, especialista en el sistema educativo y catedrático del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En entrevista, señaló que la "crisis puede ser una oportunidad para transformar un sistema que no tiene por qué invertir cifras millonarias en sistemas de evaluación que no están atendiendo los procesos vinculados a la formación del estudiante, que es lo que podría hacer cambiar los mecanismos que operan en el aula y la escuela".
La crisis económica, afirmó, también "podría propiciar que las autoridades educativas tuvieran más humildad y se confiara más en los profesores, para apostar más a los sujetos de educación, tanto en la formación básica como en la superior".
Sin duda, indicó, existen ámbitos donde se pueden reducir costos. La evaluación es un "área sobrecrecida que podría ser más modesta, más educativa, para hacer una evaluación no para dar dinero, que es absurdo, sino para ayudar a la institución, es decir, para mejorar lo que sucede en el salón de clases".
Díaz Barriga sostuvo que en México, como en la mayoría de los países de América Latina, los maestros han perdido el "valor de su profesión". Explicó que "de la mística de la Revolución Mexicana se trataba de pasar a un docente profesional, pero éste se quedó a mitad del camino y se volvió un empleado. Así se fue perdiendo el interés en el alumno y en su proceso educativo". Por esta razón, señaló, en México las evaluaciones se han convertido en una "lista de chequeo, con miles de detalles absurdos para mirarlos con lupa, al convertirse en negocio o en una perversión".
Enfatizó que en educación superior la aplicación de esquemas de productividad y eficiencia, asociados a los programas de estímulos, generó que los docentes "ya no tengan mucho tiempo para atender a sus alumnos", y se ha dejado de valorar a quienes enseñan los fundamentos del saber científico, al exigirles que publiquen investigaciones para acceder a los estímulos salariales.
"Vale la pena preguntarnos si un maestro que enseña las bases de la química o las matemáticas a estudiantes que más tarde llegarán al doctorado no merece tener un buen salario."
Ante un escenario de crisis, manifestó, "veo una autoridad educativa que ya no está en el aula, y un apresuramiento en aplicar reformas curriculares que no necesariamente se traducen en cambios en el trabajo docente. Ojalá la autoridad fuera más humilde y limitara la búsqueda de la eficiencia para tratar de consolidar un modelo de calidad, con una evaluación más orientada a los procesos educativos y, por tanto, más diversificada y con capacidad de reconocer singularidades".
El Ceneval, ¿órgano constitucional de evaluación?
Hugo Aboites*
Sábado 7 de marzo de 2009
La Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo tercero constitucional, pero algunos cambios son cuestionables. Queda en la ambigüedad la gratuidad de la educación y además posibilita el respaldo legal del más alto nivel a la creciente privatización de la evaluación de la educación.
El texto, ahora sujeto a la aprobación del Senado, habla con apariencia inocua, de garantizar que [la] educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el México de hoy, evaluar masivamente, con la sola excepción de la prueba Enlace, significa una actividad privada y comercial. Por ejemplo, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) se ha convertido en el gran monopolio privado de medición de la educación postsecundaria, pues cada año decide el acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación media superior, superior y al posgrado (pruebas Exani-I, Exani II, Exani-III). Además evalúa a los estudiantes a media carrera (EXIL) y clasifica a quienes terminan sus estudios profesionales (EGEL).
Aprovechando la necesidad de educación de las familias mexicanas, en tres lustros este centro ha evaluado a cerca de 25 millones, que se traducen en 3 mil millones de pesos, incluyendo la mina que significa el examen único que se aplica en el valle de México.
Desde el 2000 el Ceneval evalúa y decide quiénes pueden obtener un título de bachillerato o profesional (aunque no hayan cursado o concluido sus estudios), con base en un procedimiento light de evaluación, de apenas tres días no consecutivos (y el pago de varios miles de pesos).
El Ceneval (1994) fue sólo el pionero. Luego (2000) vino una nube de comités y agencias privadas autorizadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) para evaluar universidades y valorar (acreditar) sus 13 mil 400 programas de estudios profesionales en un esquema monopólico, pues sólo se autoriza una agencia por cada carrera. Las acreditaciones, prácticamente obligatorias, deben repetirse cada cinco años y en el 2000 ya tenían un costo de 100 mil pesos cada una.
Siguiendo esta misma tendencia, la Alianza por la Calidad de la Educación plantea que la certificación de los maestros de educación básica quede en manos de agencias certificadoras (privadas). Evaluar periódicamente a más de un millón de maestros es otro enorme y generoso mercado cautivo. Esta es, pues, la evaluación real que con la ambigua redacción propuesta se elevaría a rango constitucional. Y significaría dar un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial y, además, patentemente ineficiente, pues en todos estos años, esta próspera industria de la evaluación no ha podido generar una dinámica sostenida y generalizada de mejoramiento de la educación.
Significaría, también, no sólo volver legal lo que hasta ahora no está siquiera contemplado en la Ley General de Educación sino, más grave aún, avalar a nivel constitucional el que el Estado ceda o deposite en grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Ni siquiera sería ya el neoliberal Estado evaluador, sino un mero testigo de la acción de los particulares, el Estado testimonial.
En lugar de la evaluación privada y comercial que se define por la vía de los hechos, en este punto parece necesario que la Constitución retome su carácter de proyecto de nación y no de simple sancionadora de la acción arbitraria. El artículo tercero no habla de educación y deja luego su significado a la libre interpretación de los hechos, sino que abundantemente define cómo debe ser ésta (democrática, laica, gratuita, solidaria, derecho de todos…). De ahí que la evaluación, este componente clave del proceso educativo y esencial para su mejoramiento, como también la gratuidad, no pueden quedar al arbitrio de la interpretación factual que se ha construido en estos años, o alguna otra que se construya en el futuro.
Por eso, cabe perfectamente señalar desde ahora que evaluar es una función de Estado, pública y participativa. De ahí que es urgente que el Senado abra una pausa de reflexión responsable, abierta y pública sobre este tema. No debe repetirse el albazo de los diputados. La educación es fundamental –incluso más que el petróleo– para la posibilidad de futuro de un país realmente de todos.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Sábado 7 de marzo de 2009
La Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo tercero constitucional, pero algunos cambios son cuestionables. Queda en la ambigüedad la gratuidad de la educación y además posibilita el respaldo legal del más alto nivel a la creciente privatización de la evaluación de la educación.
El texto, ahora sujeto a la aprobación del Senado, habla con apariencia inocua, de garantizar que [la] educación se imparta y evalúe con calidad, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el México de hoy, evaluar masivamente, con la sola excepción de la prueba Enlace, significa una actividad privada y comercial. Por ejemplo, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) se ha convertido en el gran monopolio privado de medición de la educación postsecundaria, pues cada año decide el acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación media superior, superior y al posgrado (pruebas Exani-I, Exani II, Exani-III). Además evalúa a los estudiantes a media carrera (EXIL) y clasifica a quienes terminan sus estudios profesionales (EGEL).
Aprovechando la necesidad de educación de las familias mexicanas, en tres lustros este centro ha evaluado a cerca de 25 millones, que se traducen en 3 mil millones de pesos, incluyendo la mina que significa el examen único que se aplica en el valle de México.
Desde el 2000 el Ceneval evalúa y decide quiénes pueden obtener un título de bachillerato o profesional (aunque no hayan cursado o concluido sus estudios), con base en un procedimiento light de evaluación, de apenas tres días no consecutivos (y el pago de varios miles de pesos).
El Ceneval (1994) fue sólo el pionero. Luego (2000) vino una nube de comités y agencias privadas autorizadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) para evaluar universidades y valorar (acreditar) sus 13 mil 400 programas de estudios profesionales en un esquema monopólico, pues sólo se autoriza una agencia por cada carrera. Las acreditaciones, prácticamente obligatorias, deben repetirse cada cinco años y en el 2000 ya tenían un costo de 100 mil pesos cada una.
Siguiendo esta misma tendencia, la Alianza por la Calidad de la Educación plantea que la certificación de los maestros de educación básica quede en manos de agencias certificadoras (privadas). Evaluar periódicamente a más de un millón de maestros es otro enorme y generoso mercado cautivo. Esta es, pues, la evaluación real que con la ambigua redacción propuesta se elevaría a rango constitucional. Y significaría dar un respaldo constitucional a la evaluación privada y comercial y, además, patentemente ineficiente, pues en todos estos años, esta próspera industria de la evaluación no ha podido generar una dinámica sostenida y generalizada de mejoramiento de la educación.
Significaría, también, no sólo volver legal lo que hasta ahora no está siquiera contemplado en la Ley General de Educación sino, más grave aún, avalar a nivel constitucional el que el Estado ceda o deposite en grupos particulares el cuidado y la responsabilidad de la calidad de la educación. Ni siquiera sería ya el neoliberal Estado evaluador, sino un mero testigo de la acción de los particulares, el Estado testimonial.
En lugar de la evaluación privada y comercial que se define por la vía de los hechos, en este punto parece necesario que la Constitución retome su carácter de proyecto de nación y no de simple sancionadora de la acción arbitraria. El artículo tercero no habla de educación y deja luego su significado a la libre interpretación de los hechos, sino que abundantemente define cómo debe ser ésta (democrática, laica, gratuita, solidaria, derecho de todos…). De ahí que la evaluación, este componente clave del proceso educativo y esencial para su mejoramiento, como también la gratuidad, no pueden quedar al arbitrio de la interpretación factual que se ha construido en estos años, o alguna otra que se construya en el futuro.
Por eso, cabe perfectamente señalar desde ahora que evaluar es una función de Estado, pública y participativa. De ahí que es urgente que el Senado abra una pausa de reflexión responsable, abierta y pública sobre este tema. No debe repetirse el albazo de los diputados. La educación es fundamental –incluso más que el petróleo– para la posibilidad de futuro de un país realmente de todos.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Calderón entrega maíz a monopolios
DF, México — Este 6 de marzo, Felipe Calderón permitió oficialmente las siembras experimentales de transgénicos en México, al violar la ley ambiental y pasar por alto la opinión pública y científica; Greenpeace rechaza enérgicamente esta acción que va en contra de nuestra soberanía alimentaria
El Ejecutivo eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz, ignorando la opinión pública, de científicos y la existencia de experiencias negativas en otras naciones.
Violando la ley para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en México, el presidente Felipe Calderón eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de este grano tan importante para los mexicanos.
El anuncio se hizo hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
En el Decreto se deroga el artículo transitorio del Reglamento de la LBOGM, el cual ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, con el fin de preservar las variedades de maíz existentes en todo el país y establecer claramente los centros de origen y diversidad de este grano; y en su lugar se implemento el artículo 73, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico y de comunicación que aparecerá dentro de la página web del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en decir, sólo será una página de consulta pública de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
“La eliminación del Régimen, violando el artículo 2 fracción II de la LBOGM, deja sin carácter obligatorio la implementación de medidas de prevención, remediación y contención de la actual contaminación de maíz transgénico en cultivos de maíz convencional detectados en territorio mexicano (1), lo cual, además de evidenciar la complicidad de las autoridades federales con las empresas que han contaminado nuestro campo mexicano, demuestra la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al medio ambiente de variedades de maíz transgénicas”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable de Greenpeace México.
En el decreto se establece que las secretarías de Agricultura, y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales serán las encargadas de establecer las medidas de bioseguridad caso por caso, para evitar la mezcla de variedades de maíz, así como definir las zonas donde se puede realizar la siembra sin ningún riesgo para las especies nativas. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de contaminación de maíz transgénico en México, en el estado de Oaxaca, en 2001 y hasta esta fecha, ambas dependencias han sido incapaces de establecer medidas de control para evitar más casos de contaminación. Por ello, resulta absurdo e irresponsable que sean estas dependencias sean las que determinen las medidas de bioseguridad con sus propios criterios.
Al eliminar el Régimen de Protección Especial al Maíz, el gobierno federal ignoró:
- la necesidad de una Manifestación de Impacto Regulatorio y evadió la consulta pública obligatoria en la que, en aras de llevar un proceso transparente, deben ser tomados en cuenta diferentes comentarios de la sociedad en general, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA 69-J).
- las 16 mil 139 peticiones de mexicanos que desde abril de 2008 exigieron a la Sagarpa y al Jefe del Ejecutivo que protegieran el maíz y evitaran que empresas extranjeras conviertieran el cultivo de este importante grano en un monopolio en manos de extranjeros.
- las recomendaciones de científicos mexicanos que alertaron sobre el riesgo de contaminación de los centros de origen del maíz en nuestro país.
- la existencia de una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente y que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México sin contar con un marco de bioseguridad en todo el territorio nacional.
el mensaje de la reunión sobre compensación y seguridad del Protocolo de Cartagena de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha determinado cómo deben de hacerse responsables quienes contaminan con transgénicos los cultivos tradicionales en un país.
La necesidad de determinar cuáles son los centros de origen y diversidad genética a que hacen referencia los artículos 86 y 87 de la LBOGM; así como la expedición de las normas oficiales mexicanas mandatadas por la esta misma ley.
Además, las supuestas medidas de protección presentadas en la modificación al Reglamento no contemplan la implementación de un mecanismo de biomonitoreo que descarte la extensión de la contaminación transgénica actual.
“La violación a la Ley de Bioseguridad habla de un intento desesperado de las autoridades mexicanas por cumplir con las exigencias de la industria biotecnológica para liberar su maíz transgénico en el centro de origen del maíz. Las autoridades han caído en el chantaje de las empresas transnacionales, como Monsanto, que amenazan con no invertir 200 millones de dólares en investigación del uso de su biotecnología en nuestro país, cuando ni duplicando esa suma se podrá reparar el grave daño a la humanidad por permitir la contaminación de nuestro maíz. A la fecha, el gobierno mexicano carece de información para determinar cuántas variedades transgénicas están contaminando el campo mexicano, eso debería ser más importante para el gobierno federal”, denunció Lara.
Actualmente, la industria agrobiotecnológica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales, las cuales están prohibidas en el artículo 67 del Decreto de reforma del régimen de la LBOGM. En cualquier momento estos maíces podrían llegar a la cadena alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas, el cual sigue sin contemplarse dentro de la modificación al régimen de la LBOGM.
“La intención de autorizar siembras experimentales en el país no es acumular datos y evaluaciones científicas, sino acelerar el proceso de comercialización de maíz transgénico de las empresas extranjeras a pesar de los daños e incertidumbres que éste plantea. Actualmente se cuenta con investigaciones serias de científicos independientes a la industria agrobiotecnológica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, los cuales han ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de Monsanto. El propio reglamento de la LBOGM mandata considerar dichas experiencias en su artículo 16 fracción V (2)”, declaró Lara.
Greenpeace exige al gobierno de Felipe Calderón que cumpla la ley y proteja nuestro maíz, el alimento básico para los mexicanos. Es preciso que se prohibía la liberación al medio ambiente de maíz transgénico en nuestro país y que se tomen medidas de contención y prevención ante la alarma de casos de contaminación con variedades transgénicas en cultivos convencionales. México debe defender la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos.
— Greenpeace México
Notas:
1. Desde 2001 se han registrado en México otros casos de contaminación con maíz transgénico, en estados como Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México (delegaciones Magdalena Contreras y Milpa Alta), Sinaloa, Veracruz y el más reciente, en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua.
2. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_leyes/Reglamento_LBOGM.pdf
Más información con: - Raúl Estrada, coordinador de prensa, en los tels. 04555-4084-5326 y 01 55 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@greenpeace.org
Firma ahora: ¡Transgénicos... ni maiz!
Hay muchas formas en que puedes participar con Greenpeace; únete a nuestra causa y colabora con nosotros
Fuente: http://www.greenpeace.org
El Ejecutivo eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz, ignorando la opinión pública, de científicos y la existencia de experiencias negativas en otras naciones.
Violando la ley para permitir las siembras experimentales de maíz transgénico en México, el presidente Felipe Calderón eliminó el Régimen de Protección Especial al Maíz relegándolo a un instrumento de carácter no jurídico y por tanto, no obligatorio para proteger las variedades de este grano tan importante para los mexicanos.
El anuncio se hizo hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por medio de un Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).
En el Decreto se deroga el artículo transitorio del Reglamento de la LBOGM, el cual ordenaba la publicación de un Régimen de Protección Especial al Maíz, con el fin de preservar las variedades de maíz existentes en todo el país y establecer claramente los centros de origen y diversidad de este grano; y en su lugar se implemento el artículo 73, en el que se relega la acción del Régimen a un instrumento no jurídico y de comunicación que aparecerá dentro de la página web del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en decir, sólo será una página de consulta pública de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
“La eliminación del Régimen, violando el artículo 2 fracción II de la LBOGM, deja sin carácter obligatorio la implementación de medidas de prevención, remediación y contención de la actual contaminación de maíz transgénico en cultivos de maíz convencional detectados en territorio mexicano (1), lo cual, además de evidenciar la complicidad de las autoridades federales con las empresas que han contaminado nuestro campo mexicano, demuestra la incapacidad de las autoridades para hacer frente a la liberación al medio ambiente de variedades de maíz transgénicas”, explicó Aleira Lara, coordinadora de la campaña de Agricultura sustentable de Greenpeace México.
En el decreto se establece que las secretarías de Agricultura, y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales serán las encargadas de establecer las medidas de bioseguridad caso por caso, para evitar la mezcla de variedades de maíz, así como definir las zonas donde se puede realizar la siembra sin ningún riesgo para las especies nativas. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de contaminación de maíz transgénico en México, en el estado de Oaxaca, en 2001 y hasta esta fecha, ambas dependencias han sido incapaces de establecer medidas de control para evitar más casos de contaminación. Por ello, resulta absurdo e irresponsable que sean estas dependencias sean las que determinen las medidas de bioseguridad con sus propios criterios.
Al eliminar el Régimen de Protección Especial al Maíz, el gobierno federal ignoró:
- la necesidad de una Manifestación de Impacto Regulatorio y evadió la consulta pública obligatoria en la que, en aras de llevar un proceso transparente, deben ser tomados en cuenta diferentes comentarios de la sociedad en general, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA 69-J).
- las 16 mil 139 peticiones de mexicanos que desde abril de 2008 exigieron a la Sagarpa y al Jefe del Ejecutivo que protegieran el maíz y evitaran que empresas extranjeras conviertieran el cultivo de este importante grano en un monopolio en manos de extranjeros.
- las recomendaciones de científicos mexicanos que alertaron sobre el riesgo de contaminación de los centros de origen del maíz en nuestro país.
- la existencia de una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados vigente y que prohíbe la siembra de maíz transgénico en México sin contar con un marco de bioseguridad en todo el territorio nacional.
el mensaje de la reunión sobre compensación y seguridad del Protocolo de Cartagena de Organismos Genéticamente Modificados, que no ha determinado cómo deben de hacerse responsables quienes contaminan con transgénicos los cultivos tradicionales en un país.
La necesidad de determinar cuáles son los centros de origen y diversidad genética a que hacen referencia los artículos 86 y 87 de la LBOGM; así como la expedición de las normas oficiales mexicanas mandatadas por la esta misma ley.
Además, las supuestas medidas de protección presentadas en la modificación al Reglamento no contemplan la implementación de un mecanismo de biomonitoreo que descarte la extensión de la contaminación transgénica actual.
“La violación a la Ley de Bioseguridad habla de un intento desesperado de las autoridades mexicanas por cumplir con las exigencias de la industria biotecnológica para liberar su maíz transgénico en el centro de origen del maíz. Las autoridades han caído en el chantaje de las empresas transnacionales, como Monsanto, que amenazan con no invertir 200 millones de dólares en investigación del uso de su biotecnología en nuestro país, cuando ni duplicando esa suma se podrá reparar el grave daño a la humanidad por permitir la contaminación de nuestro maíz. A la fecha, el gobierno mexicano carece de información para determinar cuántas variedades transgénicas están contaminando el campo mexicano, eso debería ser más importante para el gobierno federal”, denunció Lara.
Actualmente, la industria agrobiotecnológica ha creado variedades de maíz transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales, las cuales están prohibidas en el artículo 67 del Decreto de reforma del régimen de la LBOGM. En cualquier momento estos maíces podrían llegar a la cadena alimenticia debido a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas, el cual sigue sin contemplarse dentro de la modificación al régimen de la LBOGM.
“La intención de autorizar siembras experimentales en el país no es acumular datos y evaluaciones científicas, sino acelerar el proceso de comercialización de maíz transgénico de las empresas extranjeras a pesar de los daños e incertidumbres que éste plantea. Actualmente se cuenta con investigaciones serias de científicos independientes a la industria agrobiotecnológica que demuestran los impactos negativos al medio ambiente y la salud humana, los cuales han ocasionado que países como Francia, Grecia, Hungría y Austria impusieran moratoria a la liberación de maíz transgénico de Monsanto. El propio reglamento de la LBOGM mandata considerar dichas experiencias en su artículo 16 fracción V (2)”, declaró Lara.
Greenpeace exige al gobierno de Felipe Calderón que cumpla la ley y proteja nuestro maíz, el alimento básico para los mexicanos. Es preciso que se prohibía la liberación al medio ambiente de maíz transgénico en nuestro país y que se tomen medidas de contención y prevención ante la alarma de casos de contaminación con variedades transgénicas en cultivos convencionales. México debe defender la biodiversidad, la seguridad y soberanía alimentaria de los mexicanos.
— Greenpeace México
Notas:
1. Desde 2001 se han registrado en México otros casos de contaminación con maíz transgénico, en estados como Oaxaca, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México (delegaciones Magdalena Contreras y Milpa Alta), Sinaloa, Veracruz y el más reciente, en el Valle de Cuauhtémoc, Chihuahua.
2. Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. http://www.cibiogem.gob.mx/Norm_leyes/Reglamento_LBOGM.pdf
Más información con: - Raúl Estrada, coordinador de prensa, en los tels. 04555-4084-5326 y 01 55 5687 9595 ext. 120, email: raul.estrada@greenpeace.org
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Fuente: http://www.greenpeace.org
¿Son tan buenos los trasgénicos como sus dueños?
Documental: El Mundo Según Monsanto (The World According to Monsanto)
Este documental muestra la historia del principal fabricante de organismos genéticamente modificados (OGM), cuyos granos de soya, maíz y algodón se propagan por el mundo pese a las alertas ecologistas. La directora, la francesa Marie-Monique Robin, centró su película en la empresa estadounidense, que en más de un siglo de existencia fue fabricante del PCB (piraleno), del agente naranja usado como herbicida en la guerra de Vietnam y de hormonas de incremento de la producción láctea prohibidas en Europa. El documental señala los peligros resultantes del crecimiento exponencial de los cultivos de transgénicos, que en 2007 cubrían 100 millones de hectáreas, con propiedades genéticas patentadas en un 90% por Monsanto
La narcoguerra /Parte I
- Pobreza y corrupción, en la base del éxito del cártel del Golfo
- La banda subsidia 43% de los procesos productivos de la zona, señalan datos de inteligencia
- La caída de la calidad de vida en el área incluye que niños admiren la conducta de hampones
Un padre retorna con sus hijos a casa, el 17 de febrero pasado, cuando se enfrentaron autoridades y sicarios del bando de Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, en Reynosa, Tamaulipas, cerca de la primaria Felipe Carrillo Puerto, donde estudian estos pequeñosFoto Ap
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viernes, 6 de marzo de 2009
Videos: Bitácora M. y Encuentro del 1 de marzo.
Bitácora Mexicana del 1 de marzo de 2009.
Tema: El desafío de las televisoras.
Invitados: Eduardo R. Huchim, Javier Corral Jurado y Jenaro Villamil.
Encuentro del 1 de marzo de 2009.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre el sueldo de los consejeros del IFE, la crisis en Chihuahua y la anomia en México.
Tema: El desafío de las televisoras.
Invitados: Eduardo R. Huchim, Javier Corral Jurado y Jenaro Villamil.
Encuentro del 1 de marzo de 2009.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre el sueldo de los consejeros del IFE, la crisis en Chihuahua y la anomia en México.
miércoles, 4 de marzo de 2009
martes, 3 de marzo de 2009
Del correo-e
A LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES DEL IPN Y PUEBLO DE MEXICO.
HOMENAJE EN EL IPN
Como parte de la jornada de protesta continental.
A un año de la masacre a los compañeros estudiantes, queremos invitarlos a la UPIICSA, para que nos acompañen en el homenaje a nuestro compañero Soren Ulises Aviles Angeles, que tendra lugar el 4 de marzo del 2004, a partir de las 14hrs con la proyeccion del documental de "luto visten los Heroes" y la conferencia a las 16:00 hrs con los padres y familiares de los compañeros, en el Lobby de edificio de culturales.
Esperamos contar con su presencia
HOMENAJE EN EL IPN
Como parte de la jornada de protesta continental.
A un año de la masacre a los compañeros estudiantes, queremos invitarlos a la UPIICSA, para que nos acompañen en el homenaje a nuestro compañero Soren Ulises Aviles Angeles, que tendra lugar el 4 de marzo del 2004, a partir de las 14hrs con la proyeccion del documental de "luto visten los Heroes" y la conferencia a las 16:00 hrs con los padres y familiares de los compañeros, en el Lobby de edificio de culturales.
Esperamos contar con su presencia
Atte.
Colectivo Cretzalcoatl
Asociacion de Padres de Familia
Egresados de UPIICSA
Colectivo Cretzalcoatl
Asociacion de Padres de Familia
Egresados de UPIICSA
Cae Luis Téllez
LA REDACCIÓN
México, D.F., 3 de marzo (apro).- Luis Téllez dejó hoy de ser el secretario de Comunicaciones y Transportes y en su lugar llega Juan Molinar Horcasitas, quien era el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El anuncio oficial del cambio se dará a conocer a las 13:45 horas en Los Pinos.
Luis Téllez fungió como vocero del gobierno cuando se supo de la muerte de Juan Camilo Mouriño, quien fuera secretario de Gobernación.
El funcionario, a nombre de la administración federal, mantuvo la versión de que el fallecimiento de Mouriño se debió a un accidente causado por alta turbulencia y rechazó la hipótesis que apuntaba a un atentado emprendido por el crimen organizado.
Meses después, en los primeros días de febrero se filtraron a la prensa una serie de grabaciones en que Téllez acusaba al expresidente Carlos Salinas de haberse robado "la mitad" del dinero de la partida secreta creada durante su sexenio.
El 12 de febrero, el diario cibernético Reporte Índigo y el periódico El Universal dieron a conocer otras ocho conversaciones enmarcadas en la disputa entre Televisa y Telmex por las concesiones del espacio electrónico. 
Cobija Calderón a Téllez y Vela; les inventa cargos
DANIEL LIZÁRRAGA
México, D.F., 3 de marzo (apro).- Luis Téllez y Sergio Vela renunciaron, respectivamente, a las titularidades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
A pesar de sus renuncias, ambos permanecerán en la administración federal; el presidente Felipe Calderón nombró a Téllez asesor de su despacho y anunció que Vela continuará trabajando en políticas culturales.
Calderón Hinojosa ofreció una rueda de prensa pasadas las 13:45 horas para anunciar los cambios. En su discurso jamás hizo mención a los escándalos que acompañaron a Téllez y Vela.
Quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes protagonizó ocho grabaciones telefónicas en las que reveló un atraco millonario del expresidente Carlos Salinas de Gortari y evidenció su parcialidad en el conflicto de la repartición de telecomunicaciones en México, al censurar abiertamente a la Cofetel.
De Vela se escribieron numerosos reportajes que dieron cuenta de su dispendio en viajes y viáticos durante el tiempo que duró en el cargo.
Para ambos, Calderón sólo tuvo palabras de agradecimiento. Incluso avaló el desempeño de los dos funcionarios y anunció que Vela "seguirá estando al frente de diversos proyectos culturales que serán anunciados en su oportunidad".
También hizo referencia al nuevo cargo de Téllez: "lo he invitado a ser asesor personal de la Presidencia en materia de políticas públicas".
A cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue nombrado el panista Juan Molinar. En el lugar que dejó vacante como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Calderón designó a Daniel Karam Toumeh, quien se desempeñaba como director del Seguro Popular.
El Conaculta quedará a cargo de Consuelo Sáizar Guerrero, directora general del Fondo de Cultura Económica.
lunes, 2 de marzo de 2009
Por defender indios
Francisco López Bárcenas.
Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos mixtecos defensores de derechos humanos, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en el estado de Guerrero, fatalmente ya no están entre nosotros. Los dos fueron secuestrados por personas desconocidas que se identificaron como policías en un acto público que se realizó el 13 de febrero pasado en la ciudad de Ayutla de los Libres. Lucas y Ponce habían sido invitados por la esposa de Raúl, Guadalupe Castro Morales, quien se desempeña como regidora de Asuntos Indígenas en ese municipio.
Siete días después, el viernes 20 de febrero, sus cuerpos sin vida y con evidentes huellas de tortura, aparecieron en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica. El cuerpo de Raúl Lucas mostraba lo que parecía un tiro de gracia y el de Manuel Ponce huellas de haber muerto a golpes.
Para ir ubicando la naturaleza del crimen es importante tener presente que fueron secuestrados en un lugar y en un acto público, donde se encontraba, junto con otros funcionarios, el director de Seguridad Pública del ayuntamiento, además de una comisión de regidores y alrededor de 35 invitados.
Importa también no olvidar que al principio del acto el lugar estuvo resguardado por cerca de 25 elementos de la policía municipal, y que a las 13:35 de la tarde el director de Seguridad Pública recibió una llamada telefónica y que en cuanto finalizó ordenó a los policías que se retiraran y él hizo lo mismo, quedando el escenario despejado para que los secuestradores entraran en acción libremente y se llevaran a sus víctimas por la fuerza. Media hora después, tiempo suficiente para alejarse, Guadalupe Castro Morales recibió la amenaza fatídica: "No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios"
La columna completa aquí
Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos mixtecos defensores de derechos humanos, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en el estado de Guerrero, fatalmente ya no están entre nosotros. Los dos fueron secuestrados por personas desconocidas que se identificaron como policías en un acto público que se realizó el 13 de febrero pasado en la ciudad de Ayutla de los Libres. Lucas y Ponce habían sido invitados por la esposa de Raúl, Guadalupe Castro Morales, quien se desempeña como regidora de Asuntos Indígenas en ese municipio.
Siete días después, el viernes 20 de febrero, sus cuerpos sin vida y con evidentes huellas de tortura, aparecieron en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica. El cuerpo de Raúl Lucas mostraba lo que parecía un tiro de gracia y el de Manuel Ponce huellas de haber muerto a golpes.
Para ir ubicando la naturaleza del crimen es importante tener presente que fueron secuestrados en un lugar y en un acto público, donde se encontraba, junto con otros funcionarios, el director de Seguridad Pública del ayuntamiento, además de una comisión de regidores y alrededor de 35 invitados.
Importa también no olvidar que al principio del acto el lugar estuvo resguardado por cerca de 25 elementos de la policía municipal, y que a las 13:35 de la tarde el director de Seguridad Pública recibió una llamada telefónica y que en cuanto finalizó ordenó a los policías que se retiraran y él hizo lo mismo, quedando el escenario despejado para que los secuestradores entraran en acción libremente y se llevaran a sus víctimas por la fuerza. Media hora después, tiempo suficiente para alejarse, Guadalupe Castro Morales recibió la amenaza fatídica: "No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios"
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México SA
- Guillermo Ortiz ayer y hoy
- Affaire Citigroup-Banamex
Carlos Fernández-Vega/La Jornada 2 de marzo de 2009.
Quién sabe por qué, pero cada que un banco sacude al país, a sus leyes, al gobierno y/o a las autoridades financieras (no se menciona a los mexicanos, puesto que además de pagar los platos rotos del capital financiero, permanentemente son sacudidos por los bancos), viene a la memoria la comparecencia, ante diputados, de un secretario de Hacienda (enero de 1995), que antes fue pieza fundamental en la reprivatización del sector financiero mexicano y, después, gobernador del Banco de México.
Son tan ilustrativas las palabras de Guillermo Ortiz, el funcionario descrito, que ante la "coyuntura" financiera que vive el país (como en las esferas del poder califican a la crisis permanente que, con altibajos, vive el país desde hace más de tres décadas), que ganan las ganas de volver a leerlas, en especial cuando se recuerda el más reciente brete (Banamex) en el que ese capital financiero ha metido al gobierno mexicano. Leamos, pues, lo expuesto por este personaje el 23 de enero 1995:
“Yo quisiera mencionar muy enfáticamente, que en estas iniciativas (de ley para reformar el sistema financiero) no se está proponiendo, desde luego, entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy en día la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional es de alrededor del 8 por ciento, con las autorizaciones que se les dieron recientemente a los bancos extranjeros para operar en nuestro país.
“En otros países de América Latina –como Chile, Argentina, Brasil–, en Canadá y en muchos de los países europeos, la participación de la banca extranjera en el mercado crediticio total es muy superior, es del orden del 20 al 30 por ciento. Nosotros pensamos que aún con esta facilidad que se le estaría dando a la banca extranjera para participar en la capitalización de los bancos mexicanos, estaríamos muy lejos de llegar a los porcentajes de participación y de penetración que hay en otros países; repito, creo que es fundamental y es, digamos, en el interés nacional de tener un sistema bancario sólido.
“¿Cómo evitar que el sistema financiero (mexicano) quede en manos de extranjeros? Creo que ésta es una pregunta importante y yo la respondería de dos maneras. La primera es que habría un compromiso específico (del gobierno) de que el sistema de pagos desde luego quede en manos de mexicanos. ¿Qué es el sistema de pagos? Un sistema de pagos es el conjunto, abarca el conjunto de transacciones más importantes que pasan por el sistema financiero del país. En el caso de México, pues obviamente son los bancos más grandes (Banamex y Bancomer) los que realizan la mayor parte de los pagos y de las compensaciones por las transacciones financieras, comerciales, productivas del país. Desde luego el sistema de pagos, éste es un compromiso, quedaría en manos de mexicanos.
“En segundo lugar lo que se pretende con esta iniciativa es que los extranjeros vengan a apoyar sobre todo a algunas instituciones pequeñas que están teniendo problemas y que justamente por esos problemas de capitalización no pueden atender a sus clientes, no pueden atender a la pequeña y mediana empresas y no pueden atender a los usuarios del crédito, tanto en la parte hipotecaria, como de tarjetas, como los bancos más grandes pueden atenderlos. Se trata de evitar que pudiera darse el caso que el sistema de pagos, que está constituido por los bancos más importantes del país, pudiera caer en manos de extranjeros… No se puede dar el caso de que indirectamente los extranjeros pudieran controlar un banco mexicano”.
Eso dijo Ortiz en nombre del gobierno mexicano y de ese tamaño el compromiso: 14 años después, 90 por ciento de la banca que opera en el país pertenece al capital financiero trasnacional; el sistema de pagos es controlado por capital extranjero y, por primera vez desde aquel discurso de 1995, un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, es el accionista mayoritario de uno de los dos mayores bancos del país, Banamex.
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Dinero
- Reprueban grandes empresas desempeño de Calderón
- "Gobierno ineficaz"
- ¿Puede usted declararse en quiebra?
Enrique Galván Ochoa/La Jornada 2 de marzo de 2009.
Las grandes empresas del país, la mayoría de las cuales saludó esperanzadamente a Felipe Calderón cuando se instaló en Los Pinos, dos años después califican de "ineficaz" a su gobierno y lo reprueban con 41 puntos (en la escala de 0 al 100), de acuerdo con la octava edición del Barómetro de Empresas, que trimestralmente realiza la consultora Deloitte, la cual sondeó la opinión de ejecutivos de 274 de las compañías más importantes localizadas en México, entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 2008. Cinco temas fueron focalizados: seguridad, disponibilidad de crédito, empleo, clima de inversiones y situación económica. El optimismo inicial se ha convertido en pesimismo y la frustración mancha de gris las expectativas que tenían para este sexenio. www.deloitte.com/dtt/leadership/0,1045,sid%3D138447,00.html
Producción, empleo, precios
En diciembre de 2008 el optimismo acerca de la situación general de las empresas llegó a su nivel más bajo desde que se elabora el Barómetro de Empresas (55 puntos en la escala 0-100). La opinión de los ejecutivos mostró que sólo 24.2% de las empresas esperaba elevar su producción en los 12 meses siguientes y apenas 13.9% contrataría más personal; estos porcentajes son menores que los obtenidos tres meses antes. Las expectativas en relación con los incrementos de los precios de sus bienes y servicios también cambiaron (en septiembre de 2008 50.2% de las empresas los subiría; ahora, únicamente lo haría el 46.2%.) Sólo 22.3 % de los ejecutivos consideraron que en un año la rentabilidad en sus empresas será mayor; tres meses antes, un número mucho mayor (42.7%) así lo consideraba.
La cúpula
Algunas de las empresas encuestadas por Deloitte, que aceptaron se dieran a conocer sus nombres, son: Accel, Actinver, Alfa Corporativo, Alimentos del Fuerte, Grupo Financiero Interacciones, Asociación Nacional de Concesionarios Volkswagen, Axtel, Banca Afirme, Banco del Bajío, Banco Invex, Banco Regional de Monterrey, Grupo Financiero Santander Serfin, Grupo Financiero Barclays México, Becton Dickinson, BMW, Casa de Cambio Tiber, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Cyvsa, Desarrolladora Homex, Desc Automotriz, Evenflo, Fomento Económico Mexicano, Alpura, Gas Natural México, Gigante, Grupo Bimbo, Grupo Cementos de Chihuahua, Grupo Jumex, Grupo México, Grupo Nacional Provincial, Grupo PI Mabe, Grupo Simec, Hershey, Hidrosina Plus, Hipotecaria Su Casita, Grupo Financiero HSBC, Jugos del Valle, MVS Televisión, No Sabe Fallar, Novartis Farmacéutica, Ópticas Devlyn, Panasonic, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Productora de Papel, Seguros Atlas, Semillas y Agroproductos Monsanto, Skandia, Smurfit Cartón y Papel, Toshiba, Toyota Motor Sales de México.
La columna completa aquí
viernes, 27 de febrero de 2009
Carmen Aristegui Noticias MVS 26 de febrero de 2009
Clic AQUI para descargarlo
Versión completa de 22Mb.
El conficto en la Miguel Hidalgo y la trata de personas en México entre otros temas.
Audio cortesía de AMLOTV.
jueves, 26 de febrero de 2009
Vivos se los llevaron...
Es una película difícil, pero también de mucho amor. No puede haber democracia en México si hay desaparecidos políticos. Espero que esta película nos concientice al respecto porque, lamentablemente, a veces padecemos una amnesia respecto de la historia.
Cecilia Serna, directora.
Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Les hacemos la más cordial invitación para que nos acompañen en la presentación de la película Vivos los llevaron; vivos los queremos, documental que narra la historia de familiares de desaparecidos políticos agrupados en el Comité Eureka! y su lucha por la presentación de los desaparecidos políticos en nuestro país; así como el testimonio de tres ex desaparecidos que hoy hablan desde la libertad.
Nos acompañarán Doña Rosario Ibarra de Piedra (Comité Eureka!); Cecilia Serna y Carlos Lenin Treviño (directora y realizador).
La presentación tendrá lugar el viernes 27 de febrero, a las 17:00 horas, en el salón Digna Ochoa y Plácido, de la CDHDF (Av. Chapultepec número 49, planta baja).
Les esperamos.
Frente Nacional Contra la Represión
Cecilia Serna, directora.
Estimadas compañeras, estimados compañeros:
Les hacemos la más cordial invitación para que nos acompañen en la presentación de la película Vivos los llevaron; vivos los queremos, documental que narra la historia de familiares de desaparecidos políticos agrupados en el Comité Eureka! y su lucha por la presentación de los desaparecidos políticos en nuestro país; así como el testimonio de tres ex desaparecidos que hoy hablan desde la libertad.
Nos acompañarán Doña Rosario Ibarra de Piedra (Comité Eureka!); Cecilia Serna y Carlos Lenin Treviño (directora y realizador).
La presentación tendrá lugar el viernes 27 de febrero, a las 17:00 horas, en el salón Digna Ochoa y Plácido, de la CDHDF (Av. Chapultepec número 49, planta baja).
Les esperamos.
Frente Nacional Contra la Represión
Noticias MVS 26 de febrero de 2009
Clic AQUI para descargarlo.
Versión completa de 24Mb.
Durante la ultima hora y media el análisis de Edgardo Buscaglia y Samuel González sobre el crimen organizado en México.
Audio cortesía de AMLOTV.
miércoles, 25 de febrero de 2009
Videos:
Bitácora Mexicana del 22 de febrero de 2009.
Tema: El Bicentenario.
Invitados: Patricia Galeana, Ana Lilia Cepeda y Alicia Mayer
Encuentro del 15 de febrero de 2009.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre el asesinato del Gral. Tello, las conductas criminales de Marcial Maciel y las confesiones de Fox.
Encuentro del 22 de febrero de 2009.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre las declaraciones de los secretarios de estado y la liberación anticipada del asesino del periodista Manuel Buendía
Tema: El Bicentenario.
Invitados: Patricia Galeana, Ana Lilia Cepeda y Alicia Mayer
Encuentro del 15 de febrero de 2009.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre el asesinato del Gral. Tello, las conductas criminales de Marcial Maciel y las confesiones de Fox.
Encuentro del 22 de febrero de 2009.
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa, José Antonio Crespo y Virgilio Caballero hablan sobre las declaraciones de los secretarios de estado y la liberación anticipada del asesino del periodista Manuel Buendía
martes, 24 de febrero de 2009
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