Juan Carlos Miranda
Periódico La Jornada
Martes 15 de marzo de 2011, p. 43
Si bien en México la educación continúa siendo un privilegio para la población de mayores ingresos, al país le bastarían 10 años de políticas públicas bien dirigidas para convertirse en una sociedad del conocimiento, entendida como aquella con capacidad para utilizar la ciencia en aras de su desarrollo, afirmó Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante su participación en la décima convención nacional de la Cámara Americana de Comercio en México, el también ex secretario de Salud explicó que lo anterior se traduciría en un país con mayor capacidad de innovación, más competitividad, una fuerza laboral de otra categoría y mejores posibilidades para todos.
A pesar del esfuerzo que se pueda haber hecho, la realidad es que la educación sigue siendo en nuestro país para los ricos. Esto es un problema grave, porque el fin último de la enseñanza es precisamente cerrar brechas. Un sistema educativo que no los está haciendo no está funcionando, enfatizó.
Explicó: Las puertas de entrada a la sociedad del conocimiento son la investigación en ciencia y tecnología y la innovación, que transforman el conocimiento en mejores bienes y servicios, muchos de los cuales son muy exitosos desde el punto de vista comercial y socialmente benéficos.
Comentó que la enseñanza superior juega un papel fundamental en dicho proceso, porque son las universidades las que fundamentalmente generan nuevos conocimientos.
El concepto de las instituciones más elitistas, más cerradas, ha evidenciado que no es el mejor para el tipo de desarrollo que queremos en los próximos años.
Señaló que, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en años recientes las sociedades más avanzadas han mostrado un incremento importante en el porcentaje de la población con acceso a la educación superior.
Detalló que mientras en países como Corea, Canadá, Irlanda y España tres de cada cuatro jóvenes llegan a tener acceso a la universidad, en América Latina y el Caribe apenas es uno de cada cinco. En México, abundó, el porcentaje es de 27 por ciento.
Ha habido países que en los últimos 30 años se dedicaron a educar y han tenido grandes avances. Pero ha habido otros en los que el esfuerzo realizado en ese sentido ha sido modesto y no hemos avanzado, por lo menos no como podríamos haberlo llevado a cabo.
martes, 22 de marzo de 2011
Sin plan de jubilación, el sistema de investigadores
Periódico La Jornada
Lunes 14 de marzo de 2011, p. 41
De los escasos jóvenes que obtienen un doctorado, apenas una tercera parte ingresa al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mientras la planta de científicos se pinta de canas, sin que hasta el momento se tenga siquiera un plan global de jubilación decorosa para los investigadores, apuntó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El envejecimiento de la plantilla de investigadores, su bajo crecimiento ante los requerimientos del país y la poca oferta de plazas para desarrollarse como científico profesional, explican la ineficiencia del sistema educativo nacional, lo que empeora cada año, advirtió el presidente de la AMC, Arturo Menchaca Rocha.
Estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) señalan que la edad promedio de los investigadores del nivel 3 se incrementa cada año, al grado de que aumentó de 59 años en 2004 a 62 años en 2009.
Menchaca Rocha aseguró que en este fenómeno existen dos causas fundamentales: una, la carencia de un programa de jubilación decorosa para la plantilla de científicos, y dos la falta crónica de plazas para investigadores.
Esto, mientras la mayoría de jóvenes doctores no obtienen un trabajo en México que les permita continuar activos en el terreno de la investigación.
De los pocos que ingresan al SIN, una fracción no despreciable abandona el sistema en poco tiempo por falta de productividad, lo que significa que la larga cadena de producción de doctores es ampliamente superior a la oferta de plazas de investigador, agregó.
Dicha circunstancia no es desconocida para los propios estudiantes y genera en ellos una retroalimentación negativa que los desanima a optar por un doctorado.
El físico nuclear destacó que la jubilación liberaría plazas, mismas que serían ocupadas por jóvenes investigadores, aunque un país como México, que desea progresar, debe contratar más investigadores de los que jubila.
En el país se hacen bien las cosas, pero se produce poco, y en el terreno de la producción de científicos; hay buenos, pero insuficientes, añadió.
Lunes 14 de marzo de 2011, p. 41
De los escasos jóvenes que obtienen un doctorado, apenas una tercera parte ingresa al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mientras la planta de científicos se pinta de canas, sin que hasta el momento se tenga siquiera un plan global de jubilación decorosa para los investigadores, apuntó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El envejecimiento de la plantilla de investigadores, su bajo crecimiento ante los requerimientos del país y la poca oferta de plazas para desarrollarse como científico profesional, explican la ineficiencia del sistema educativo nacional, lo que empeora cada año, advirtió el presidente de la AMC, Arturo Menchaca Rocha.
Estadísticas del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) señalan que la edad promedio de los investigadores del nivel 3 se incrementa cada año, al grado de que aumentó de 59 años en 2004 a 62 años en 2009.
Menchaca Rocha aseguró que en este fenómeno existen dos causas fundamentales: una, la carencia de un programa de jubilación decorosa para la plantilla de científicos, y dos la falta crónica de plazas para investigadores.
Esto, mientras la mayoría de jóvenes doctores no obtienen un trabajo en México que les permita continuar activos en el terreno de la investigación.
De los pocos que ingresan al SIN, una fracción no despreciable abandona el sistema en poco tiempo por falta de productividad, lo que significa que la larga cadena de producción de doctores es ampliamente superior a la oferta de plazas de investigador, agregó.
Dicha circunstancia no es desconocida para los propios estudiantes y genera en ellos una retroalimentación negativa que los desanima a optar por un doctorado.
El físico nuclear destacó que la jubilación liberaría plazas, mismas que serían ocupadas por jóvenes investigadores, aunque un país como México, que desea progresar, debe contratar más investigadores de los que jubila.
En el país se hacen bien las cosas, pero se produce poco, y en el terreno de la producción de científicos; hay buenos, pero insuficientes, añadió.
lunes, 21 de marzo de 2011
Siembra de maíz transgénico pone en riesgo seguridad alimentaria del país: científicos
La comida mexicana, cuya base es el maíz, fue decretada el año pasado patrimonio inmaterial de la humanidad, recordó experto del INIFAP.Foto: Reuters
Angélica Enciso y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 40
En Tamaulipas, donde las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente autorizaron la primera prueba piloto de cultivo de maíz transgénico a Monsanto, se localiza 12 por ciento de las 59 razas nativas registradas en México, cuya contaminación por el flujo de genes de ese grano modificado no se descarta. Con esto no sólo se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, sino también su riqueza cultural, advirtieron integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
Los grandes productores del norte del país, agrupados en la Red de Asociaciones Agrícolas del Norte de México, expresaron molestia porque consideraron que el proceso para que en México se realice el cultivo de maíz transgénico es lento. Exigieron al gobierno federal que ponga fin a la lentitud, la burocracia, la mala fe y a las medidas que carecen de sentido común y autorice, lo antes posible, los permisos para realizar las pruebas piloto de siembra de maíz transgénico en extensiones reales de terreno en las que se pueda medir con exactitud los beneficios económicos de la biotecnología en el campo nacional, y así pasar a la fase de comercialización.
En conferencia de prensa la UCCS reveló que en los estados del norte del país, donde empresas trasnacionales como Monsanto pidieron permisos para realizar pruebas experimentales, existen entre siete y 16 razas criollas, según datos confirmados por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Antonio Serratos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recordó la experiencia del algodón transgénico, que comenzó a cultivarse en 1995 en Baja California en fase piloto en media hectárea, y hoy ocupa una extensión de 100 mil hectáreas todavía en fase de experimentación, lo cual en la práctica es una fase precomercial.
La bióloga Alma Pineyro explicó que la raza tuxpeño –una de las 16 que se encuentran en Tamaulipas– se cultiva cerca del predio en el que Monsanto pretende hacer la prueba piloto. Esa variedad, explicó, es fundamental para el desarrollo de híbridos y es una de las que generan mayor producción de maíz.
Antonio Turrent, experto del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), recordó que el año pasado la comida mexicana, cuya base es el maíz, fue decretada patrimonio inmaterial de la humanidad, y advirtió que, con esta autorización el gobierno federal no sólo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino nuestra manera de vivir.
Por su parte, Serratos agregó que con este permiso se pone en riesgo la cuna de la diversidad de maíz, para beneficiar a unos cuantos productores que tienen superficies de 50 hectáreas en promedio.
Ignorancia y presión
También en conferencia de prensa, integrantes del Consejo Nacional Agropecuario y otras agrupaciones dijeron que en la demora de la aprobación de los permisos ha incidido la ignorancia de ciertos funcionarios y la presión que ejercen grandes compañías productoras de agroquímicos, que perderían millones ante la siembra de semillas resistentes a plagas.
Jorge López Martínez, vicepresidente de asuntos hidráulicos del CNA, señaló que existe molestia entre los productores del norte del país por la siembra piloto autorizada en Tamaulipas, pues, además de darse a destiempo en relación con la siembra normal, por ser sólo un cuarto de hectárea, no permite valorar los beneficios de esta tecnología.
Mortimer Cabrera, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, aseveró que haber sembrado ese cuarto de hectárea es como querer probar un carro de carreras en tu cochera y dijo que al no dar luz verde a estas siembras, algunas secretarías están haciendo quedar mal la palabra del presidente Calderón, quien aseguró que se utilizarían estas tecnologías.
- Productores del norte demandan al gobierno federal agilizar permisos para estos cultivos
- Temen que prueba piloto de Monsanto contamine razas nativas del grano cultivadas muy cerca de ahí
- Debe realizarse en terrenos donde se puedan medir con exactitud sus beneficios económicos, señalan
Angélica Enciso y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 40
En Tamaulipas, donde las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente autorizaron la primera prueba piloto de cultivo de maíz transgénico a Monsanto, se localiza 12 por ciento de las 59 razas nativas registradas en México, cuya contaminación por el flujo de genes de ese grano modificado no se descarta. Con esto no sólo se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, sino también su riqueza cultural, advirtieron integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
Los grandes productores del norte del país, agrupados en la Red de Asociaciones Agrícolas del Norte de México, expresaron molestia porque consideraron que el proceso para que en México se realice el cultivo de maíz transgénico es lento. Exigieron al gobierno federal que ponga fin a la lentitud, la burocracia, la mala fe y a las medidas que carecen de sentido común y autorice, lo antes posible, los permisos para realizar las pruebas piloto de siembra de maíz transgénico en extensiones reales de terreno en las que se pueda medir con exactitud los beneficios económicos de la biotecnología en el campo nacional, y así pasar a la fase de comercialización.
En conferencia de prensa la UCCS reveló que en los estados del norte del país, donde empresas trasnacionales como Monsanto pidieron permisos para realizar pruebas experimentales, existen entre siete y 16 razas criollas, según datos confirmados por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), organismo dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Antonio Serratos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, recordó la experiencia del algodón transgénico, que comenzó a cultivarse en 1995 en Baja California en fase piloto en media hectárea, y hoy ocupa una extensión de 100 mil hectáreas todavía en fase de experimentación, lo cual en la práctica es una fase precomercial.
La bióloga Alma Pineyro explicó que la raza tuxpeño –una de las 16 que se encuentran en Tamaulipas– se cultiva cerca del predio en el que Monsanto pretende hacer la prueba piloto. Esa variedad, explicó, es fundamental para el desarrollo de híbridos y es una de las que generan mayor producción de maíz.
Antonio Turrent, experto del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), recordó que el año pasado la comida mexicana, cuya base es el maíz, fue decretada patrimonio inmaterial de la humanidad, y advirtió que, con esta autorización el gobierno federal no sólo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino nuestra manera de vivir.
Por su parte, Serratos agregó que con este permiso se pone en riesgo la cuna de la diversidad de maíz, para beneficiar a unos cuantos productores que tienen superficies de 50 hectáreas en promedio.
Ignorancia y presión
También en conferencia de prensa, integrantes del Consejo Nacional Agropecuario y otras agrupaciones dijeron que en la demora de la aprobación de los permisos ha incidido la ignorancia de ciertos funcionarios y la presión que ejercen grandes compañías productoras de agroquímicos, que perderían millones ante la siembra de semillas resistentes a plagas.
Jorge López Martínez, vicepresidente de asuntos hidráulicos del CNA, señaló que existe molestia entre los productores del norte del país por la siembra piloto autorizada en Tamaulipas, pues, además de darse a destiempo en relación con la siembra normal, por ser sólo un cuarto de hectárea, no permite valorar los beneficios de esta tecnología.
Mortimer Cabrera, de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, aseveró que haber sembrado ese cuarto de hectárea es como querer probar un carro de carreras en tu cochera y dijo que al no dar luz verde a estas siembras, algunas secretarías están haciendo quedar mal la palabra del presidente Calderón, quien aseguró que se utilizarían estas tecnologías.
domingo, 20 de marzo de 2011
Confían mexicanos en la suerte y la fe, pero tienen recelo de la ciencia: AMC
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2011, p. 32
Programas de divulgación y difusión del conocimiento son herramientas indispensables para atacar la ignorancia generada por las fallas estructurales del sistema educativo mexicano, indicó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El organismo sostuvo que con éstas se puede combatir la inopia científica exhibida recientemente en la más reciente (2009) Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México –realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, que reflejó que casi 84 por ciento de los mexicanos confían demasiado en la fe y poco o nada en la ciencia.
Los datos del estudio –dados a conocer a principios de este año– indicaron además que más de la mitad de los encuestados (57.5 por ciento) considera que, debido a sus conocimientos, los científicos tienen un poder que los hacer peligrosos para el país.
Otros indicadores de la encuesta mostraron que muchos mexicanos confían en las limpias, creen en los números de la suerte y consideran que algunas personas tienen poderes síquicos.
Al respecto, miembros de la AMC han lamentado en reiteradas ocasiones que los ciudadanos crean más en la suerte o la religión que en hechos científicos.
La AMC resaltó que desde hace más de 50 años toma acciones concretas para difundir el conocimiento. En un comunicado, el organismo informó que uno de esos programas es Domingos en la Ciencia, que desde hace 28 años tiene por objetivo difundir, de manera divertida y amena, temas científicos entre la niñez y la juventud de nuestro país.
En estas casi tres décadas, la AMC ha impartido más de 7 mil conferencias en 16 diferentes áreas. Todas ellas encaminadas a que niños y jóvenes puedan vivir una experiencia relacionada con el desarrollo científico.
Se trata de uno de los programas pioneros de la AMC que actualmente se realiza en 29 sedes en la República, mediante la difusión de la cultura, sobre todo niños, quienes interactúan con investigadores que transmiten de manera divertida el conocimiento que requiere el país.
Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2011, p. 32
Programas de divulgación y difusión del conocimiento son herramientas indispensables para atacar la ignorancia generada por las fallas estructurales del sistema educativo mexicano, indicó la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El organismo sostuvo que con éstas se puede combatir la inopia científica exhibida recientemente en la más reciente (2009) Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México –realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, que reflejó que casi 84 por ciento de los mexicanos confían demasiado en la fe y poco o nada en la ciencia.
Los datos del estudio –dados a conocer a principios de este año– indicaron además que más de la mitad de los encuestados (57.5 por ciento) considera que, debido a sus conocimientos, los científicos tienen un poder que los hacer peligrosos para el país.
Otros indicadores de la encuesta mostraron que muchos mexicanos confían en las limpias, creen en los números de la suerte y consideran que algunas personas tienen poderes síquicos.
Al respecto, miembros de la AMC han lamentado en reiteradas ocasiones que los ciudadanos crean más en la suerte o la religión que en hechos científicos.
La AMC resaltó que desde hace más de 50 años toma acciones concretas para difundir el conocimiento. En un comunicado, el organismo informó que uno de esos programas es Domingos en la Ciencia, que desde hace 28 años tiene por objetivo difundir, de manera divertida y amena, temas científicos entre la niñez y la juventud de nuestro país.
En estas casi tres décadas, la AMC ha impartido más de 7 mil conferencias en 16 diferentes áreas. Todas ellas encaminadas a que niños y jóvenes puedan vivir una experiencia relacionada con el desarrollo científico.
Se trata de uno de los programas pioneros de la AMC que actualmente se realiza en 29 sedes en la República, mediante la difusión de la cultura, sobre todo niños, quienes interactúan con investigadores que transmiten de manera divertida el conocimiento que requiere el país.
sábado, 19 de marzo de 2011
Aborto, problema de salud pública: ONG
- Es necesaria decisión política para resolverlo
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Domingo 13 de marzo de 2011, p. 34
El aborto debe considerarse un problema de salud pública, toda vez que es un problema prevenible, de equidad, y que por su dimensión impacta la salud de las mujeres, los costos, y a todo el sistema de salud, consideró Raffaela Schiavon, directora de Ipas México, AC.
Cinthya Velasco, directora de Formación y Movilización de Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC, señaló que el aborto es un problema de salud pública debido a que su penalización orilla a las mujeres a practicarlo en condiciones de clandestinidad e inseguridad.
La práctica del aborto por parte de personal con poco conocimiento técnico hace que un proceso sencillo, que es incluso ambulatorio, se convierta en un problema de muerte materna. Cuando el Estado garantice que los servicios de aborto sean seguros y permanentes, dejará de ser un problema de salud pública, afirmó.
Schiavon aseguró que no se podrá reducir la mortalidad materna, el embarazo no deseado ni el aborto incentivado mientras no haya inversión con decisión política clara en anticoncepción.
Proporcionar servicios de prevención y acceso a anticoncepción es responsabilidad del Estado, y no es éticamente justo que éste penalice a las mujeres jóvenes y ponga en riesgo su vida al practicarse un aborto en condiciones inseguras, cuando no le proporciona los medios para prevenir un embarazo, apuntó la especialista.
La ginecóloga detalló que el fenómeno de aborto inseguro impacta mucho más en poblaciones marginadas, como las mujeres jóvenes, poblaciones rurales e indígenas y en general las de menor acceso a servicios de salud e información.
A su vez, Velasco explicó que las jóvenes se embarazan a temprana edad porque no cuentan con educación sexual, padecen violencia de género que coarta el ejercicio de sus derechos reproductivos y no tienen acceso a métodos anticonceptivos.
Tasa de reincidencia de embarazos no deseados en el DF es de 1%: expertos
- 82% adopta métodos de planificación
Ángeles Cruz Martínez y Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 41
Los programas de interrupción legal del embarazo garantizan a las mujeres el acceso a servicios médicos de calidad, así como a métodos de planificación familiar que evitan la repetición de embarazos no deseados. Investigadores de diferentes organismos civiles, convocados por Population Council, presentaron los resultados de los trabajos que han realizado sobre la experiencia del Distrito Federal.
Mientras tanto, en Baja California, entidad gobernada por el PAN, 24 mujeres están en prisión bajo el cargo de homicidio agravado en razón de parentesco y se teme que en muchos de estos casos se trate de jóvenes que tuvieron abortos espontáneos, aseguraron integrantes de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos.
A cuatro años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, los especialistas han encontrado, por ejemplo, que la tasa de reincidencia de embarazos no deseados, de mujeres que ya se han practicado un aborto, es de uno por ciento, mientras en otros países donde tampoco se penaliza el aborto es de 10 a 14 por ciento.
Con ello se echan por tierra los argumentos que en su momento esgrimieron organizaciones conservadoras en contra de la reforma al Código Penal del Distrito Federal, respecto de que las mujeres recurrirían masivamente a los hospitales para interrumpir sus embarazos.
Claudia Díaz, del Instituto Nacional de Salud Pública, detectó que luego de la interrupción legal del embarazo, 82 por ciento de las mujeres decidieron utilizar algún método de planificación familiar, lo cual es el doble de lo que se observa en otras naciones donde también se ha despenalizado el aborto.
Otros datos obtenidos a partir de las diversas investigaciones es que el promedio de edad de las personas con embarazos no deseados es de 25.4 años y la mayoría acuden a los servicios de salud en etapas tempranas de la gestación, alrededor de la semana siete. De acuerdo con la ley, la interrupción legal del embarazo se realiza antes de la semana 12.
Presas por posibles abortos espontáneos
En Baja California, a finales de 2008, el Congreso estatal modificó el artículo 7 de la Constitución del estado, referente a las garantías individuales, para proteger la vida desde la concepción. Así, las mujeres que por alguna circunstancia aborten podrían ser juzgadas; pero como estas reformas no se incluyeron en el Código Penal, se les está sentenciando desde la Constitución, que no penaliza.
En entrevista, Meritxell, Sarah y Psyche Calderón Vargas, integrantes de la Red, informaron que de las 24 mujeres encarceladas en la entidad por homicidio agravado en razón de parentesco, 14 ya fueron sentenciadas y 10 esperan sentencia.
Las activistas manifestaron su preocupación de que muchas de las detenidas por ese delito purguen penas por abortos involuntarios. Por ello, solicitaron al Congreso local un censo de las recluidas en el centro de readaptación social del estado para saber por qué ilícitos están en prisión y se revisen los expedientes para verificar que no se trate de abortos.
Este viernes, la Red y otras organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres se manifestaran en la sede del gobierno de Baja California en la ciudad de México.
viernes, 18 de marzo de 2011
Telenovelas, instrumento importante para abatir rezago educativo: Lujambio
- El titular de la SEP entregó el Reconocimiento al Compromiso con el Futuro de México 2011.
- Vamos en el camino correcto en el combate al analfabetismo, pero no a la velocidad deseada, afirma.
Periódico La Jornada
Viernes 18 de marzo de 2011, p. 42
Las telenovelas pueden ser un instrumento importante para abatir el analfabetismo y el rezago educativo, aseguró el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien reconoció públicamente al productor de telenovelas de Televisa, Juan Osorio, por ser un promotor de la educación al incluir en sus series televisivas dichos temas.
“Yo he dicho muchas veces en privado, y lo digo en público, que la televisión, que muchas veces se le llama la ‘caja tonta’, puede también ser la ‘caja más lista’, el instrumento más poderoso para la educación de millones y millones de personas”, dijo ante los representantes de los medios de comunicación –incluidas Televisa y TV Azteca–, de empresas y de organizaciones e instituciones públicas que recibieron el Reconocimiento al Compromiso con el Futuro de México 2011.
En el contexto del 30 aniversario del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), Lujambio insistió en que los medios de comunicación son un instrumento importante en esta lucha contra el rezago educativo. Y Juan Osorio (quien fue uno de los que recibió reconocimiento) dentro de sus novelas promueve al INEA, qué instrumento más poderoso que ése, enfatizó el titular de la SEP.
En el acto, realizado en el patio de trabajo del edificio de la SEP, dijo que en el combate al analfabetismo y el rezago educativo, México va por el camino correcto, pero no a la velocidad que quisiéramos. Señaló que en los 10 años recientes la tasa de analfabetismo se redujo 2.6 por ciento, para ubicarse en 6.9 por ciento en 2010, según datos del pasado censo general de población. Falta mucho por hacer, agregó, pues el rezago se acumula con el tiempo.
El secretario de Educación insistió en que el gobierno federal avanza en el combate al analfabetismo. Prueba de ello es que en estas tres décadas el INEA ha cambiado la vida a 20.3 millones de personas mayores de 15 años que han aprendido a leer y escribir, concluir su primaria y/o secundaria, de los cuales 2.8 millones lo han logrado en este gobierno.
Explicó que en la actualidad sólo 1.9 por ciento de jóvenes de entre 15 y 29 años son analfabetas, por lo que el mayor porcentaje de quienes no saber leer ni escribir se concentra entre las personas mayores de 29 años; esto representa un reto, porque muchas viven en zonas apartadas y dispersas en todo el territorio nacional, pero además enfrentan responsabilidades de vida adulta como mantener a la familia.
Estamos avanzando en la lucha contra el rezago educativo; son muchos años de rezago acumulado, es una tarea que requiere de persistencia, de terquedad, de años de esfuerzo, subrayó.
Por su parte, el director del INEA, Juan de Dios Castro Muñoz, en entrevista posterior, reconoció que las personas en rezago educativo se encuentran en situación de vulnerabilidad social, económica y de adicciones, e incluso en riesgo de enrolarse en las filas del crimen organizado.
Señaló que la insuficiencia de recursos para este rubro impide avanzar más rápido en la lucha contra el rezago educativo. De hecho, dijo, si se incrementaran al doble los recursos actuales del instituto y disminuyeran los índices de deserción escolar –estimado en 600 mil educandos–, en unos 15 años podría resolverse el rezago educativo.
El INEA tiene más de 100 mil personas trabajando en sacar a mexicanos del rezago educativo; no tenemos hasta ahorita ninguna denuncia que refleje este riesgo y seguimos poniendo y promoviendo los candados para evitar ese tipo de riesgos, puntualizó.
La SEP entregó 27 reconocimientos por el compromiso en favor de la educación, entre las cuales estuvieron Televisa y TV Azteca, varios grupos radiofónicos, empresas como Wal-Mart e ICA Constructores, Infonavit e IMSS, así como periodistas y productores de televisión.
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Verdaderamente, sin comentarios.
miércoles, 9 de marzo de 2011
Operacion "Fast and furious" (E.U. Permitió entrada ilegal de armas a México)
Parte 1/3
Parte 2/3
Parte 3/3
Fuente: politicaypoliticosmx
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¿Y el "gobierno" Mexicano? meek and duteous? (¿manso y obediente?)
Parte 2/3
Parte 3/3
Fuente: politicaypoliticosmx
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¿Y el "gobierno" Mexicano? meek and duteous? (¿manso y obediente?)
miércoles, 2 de marzo de 2011
México en problemas: EEUU impondrá una "fuerza de tarea" en su territorio
Por: Zósimo Camacho
El plan de intervención militar de Estados Unidos en México. Durante la más reciente visita de Hillary Clinton a este país, la delegación estadunidense impuso al gobierno de Calderón más elementos de sus agencias de inteligencia y del Pentágono en territorio nacional; además, una “fuerza de tarea” de efectivos estadunidenses que “ayudará” en las zonas más conflictivas, revelan generales y coroneles en activo del ejército mexicano.
Uno de los militares, quien ocupa un alto cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación” llevada a cabo por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Lo que sigue es la intervención militar disfrazada de operativos binacionales
Coches bomba en ciudades mexicanas y declaraciones e “informes” en los que se afirma que el narcotráfico atenta contra la seguridad de todo el continente precedieron la más reciente visita de Hillary Clinton a México.
Vino a imponerle al gobierno de Felipe Calderón más agentes de inteligencia y una “fuerza de tarea” compuesta por efectivos estadunidenses, a decir de un grupo de generales y coroneles en activo del Ejército Mexicano, quienes solicitan “por el momento” que sus nombres no sean revelados por temor a represalias al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Luego de la visita, las declaraciones de funcionarios estadunidenses acerca de la “peligrosidad” del narcotráfico se multiplicaron y se advirtió que tropas de Estados Unidos podrían cruzar la frontera. El punto más álgido de las demandas ocurrió después del ataque a dos elementos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Luis Potosí. Uno murió.
Un general de división en activo, que actualmente ocupa un alto cargo en la Sedena, señala que muchos de los actos violentos en territorio nacional son inducidos para que la sociedad mexicana acepte la intervención. La propia Sección Segunda del Ejército, encargada de inteligencia militar, habría encontrado indicios de que la CIA realiza actividades de desestabilización en el país.
Las presiones de la delegación que visitó México el 24 de enero pasado -y que estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton- fueron tan intensas que obligaron a Felipe Calderón a abrir un espacio en su agenda. Los funcionarios estadunidenses sólo se reunirían con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; pero el mismo día de la visita se anunció que Clinton y su comitiva también serían recibidas en Los Pinos.
“México no puede”, el pretexto
Clinton fue precedida por una serie de declaraciones de funcionarios estadunidenses en las que cuestionaban la solvencia de las instituciones mexicanas para enfrentar la “amenaza” del narcotráfico. El 12 de enero, el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael G Mullen, había externado su “enorme preocupación” por la capacidad de violencia de los cárteles mexicanos de la droga. En conferencia con la prensa extranjera acreditada en Washington, había dicho que “la severidad del problema” del narcotráfico se mide, “de manera trágica y triste”, por las miles de vidas que se han perdido (en México) en años recientes”, y que suman más de 35 mil.
El principal asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional entonces destacó que el gobierno de Barack Obama está interesado en seguir ayudando a la administración de Felipe Calderón. “Queremos hacer todo lo que podamos, reconociendo, tristemente, que esto va a tomar tiempo”.
Incluso, Mullen habló de lo que hasta ahora ha sido la participación de Estados Unidos en la “guerra” contra el narcotráfico: “Por el lado militar, nosotros hemos estado involucrados principalmente en entrenar y dar apoyo. Hay aspectos de esta guerra contra las drogas que son muy similares al tipo de cosas que hemos visto en guerras en las que hemos estado involucrados”.
Una semana después, el 21 de enero, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró, sin ambages, que los cárteles del narcotráfico de México son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En conferencia de prensa, señaló: “No creo que el tema sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional”.
Además, describió a las bandas del narcotráfico como fuerzas que pueden desafiar a los Estados: “Estas organizaciones criminales internacionales poseen bienes, armas y personas que pueden ser un reto para cualquier fuerza de seguridad”.
A tres días de la llegada de Clinton a México, el Departamento de Estado mandó un mensaje claro: en la “guerra” que se libra en territorio mexicano, podrán participar otras naciones: “El nivel de violencia que han traído a México y otros sitios (los cárteles de la droga) es un reto que no es exclusivo para México y Estados Unidos. Ciertamente, debe ser parte de un diálogo de seguridad nacional”.
La pinza se cerró un día después: un coche bomba estalló en Tula, Hidalgo. En el lugar, murió el comandante del Grupo Tula de la Coordinación de Investigación de Hidalgo, Víctor Manuel Peña Pérez; quedaron destrozados completamente el carro que contenía el explosivo y un Jetta blanco en el que viajaban los policías. El clima previo a la llegada de Hillary Clinton parecía corroborar las declaraciones de los funcionarios estadunidenses.
La visita
Durante su visita, Clinton aseveró públicamente que México no tiene otra alternativa que seguir con la estrategia de Calderón. Lanzó elogios al “liderazgo” del presidente mexicano y dijo que las Fuerzas Armadas de este país han avanzado en el respeto a los derechos humanos.
Pero no dijo a lo que realmente vino, explican los militares y coroneles que buscaron a Contralínea desde mediados del año pasado para externar el malestar que existe entre un sector del Ejército Mexicano por lo que consideran una sumisión total del gobierno de Felipe Calderón a los intereses de Estados Unidos.
“Clinton vino a imponer más agentes de sus agencias que ya están funcionando en México”, es decir, la ICE, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Pentágono. “Pero también vino a imponer una ‘fuerza de tarea’ compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que van a realizar operativos en territorio mexicano”.
A decir del grupo de militares, la “fuerza de tarea” estadunidense trabajaría de manera “conjunta” con las Fuerzas Armadas mexicanas y se desplazarían, como primer objetivo, por las ciudades fronterizas. Luego del “éxito” que obtendrían, se utilizarían en las “zonas más conflictivas” de México.
Estela de declaraciones... y violencia
Dejó Clinton el país, pero el discurso de que México sucumbirá al narcotráfico si no es “ayudado” por Estados Unidos se intensificó. El 27 de enero, el Congreso estadunidense publicó un informe en el que señala que su vecino del Sur se encuentra inmerso en una “crisis de seguridad sin precedentes”, que es posible que sea vencido por lo que llamó “terrorismo doméstico” y que el crimen organizado le disputa a las autoridades el monopolio del uso de la fuerza y de la ley. El informe, elaborado por el Congressional Research Service, también criticó la corrupción generalizada en las instituciones mexicanas.
Pero el 8 de febrero un funcionario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo abiertamente que tropas de ese país podrían cruzar la frontera con México. Joseph Westphal, subsecretario del Ejército estadunidense, advirtió sobre la posibilidad de que soldados estadunidenses fueran a combatir la “insurgencia” de los cárteles de la droga “sobre nuestra frontera o de tener que enviarlos a cruzar esa frontera”.
Horas más tarde, el funcionario trató de corregir sus declaraciones. Pero el mensaje se había dado. El servidor público estadunidense había dicho también que el narcotráfico podría instalarse en el poder en México si Estados Unidos no hacía algo para impedirlo.
Las presiones sobre México continuaron. Un día después, Janet Napolitano vinculó a Los Zetas con la organización terrorista Al Qaeda. La secretaria del Interior del gobierno de Barack Obama declaró, en una audiencia del Congreso estadunidense, que el grupo que encabeza Osama bin Laden podría usar las redes de los narcotraficantes mexicanos para atacar Estados Unidos. Luego dijo que no hablaría más del tema en una audiencia abierta y que podría hacerlo sólo en sesiones a puerta cerrada.
El 10 de febrero, fue el turno del jefe de la Inteligencia de Estados Unidos, James Clapper. Señaló que la violencia que se produce en México atenta de tal manera contra la seguridad de Estados Unidos que “recientemente hemos elevado todo este tema a la categoría uno, la cual es la más alta”.
Clapper dio al traste con los argumentos de quienes veían imposible una intervención militar en México porque Estados Unidos tenía “otras prioridades”.
Clapper definitivamente descartó que las fuerzas mexicanas puedan controlar el problema del narcotráfico. “Las capacidades militares y policiales [de México] en conjunto permanecen inadecuadas para romper las organizaciones traficantes y contener la violencia criminal”, dijo.
Las presiones públicas y privadas que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de Calderón se han agudizado con el ataque del 15 de febrero a dos “agentes especiales” de la ICE en San Luis Potosí. El policía Jaime Zapata murió. Su compañero Víctor Ávila fue gravemente herido.
La posición oficial de Estados Unidos ante el hecho no se hizo esperar. Janet Napolitano advirtió: “Que no quede duda, cualquier acto de violencia contra el personal de la ICE o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna es un ataque contra todos aquéllos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad. La totalidad de los recursos de nuestro departamento está a disposición de nuestros socios mexicanos en esta investigación. Nos mantenemos comprometidos a dar el más amplio apoyo a los esfuerzos de México por combatir la violencia dentro de sus fronteras”.
Un día después, agentes de la FBI ya estaban en San Luis Potosí investigando los hechos. De acuerdo con una nota de María Guadalupe González, publicada en el diario La Jornada el 17 de febrero pasado, a la entidad llegaron funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, “así como un grupo de tarea comandado por la FBI”.
Incluso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió que su gobierno atraparía a los culpables. El día 16 se comunicó con la familia del agente asesinado para expresarle sus condolencias; pero también les garantizó que su gobierno llevará ante la justicia a los responsables, de acuerdo con Nick Shapiro, vocero de la Casa Blanca.
Los militares reafirman lo declarado a Contralínea el año pasado, publicado en la edición 209 del 21 de noviembre de 2010: existe un plan injerencista llevado a cabo por Estados Unidos y al que se ha sometido el gobierno de Felipe Calderón. Gran parte de la violencia es provocada para que las instituciones castrenses y la sociedad mexicana acepten no sólo que agentes estadunidenses trabajen en México, sino que, incluso, efectivos militares ingresen a “combatir” a los cárteles de la droga.
El grupo de militares y coroneles, entre los que se encuentran algunos adscritos a la Sección Segunda del Ejército (inteligencia), señala que punto por punto se ha cumplido ese plan ante la pasividad de las autoridades mexicanas. Señala que la violencia inducida puede incrementarse para que el país esté en la situación de aceptar la “ayuda” venga de donde venga.
Tomado de: http://contralinea.info
El plan de intervención militar de Estados Unidos en México. Durante la más reciente visita de Hillary Clinton a este país, la delegación estadunidense impuso al gobierno de Calderón más elementos de sus agencias de inteligencia y del Pentágono en territorio nacional; además, una “fuerza de tarea” de efectivos estadunidenses que “ayudará” en las zonas más conflictivas, revelan generales y coroneles en activo del ejército mexicano.
Uno de los militares, quien ocupa un alto cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación” llevada a cabo por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Lo que sigue es la intervención militar disfrazada de operativos binacionales
Coches bomba en ciudades mexicanas y declaraciones e “informes” en los que se afirma que el narcotráfico atenta contra la seguridad de todo el continente precedieron la más reciente visita de Hillary Clinton a México.
Vino a imponerle al gobierno de Felipe Calderón más agentes de inteligencia y una “fuerza de tarea” compuesta por efectivos estadunidenses, a decir de un grupo de generales y coroneles en activo del Ejército Mexicano, quienes solicitan “por el momento” que sus nombres no sean revelados por temor a represalias al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Luego de la visita, las declaraciones de funcionarios estadunidenses acerca de la “peligrosidad” del narcotráfico se multiplicaron y se advirtió que tropas de Estados Unidos podrían cruzar la frontera. El punto más álgido de las demandas ocurrió después del ataque a dos elementos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Luis Potosí. Uno murió.
Un general de división en activo, que actualmente ocupa un alto cargo en la Sedena, señala que muchos de los actos violentos en territorio nacional son inducidos para que la sociedad mexicana acepte la intervención. La propia Sección Segunda del Ejército, encargada de inteligencia militar, habría encontrado indicios de que la CIA realiza actividades de desestabilización en el país.
Las presiones de la delegación que visitó México el 24 de enero pasado -y que estuvo encabezada por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton- fueron tan intensas que obligaron a Felipe Calderón a abrir un espacio en su agenda. Los funcionarios estadunidenses sólo se reunirían con la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa; pero el mismo día de la visita se anunció que Clinton y su comitiva también serían recibidas en Los Pinos.
“México no puede”, el pretexto
Clinton fue precedida por una serie de declaraciones de funcionarios estadunidenses en las que cuestionaban la solvencia de las instituciones mexicanas para enfrentar la “amenaza” del narcotráfico. El 12 de enero, el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, almirante Michael G Mullen, había externado su “enorme preocupación” por la capacidad de violencia de los cárteles mexicanos de la droga. En conferencia con la prensa extranjera acreditada en Washington, había dicho que “la severidad del problema” del narcotráfico se mide, “de manera trágica y triste”, por las miles de vidas que se han perdido (en México) en años recientes”, y que suman más de 35 mil.
El principal asesor del presidente de Estados Unidos en materia de seguridad nacional entonces destacó que el gobierno de Barack Obama está interesado en seguir ayudando a la administración de Felipe Calderón. “Queremos hacer todo lo que podamos, reconociendo, tristemente, que esto va a tomar tiempo”.
Incluso, Mullen habló de lo que hasta ahora ha sido la participación de Estados Unidos en la “guerra” contra el narcotráfico: “Por el lado militar, nosotros hemos estado involucrados principalmente en entrenar y dar apoyo. Hay aspectos de esta guerra contra las drogas que son muy similares al tipo de cosas que hemos visto en guerras en las que hemos estado involucrados”.
Una semana después, el 21 de enero, el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró, sin ambages, que los cárteles del narcotráfico de México son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En conferencia de prensa, señaló: “No creo que el tema sea si la estabilidad de nuestra sociedad está en riesgo, pero ciertamente es una amenaza a la seguridad nacional”.
Además, describió a las bandas del narcotráfico como fuerzas que pueden desafiar a los Estados: “Estas organizaciones criminales internacionales poseen bienes, armas y personas que pueden ser un reto para cualquier fuerza de seguridad”.
A tres días de la llegada de Clinton a México, el Departamento de Estado mandó un mensaje claro: en la “guerra” que se libra en territorio mexicano, podrán participar otras naciones: “El nivel de violencia que han traído a México y otros sitios (los cárteles de la droga) es un reto que no es exclusivo para México y Estados Unidos. Ciertamente, debe ser parte de un diálogo de seguridad nacional”.
La pinza se cerró un día después: un coche bomba estalló en Tula, Hidalgo. En el lugar, murió el comandante del Grupo Tula de la Coordinación de Investigación de Hidalgo, Víctor Manuel Peña Pérez; quedaron destrozados completamente el carro que contenía el explosivo y un Jetta blanco en el que viajaban los policías. El clima previo a la llegada de Hillary Clinton parecía corroborar las declaraciones de los funcionarios estadunidenses.
La visita
Durante su visita, Clinton aseveró públicamente que México no tiene otra alternativa que seguir con la estrategia de Calderón. Lanzó elogios al “liderazgo” del presidente mexicano y dijo que las Fuerzas Armadas de este país han avanzado en el respeto a los derechos humanos.
Pero no dijo a lo que realmente vino, explican los militares y coroneles que buscaron a Contralínea desde mediados del año pasado para externar el malestar que existe entre un sector del Ejército Mexicano por lo que consideran una sumisión total del gobierno de Felipe Calderón a los intereses de Estados Unidos.
“Clinton vino a imponer más agentes de sus agencias que ya están funcionando en México”, es decir, la ICE, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Pentágono. “Pero también vino a imponer una ‘fuerza de tarea’ compuesta por efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que van a realizar operativos en territorio mexicano”.
A decir del grupo de militares, la “fuerza de tarea” estadunidense trabajaría de manera “conjunta” con las Fuerzas Armadas mexicanas y se desplazarían, como primer objetivo, por las ciudades fronterizas. Luego del “éxito” que obtendrían, se utilizarían en las “zonas más conflictivas” de México.
Estela de declaraciones... y violencia
Dejó Clinton el país, pero el discurso de que México sucumbirá al narcotráfico si no es “ayudado” por Estados Unidos se intensificó. El 27 de enero, el Congreso estadunidense publicó un informe en el que señala que su vecino del Sur se encuentra inmerso en una “crisis de seguridad sin precedentes”, que es posible que sea vencido por lo que llamó “terrorismo doméstico” y que el crimen organizado le disputa a las autoridades el monopolio del uso de la fuerza y de la ley. El informe, elaborado por el Congressional Research Service, también criticó la corrupción generalizada en las instituciones mexicanas.
Pero el 8 de febrero un funcionario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo abiertamente que tropas de ese país podrían cruzar la frontera con México. Joseph Westphal, subsecretario del Ejército estadunidense, advirtió sobre la posibilidad de que soldados estadunidenses fueran a combatir la “insurgencia” de los cárteles de la droga “sobre nuestra frontera o de tener que enviarlos a cruzar esa frontera”.
Horas más tarde, el funcionario trató de corregir sus declaraciones. Pero el mensaje se había dado. El servidor público estadunidense había dicho también que el narcotráfico podría instalarse en el poder en México si Estados Unidos no hacía algo para impedirlo.
Las presiones sobre México continuaron. Un día después, Janet Napolitano vinculó a Los Zetas con la organización terrorista Al Qaeda. La secretaria del Interior del gobierno de Barack Obama declaró, en una audiencia del Congreso estadunidense, que el grupo que encabeza Osama bin Laden podría usar las redes de los narcotraficantes mexicanos para atacar Estados Unidos. Luego dijo que no hablaría más del tema en una audiencia abierta y que podría hacerlo sólo en sesiones a puerta cerrada.
El 10 de febrero, fue el turno del jefe de la Inteligencia de Estados Unidos, James Clapper. Señaló que la violencia que se produce en México atenta de tal manera contra la seguridad de Estados Unidos que “recientemente hemos elevado todo este tema a la categoría uno, la cual es la más alta”.
Clapper dio al traste con los argumentos de quienes veían imposible una intervención militar en México porque Estados Unidos tenía “otras prioridades”.
Clapper definitivamente descartó que las fuerzas mexicanas puedan controlar el problema del narcotráfico. “Las capacidades militares y policiales [de México] en conjunto permanecen inadecuadas para romper las organizaciones traficantes y contener la violencia criminal”, dijo.
Las presiones públicas y privadas que el gobierno de Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de Calderón se han agudizado con el ataque del 15 de febrero a dos “agentes especiales” de la ICE en San Luis Potosí. El policía Jaime Zapata murió. Su compañero Víctor Ávila fue gravemente herido.
La posición oficial de Estados Unidos ante el hecho no se hizo esperar. Janet Napolitano advirtió: “Que no quede duda, cualquier acto de violencia contra el personal de la ICE o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna es un ataque contra todos aquéllos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad. La totalidad de los recursos de nuestro departamento está a disposición de nuestros socios mexicanos en esta investigación. Nos mantenemos comprometidos a dar el más amplio apoyo a los esfuerzos de México por combatir la violencia dentro de sus fronteras”.
Un día después, agentes de la FBI ya estaban en San Luis Potosí investigando los hechos. De acuerdo con una nota de María Guadalupe González, publicada en el diario La Jornada el 17 de febrero pasado, a la entidad llegaron funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República, “así como un grupo de tarea comandado por la FBI”.
Incluso, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió que su gobierno atraparía a los culpables. El día 16 se comunicó con la familia del agente asesinado para expresarle sus condolencias; pero también les garantizó que su gobierno llevará ante la justicia a los responsables, de acuerdo con Nick Shapiro, vocero de la Casa Blanca.
Los militares reafirman lo declarado a Contralínea el año pasado, publicado en la edición 209 del 21 de noviembre de 2010: existe un plan injerencista llevado a cabo por Estados Unidos y al que se ha sometido el gobierno de Felipe Calderón. Gran parte de la violencia es provocada para que las instituciones castrenses y la sociedad mexicana acepten no sólo que agentes estadunidenses trabajen en México, sino que, incluso, efectivos militares ingresen a “combatir” a los cárteles de la droga.
El grupo de militares y coroneles, entre los que se encuentran algunos adscritos a la Sección Segunda del Ejército (inteligencia), señala que punto por punto se ha cumplido ese plan ante la pasividad de las autoridades mexicanas. Señala que la violencia inducida puede incrementarse para que el país esté en la situación de aceptar la “ayuda” venga de donde venga.
Tomado de: http://contralinea.info
Protestan en España por feminicidios en México
Alejandro Gutiérrez
MADRID, 2 de marzo (apro).- Un grupo del sindicato español Confederación General del Trabajo (CGT) realizó hoy una protesta frente a la embajada mexicana en esta capital, y entregó una carta dirigida al embajador Jorge Zermeño, en la que exige justicia para todas las mujeres asesinadas en México y que se deslinden responsabilidades.
El secretario general de dicha confederación, Jacinto Ceacero, dijo que la concentración pretende denunciar en España lo que sucede en México, “donde impunemente se registran tantas desapariciones y homicidios de mujeres, por solo el hecho de ser mujeres”.
En entrevista con Apro, Ceacero mostró la preocupación de su organización por la ola de violencia en contra de las defensoras de los derechos humanos en Ciudad Juárez, algunas asesinadas y otras que se han visto obligadas a abandonar esa frontera.
“El gobierno tiene la obligación de investigar con prontitud y con seriedad pasando por cualquier grupo que pudiera estar implicado, ya sea mafioso o narco”, señaló.
En su opinión, hasta el momento al gobierno mexicano le ha faltado “legitimidad” para aplicar el estado de derecho; “muestra que tiene poco interés”, añadió.
En ambos casos, el de las mujeres asesinadas y de las activistas amenazadas, “el gobierno tiene que deslindar responsabilidades, porque existe un alto grado de impunidad”, acusó.
Consideró que el pueblo mexicano no se merece que existan “tantos espacios y lugares opacos, sitios donde no llega la administración pública para que se respeten los derechos humanos y la justicia social impere”.
Asistimos a “un proceso de degradación absoluta en México, y por desgracia en estos procesos los que más sufren son las clases más desprotegidas, en especial las mujeres”, dijo el sindicalista.
Asimismo, se pronunció porque el gobierno español modifique su posición benevolente frente al gobierno de México, para mantener una relación en tanto se respeten los derechos humanos en el país americano.
En este sentido, criticó que el gobierno español solo “juegue del lado de los beneficios de las grandes multinacionales españolas” con presencia en México, lo que le impide “acometer con rigor la toma de medidas serias con un gobierno (México) que es incapaz de afrontar con legitimidad la defensa de los derechos”.
“Por eso creo que tendría que haber mucha más contundencia por parte del gobierno español en defensa de los derechos y en mantener relaciones en la medida que se respeten esos derechos, es lo que echamos de menos”, aseguró.
La carta entregada a la legación diplomática hace referencia a la resolución del 10 de diciembre de 2009 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el homicidio de tres jóvenes encontradas en el llamado campo algodonero.
Una comitiva de la CGT, encabezada por la secretaria de la Mujer, Isabel Pérez Ortega entregó la carta al asesor político y de comunicación del embajador Zermeño, Bernardo Graue, quien se comprometió a que tendrían una respuesta oportuna.
Tomado de: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88731
MADRID, 2 de marzo (apro).- Un grupo del sindicato español Confederación General del Trabajo (CGT) realizó hoy una protesta frente a la embajada mexicana en esta capital, y entregó una carta dirigida al embajador Jorge Zermeño, en la que exige justicia para todas las mujeres asesinadas en México y que se deslinden responsabilidades.
El secretario general de dicha confederación, Jacinto Ceacero, dijo que la concentración pretende denunciar en España lo que sucede en México, “donde impunemente se registran tantas desapariciones y homicidios de mujeres, por solo el hecho de ser mujeres”.
En entrevista con Apro, Ceacero mostró la preocupación de su organización por la ola de violencia en contra de las defensoras de los derechos humanos en Ciudad Juárez, algunas asesinadas y otras que se han visto obligadas a abandonar esa frontera.
“El gobierno tiene la obligación de investigar con prontitud y con seriedad pasando por cualquier grupo que pudiera estar implicado, ya sea mafioso o narco”, señaló.
En su opinión, hasta el momento al gobierno mexicano le ha faltado “legitimidad” para aplicar el estado de derecho; “muestra que tiene poco interés”, añadió.
En ambos casos, el de las mujeres asesinadas y de las activistas amenazadas, “el gobierno tiene que deslindar responsabilidades, porque existe un alto grado de impunidad”, acusó.
Consideró que el pueblo mexicano no se merece que existan “tantos espacios y lugares opacos, sitios donde no llega la administración pública para que se respeten los derechos humanos y la justicia social impere”.
Asistimos a “un proceso de degradación absoluta en México, y por desgracia en estos procesos los que más sufren son las clases más desprotegidas, en especial las mujeres”, dijo el sindicalista.
Asimismo, se pronunció porque el gobierno español modifique su posición benevolente frente al gobierno de México, para mantener una relación en tanto se respeten los derechos humanos en el país americano.
En este sentido, criticó que el gobierno español solo “juegue del lado de los beneficios de las grandes multinacionales españolas” con presencia en México, lo que le impide “acometer con rigor la toma de medidas serias con un gobierno (México) que es incapaz de afrontar con legitimidad la defensa de los derechos”.
“Por eso creo que tendría que haber mucha más contundencia por parte del gobierno español en defensa de los derechos y en mantener relaciones en la medida que se respeten esos derechos, es lo que echamos de menos”, aseguró.
La carta entregada a la legación diplomática hace referencia a la resolución del 10 de diciembre de 2009 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el homicidio de tres jóvenes encontradas en el llamado campo algodonero.
Una comitiva de la CGT, encabezada por la secretaria de la Mujer, Isabel Pérez Ortega entregó la carta al asesor político y de comunicación del embajador Zermeño, Bernardo Graue, quien se comprometió a que tendrían una respuesta oportuna.
Tomado de: http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88731
Sara Salazar, la Foto de la Ira
Jenaro Villamil
No habrá honores oficiales para los 4 hijos, el nieto y la nuera de doña Sara Salazar asesinados en Ciudad Juárez en menos de tres años. Tampoco ninguna palabra de aliento o de condolencia del primer mandatario Felipe Calderón. Mucho menos coberturas especiales en las dos grandes televisoras como lo hacen cuando se trata de armar linchamientos para ganar rating. El PRD ni siquiera se ha dado por enterado que esta familia de activistas insumisos pertenecía al partido que se desgarra por los restos que dejan los Chuchos a su paso.
Sin embargo, a pesar de la indolencia gubernamental y partidista, quedará grabada para siempre la foto de la agencia Reuters tomada durante el funeral del pasado sábado 26 de febrero como símbolo imborrable del dolor, la ira y la indignación que rodean a los juarenses y a la familia Reyes Salazar. Esa imagen sintetiza la tragedia, por un lado, y la resistencia que se han enraizado en Ciudad Juárez.
En esta instantánea que recorrió el mundo, se observa a doña Sara Salazar viuda de Reyes con los brazos extendidos. Tiene los ojos cubiertos por unos lentes oscuros. Su pelo blanco ondea en el aire. Un grito de dolor es ahogado con el trasfondo de un cielo gris, tan gris como el desierto de la frontera. Tres féretros coronan la tragedia de esta familia que en los últimos cinco años perdió a cinco de sus integrantes, pero no ha dejado de denunciar los abusos cometidos durante los operativos militares.
Otras fotos ilustran que más de 500 efectivos militares custodiaron el sepelio, pero ninguno de ellos ayudó a cavar la fosa. ¿A quiénes protegían realmente estos soldados: a la institución involucrada en las denuncias o a la familia que ha resistido todo tipo de amenazas y crímenes, incluyendo el incendio de sus propiedades y la eliminación selectiva, al estilo de una guerra sucia?
Tan sólo Josefina Reyes Salazar, ejecutada el 3 de enero de 2010, documentó 15 casos de detenciones ilegales cometidas por personal de las fuerzas armadas en contra de la población juarense en los últimos dos años. Su hermano Rubén padeció la persecución y el allanamiento de su casa, antes de ser asesinado, y su hijo Julio César Reyes, ultimado en noviembre de 2008, también acompañó en la organización de las denuncias.
El 7 de febrero de este año, en el nuevo gobierno de viejas impunidades encabezado por el priista César Duarte, desaparecieron Malena y Elías Reyes Salazar, al igual que su esposa Luisa Ornelas. En protesta, doña Sara Salazar inició el 9 de febrero una huelga de hambre frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, a pesar de su edad avanzada y del agudo deterioro de su salud. Acompañada de su hija Marisela Reyes, quien ha tomado la estafeta del activismo de la familia.
Marisela no se anduvo con eufemismos cuando le informaron que sus parientes habían sido asesinados, al igual que Josefina, Rubén y Julio César: exigió que el gobierno de Calderón “retire las tropas y que termine con esta pinche guerra estúpida que nadie pidió”.
Esas palabras nunca fueron transmitidas en Canal 2 ni en Canal 13. Se ocultaron en las crónicas de los medios impresos, pero reverberaron con una fuerza inusitada en los medios internacionales y en las redes sociales.
Cinco países les han ofrecido asilo a los sobrevivientes de la familia Reyes Salazar: Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Venezuela. Doña Sara Salazar analiza irse a España, pero antes continuará el plantón que inició hace casi un mes para denunciar la impunidad, la guerra de odio que se ha desatado contra los activistas en Juárez.
Este sábado 5 de marzo, ellos se convertirán en el eje de una marcha de protesta e indignación que nunca encuentra tranquilidad en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, el epicentro de los feminicidios impunes dese 1993, el sitio de tránsito entre las drogas, la maquila y las armas, la plaza disputada por los cárteles más violentos que desafían día con día la ineficaz guerra desatada por el gobierno federal y también el sitio desde donde se construyen los expedientes de abusos militares y policiacos que le costarán al calderonismo su pase a la historia de la infamia.
Tomado de: http://homozapping.com.mx/2011/03/sara-salazar-la-foto-de-la-ira
viernes, 25 de febrero de 2011
Sin palabras...
Encuentran los cuerpos sin vida nuestrxs desaparecidxs
Con profunda pena queremos informar que la mañana de hoy 25 de febrero, fueron encontrados los cuerpos sin vida de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar y su esposa Luisa Ornelas Soto, quienes fueran secuestrados por un comando paramilitar desde el día 7 de febrero, en el Valle de Juárez.
El hallazgo realizado por vecinos de la localidad, fue reportado a la autoridad y confirmado por familiares quienes identificaron los cuerpos en la SEMEFO local. Horas después de que la autoridad difundió un número de denuncia anónima y una recompensa de $200,000 pesos, ante la presión ejercida por la familia y la movilización de la sociedad civil juarense.
Este hecho se enmarca en una creciente ola de acoso sistemático a la familia Reyes Salazar por parte del Estado, que dio inicio con el asesinato en 2008 de Julio César Reyes Reyes. El 3 de Enero de 2010, murió asesinada por un comando paramilitar, Josefina Reyes Salazar, activista por los Derechos Humanos y que activamente denunció los abusos de los militares en Ciudad Juárez y el Valle. En Agosto de 2010 murió asesinado Rubén Reyes Salazar, hermano de Josefina.
Las hermanas Marisela Reyes Salazar y Claudia Reyes Salazar iniciaron un plantón y huelga de hambre a las afueras de la Subprocuraduría de Justicia Zona Norte, exigiendo la presentación con vida de sus hermanos. Desde el primer día solicitaron audiencia con el subprocurador Jorge González Nicolás, recibiendo siempre respuesta negativa. Durante el plantón, la casa de la señora Sara Salazar, madre de las víctimas, fue incenciada por sujetos no identificados, en una clara respuesta a una carta abierta dirigida a los captores.
El día de hoy, se confirma la muerte de dos Reyes Salazar más. Ante esto, la familia exige la inmediata renuncia del subprocurador Jorge González Nicolás, quien es el responsable directo de este crimen de lesa humanidad, debido a que no puede con el cargo y por no haber garantizado la vida y la seguridad de la familia y de la población de Ciudad Juárez.
Sea este un llamado a la población en Ciudad Juárez y en Chihuahua en general a unir nuestras voces para sentar un precedente en la exigencia de Justicia. Manifestamos así mismo, que no permitiremos que, como cotidianamente sucede, se busque manchar el nombre de esta familia de activistas y luchadores sociales, al enmarcar este lamentable hecho con una supuesta relación con el crimen organizado.
Atentamente,
Fam. Reyes Salazar.
Del blog: http://jzmov.com/porlavida/
sábado, 19 de febrero de 2011
4o. Aniversario de la revista El Chamuco.
Aspectos del festejo por el 4o. Aniversario de la revista El Chamuco. 18 febrero 2011 en el Museo de culturas populares
Parte 1 de 6
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miércoles, 16 de febrero de 2011
Crisis económica y educación superior en Gran Bretaña: ¿Ecos de América Latina?
Elizabeth Pallister
a discusión abierta con la toma de posesión del nuevo gobierno respecto al déficit fiscal y la formidable deuda que soporta la economía británica puso en el centro de la atención pública el problema de la educación superior. Al igual que en otros países europeos –Grecia, España, y en menor medida Francia–, la crisis económica está sirviendo como justificación de recortes en la inversión y el gasto público en áreas sensibles para los ciudadanos. Aunque en este caso podría decirse que el contexto es el de una crisis económica mundial, las medidas y reacciones de estos países son reminiscentes de la crisis económica que los países atinoamericanos enfrentaron en los años 80 y traen también a la memoria su impacto sobre la educación superior en la región. ¿Es ahora el turno de los países desarrollados? En el caso de Gran Bretaña, el déficit fiscal acumulado en los últimos años ha forzado al nuevo gobierno de coalición –formado por el partido conservador y los demócratas liberales– a programar ajustes radicales con el objeto de sanear las finanzas y ahorrar por lo menos seis billones de libras esterlinas a corto plazo. De continuar con la analogía antes referida, no sorprenderá que las áreas señaladas para los recortes sean educación, salud y programas sociales. ¿Cuáles son las consecuencias y las reacciones a estas medidas?
A unas pocas semanas de haber tomado posesión el nuevo gobierno, sus medidas de austeridad ya han producido los primeros efectos: cancelación de nuevas contrataciones y extensión de contratos ya existentes en oficinas administrativas de gobierno y de las fuerzas de seguridad pública, suspensión de proyectos industriales con un efecto inmediato en las tasas de desempleo y reducciones drásticas en los pagos de seguridad social. En este contexto, la forma de financiar la educación superior y las numerosas preguntas a que ello da pie confieren a ésta un lugar importante en el programa del actual gobierno; y no porque la educación superior sea importante y apreciada per se o por los beneficios que reditúa a la sociedad, sino por los ahorros y cambios significativos que se pueden realizar en el sector, orientándolo aún más hacia prácticas de mercado.
“Al mover a la educación superior tan cerca de los negocios se corre el riesgo de perder a la educación superior en la agenda de promoción de oficios obsoletos”.
En realidad, la coalición gobernante está acelerando y definiendo un proceso que ya se venía gestando desde antes; sugiriendo con ello cierta continuidad con el precedente gobierno, aunque también introduciendo novedades importantes, en particular en relación con las universidades. El actual sistema de financiamiento de las universidades fue introducido por el anterior gobierno laborista en 2004. Un sistema que incluye modalidades diferentes para los tres países que conforman Gran Bretaña. En Inglaterra y Gales, si bien los estudios continúan subsidiados en gran parte por el gobierno, los estudiantes pagan colegiaturas. La colegiatura anual –incluyendo las universidades de Oxford y Cambridge– es de 3,290 libras esterlinas para estudiantes nacionales. En Escocia los estudiantes de ese país continúan beneficiándose de una educación superior completamente gratuita. Puede decirse, entonces, que la mayoría de las universidades británicas son hoy financiadas mayormente por el Estado, con ingresos adicionales derivados de las colegiaturas que pagan los estudiantes y de los contratos de servicios que las instituciones celebran con el sector privado. Sólo existe una universidad que depende totalmente de fondos de origen privado: la Universidad de Buckingham, cuya colegiatura para el nivel de licenciatura es de 8,940 libras esterlinas, aproximadamente.
La decisión de cobrar colegiaturas estuvo precedida por un fuerte debate –ya familiar para muchos en diversas partes del mundo–, en torno a quién se beneficia de la educación superior. El argumento más enunciado fue que, dado que son los estudiantes quienes se benefician más directamente al aumentar sus posibilidades de obtener mejores empleos y salarios una vez graduados, deberían ser ellos quienes cubrieran los costos de su educación, y no la mayoría de los contribuyentes, muchos de los cuales muy probablemente nunca accederían a la universidad. Las colegiaturas se fijaron en un nivel que, se sabía, no cubriría completamente los costos de la enseñanza; la idea era que las cuotas se consideraran una aportación, una colaboración del estudiante, aun cuando los montos ya eran significativos. Junto con las colegiaturas se introdujo un sistema de préstamos con el propósito de apoyar a los estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos más bajos. Tres son las características más importantes de estos préstamos: tienen una tasa de interés inferior a la de los bancos comerciales, no requieren la presentación de un aval y sólo se pagan cuando el estudiante termina la licenciatura, encuentra un empleo y obtiene un salario superior a un piso determinado (que actualmente es de 15,000 libras esterlinas al año). Los préstamos cubren la totalidad de las colegiaturas y la manutención del estudiante, y no dependen de los ingresos de su familia.
La introducción de este sistema ha sido duramente criticada a raíz de que algunas investigaciones han encontrado que los estudiantes acumulan una deuda enorme durante el curso de sus estudios que, si bien no deben pagar inmediatamente, sí deben pagar algún día. Por otro lado, se ha advertido que los jóvenes de nivel socioeconómico bajo –quienes tal vez se beneficiarían más de una educación universitaria– prefieren no inscribirse con tal de no adquirir una deuda, y optan por ingresar más tempranamente al mercado de trabajo en busca de un salario, aunque sea reducido. Se ha observado, igualmente, que son fundamentalmente los estudiantes provenientes de las clases medias quienes perciben a la educación superior como una inversión a futuro por lo que no rechazan la idea de recurrir a un préstamo para su financiamiento. Si bien la política del gobierno laborista fue incrementar el número de estudiantes en educación superior y atraer estudiantes de niveles socioeconómicos bajos o relativamente bajos, la introducción de las colegiaturas, aun con el apoyo de los préstamos, resultó visiblemente contradictoria, sobre todo si se considera que su costo en las universidades aumentó casi 300% entre 2006 y 2009-2010. Estas medidas generaron oposición en algunos sectores estudiantiles y académicos. El gobierno no sólo se mantuvo firme en su posición sino que proyectó mayores recortes al presupuesto de las universidades. Un nuevo incremento que habría implicado que las colegiaturas multiplicaran su costo casi seis veces desde su introducción, quedó en suspenso debido a la decisión del gobierno de convocar a elecciones generales.
En noviembre de 2009, el gobierno laborista ordenó la elaboración de un reporte sobre el estado de las universidades en Inglaterra. Lord Browne, quien por varios años fuera director de la compañía petrolera BP, está a cargo del grupo que busca un futuro viable para la educación superior en el país y deberá reportar sus averiguaciones en octubre de este año, ya bajo el gobierno de la coalición. Entre los asuntos a los que Lord Browne deberá hallar solución se encuentra el posible incremento de las colegiaturas y una revisión al sistema de préstamos, cuestiones con las que el actual gobierno aspira a reducir aún más el presupuesto gubernamental.
¿Cuál es la postura de la coalición conservadora / demócrata liberal respecto a las universidades? El 22 de mayo pasado dispuso, como primera medida, que el grupo coordinado por Lord Browne continuara trabajando. Sin embargo, dado que el partido conservador tiene la mayoría en el gobierno, es posible que se replantee el papel que la educación superior tiene en la sociedad británica y se apueste por una que esté más estrechamente ligada a los intereses del mercado.
De acuerdo con reportes recientes publicados in The Times Higher Education (11 de junio de 2010), el gobierno cerró la secretaría que se encargaba de las universidades y la remplazó por un “súper ministerio” encargado de negocios, capacitación y economía. De acuerdo con esa publicación, las universidades serían vistas ahora como una rama del sector privado, buscando establecer una relación mucho más estrecha con la industria. La misma fuente informa que la principal asociación de académicos, maestros universitarios e investigadores del país reaccionó negativamente ante esta iniciativa señalando que “…es muy preocupante que la educación superior no sea considerada lo suficientemente importante como para tener su propio departamento de gobierno”. Sally Hunt, secretaria general de la asociación, declaró: “…el hecho de que el gobierno fusione la educación superior con el sector de negocios es una clara indicación de cómo el gobierno mira a los institutos de educación superior y universidades en este país”. Y agregó: “La educación tiene el poder de cambiar la vida a la gente, si tomamos en serio el importante papel que ésta puede jugar para sacarnos de la recesión, necesitamos que expertos en educación estén a cargo, no intereses de negocios”. En el mismo sentido se manifestó Alice Haynes, directora de una asociación que agrupa a rectores de universidades del Reino Unido: “Al mover a la educación superior tan cerca de los negocios se corre el riesgo de perder a la educación superior en la agenda de promoción de oficios obsoletos”. Por su parte, el encargado del nuevo “súper ministerio” declaró: “…es correcto que pongamos a la educación superior y a la ciencia bajo el mismo techo que los negocios, porque un nuevo mundo está surgiendo, nos encontramos al borde de una nueva revolución industrial impulsada por nuevas tecnologías…” y la competitividad del país depende de investigación básica y aplicada.
Lo anterior sugiere que la crisis económica por la que actualmente atraviesan los países europeos tendrá un impacto en la educación superior que la orientará más hacia una concepción técnica ajustada a la lógica del mercado. Cabe por tanto preguntar, dado que la presente crisis ha sido atribuida a la falta de control de los mercados financieros: ¿será ésta la decisión más acertada?, ¿Cuáles son las lecciones que la experiencia latinoamericana puede trasmitir a los países europeos pensando que ha sido, precisamente, la introducción de lógicas mercantilistas en la vida de muchas de sus universidades lo que ha puesto en riesgo su pertinencia social y cultural? Al parecer, Gran Bretaña vuelve a andar un camino ya recorrido en el que las ideas a favor del mercado reaparecen una y otra vez.
Elizabeth Pallister es académica de la Universidad de Newcastle, Reino Unido.
elizabeth.pallister@ncl.ac.uk
a discusión abierta con la toma de posesión del nuevo gobierno respecto al déficit fiscal y la formidable deuda que soporta la economía británica puso en el centro de la atención pública el problema de la educación superior. Al igual que en otros países europeos –Grecia, España, y en menor medida Francia–, la crisis económica está sirviendo como justificación de recortes en la inversión y el gasto público en áreas sensibles para los ciudadanos. Aunque en este caso podría decirse que el contexto es el de una crisis económica mundial, las medidas y reacciones de estos países son reminiscentes de la crisis económica que los países atinoamericanos enfrentaron en los años 80 y traen también a la memoria su impacto sobre la educación superior en la región. ¿Es ahora el turno de los países desarrollados? En el caso de Gran Bretaña, el déficit fiscal acumulado en los últimos años ha forzado al nuevo gobierno de coalición –formado por el partido conservador y los demócratas liberales– a programar ajustes radicales con el objeto de sanear las finanzas y ahorrar por lo menos seis billones de libras esterlinas a corto plazo. De continuar con la analogía antes referida, no sorprenderá que las áreas señaladas para los recortes sean educación, salud y programas sociales. ¿Cuáles son las consecuencias y las reacciones a estas medidas?
A unas pocas semanas de haber tomado posesión el nuevo gobierno, sus medidas de austeridad ya han producido los primeros efectos: cancelación de nuevas contrataciones y extensión de contratos ya existentes en oficinas administrativas de gobierno y de las fuerzas de seguridad pública, suspensión de proyectos industriales con un efecto inmediato en las tasas de desempleo y reducciones drásticas en los pagos de seguridad social. En este contexto, la forma de financiar la educación superior y las numerosas preguntas a que ello da pie confieren a ésta un lugar importante en el programa del actual gobierno; y no porque la educación superior sea importante y apreciada per se o por los beneficios que reditúa a la sociedad, sino por los ahorros y cambios significativos que se pueden realizar en el sector, orientándolo aún más hacia prácticas de mercado.
“Al mover a la educación superior tan cerca de los negocios se corre el riesgo de perder a la educación superior en la agenda de promoción de oficios obsoletos”.
En realidad, la coalición gobernante está acelerando y definiendo un proceso que ya se venía gestando desde antes; sugiriendo con ello cierta continuidad con el precedente gobierno, aunque también introduciendo novedades importantes, en particular en relación con las universidades. El actual sistema de financiamiento de las universidades fue introducido por el anterior gobierno laborista en 2004. Un sistema que incluye modalidades diferentes para los tres países que conforman Gran Bretaña. En Inglaterra y Gales, si bien los estudios continúan subsidiados en gran parte por el gobierno, los estudiantes pagan colegiaturas. La colegiatura anual –incluyendo las universidades de Oxford y Cambridge– es de 3,290 libras esterlinas para estudiantes nacionales. En Escocia los estudiantes de ese país continúan beneficiándose de una educación superior completamente gratuita. Puede decirse, entonces, que la mayoría de las universidades británicas son hoy financiadas mayormente por el Estado, con ingresos adicionales derivados de las colegiaturas que pagan los estudiantes y de los contratos de servicios que las instituciones celebran con el sector privado. Sólo existe una universidad que depende totalmente de fondos de origen privado: la Universidad de Buckingham, cuya colegiatura para el nivel de licenciatura es de 8,940 libras esterlinas, aproximadamente.
La decisión de cobrar colegiaturas estuvo precedida por un fuerte debate –ya familiar para muchos en diversas partes del mundo–, en torno a quién se beneficia de la educación superior. El argumento más enunciado fue que, dado que son los estudiantes quienes se benefician más directamente al aumentar sus posibilidades de obtener mejores empleos y salarios una vez graduados, deberían ser ellos quienes cubrieran los costos de su educación, y no la mayoría de los contribuyentes, muchos de los cuales muy probablemente nunca accederían a la universidad. Las colegiaturas se fijaron en un nivel que, se sabía, no cubriría completamente los costos de la enseñanza; la idea era que las cuotas se consideraran una aportación, una colaboración del estudiante, aun cuando los montos ya eran significativos. Junto con las colegiaturas se introdujo un sistema de préstamos con el propósito de apoyar a los estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos más bajos. Tres son las características más importantes de estos préstamos: tienen una tasa de interés inferior a la de los bancos comerciales, no requieren la presentación de un aval y sólo se pagan cuando el estudiante termina la licenciatura, encuentra un empleo y obtiene un salario superior a un piso determinado (que actualmente es de 15,000 libras esterlinas al año). Los préstamos cubren la totalidad de las colegiaturas y la manutención del estudiante, y no dependen de los ingresos de su familia.
La introducción de este sistema ha sido duramente criticada a raíz de que algunas investigaciones han encontrado que los estudiantes acumulan una deuda enorme durante el curso de sus estudios que, si bien no deben pagar inmediatamente, sí deben pagar algún día. Por otro lado, se ha advertido que los jóvenes de nivel socioeconómico bajo –quienes tal vez se beneficiarían más de una educación universitaria– prefieren no inscribirse con tal de no adquirir una deuda, y optan por ingresar más tempranamente al mercado de trabajo en busca de un salario, aunque sea reducido. Se ha observado, igualmente, que son fundamentalmente los estudiantes provenientes de las clases medias quienes perciben a la educación superior como una inversión a futuro por lo que no rechazan la idea de recurrir a un préstamo para su financiamiento. Si bien la política del gobierno laborista fue incrementar el número de estudiantes en educación superior y atraer estudiantes de niveles socioeconómicos bajos o relativamente bajos, la introducción de las colegiaturas, aun con el apoyo de los préstamos, resultó visiblemente contradictoria, sobre todo si se considera que su costo en las universidades aumentó casi 300% entre 2006 y 2009-2010. Estas medidas generaron oposición en algunos sectores estudiantiles y académicos. El gobierno no sólo se mantuvo firme en su posición sino que proyectó mayores recortes al presupuesto de las universidades. Un nuevo incremento que habría implicado que las colegiaturas multiplicaran su costo casi seis veces desde su introducción, quedó en suspenso debido a la decisión del gobierno de convocar a elecciones generales.
En noviembre de 2009, el gobierno laborista ordenó la elaboración de un reporte sobre el estado de las universidades en Inglaterra. Lord Browne, quien por varios años fuera director de la compañía petrolera BP, está a cargo del grupo que busca un futuro viable para la educación superior en el país y deberá reportar sus averiguaciones en octubre de este año, ya bajo el gobierno de la coalición. Entre los asuntos a los que Lord Browne deberá hallar solución se encuentra el posible incremento de las colegiaturas y una revisión al sistema de préstamos, cuestiones con las que el actual gobierno aspira a reducir aún más el presupuesto gubernamental.
¿Cuál es la postura de la coalición conservadora / demócrata liberal respecto a las universidades? El 22 de mayo pasado dispuso, como primera medida, que el grupo coordinado por Lord Browne continuara trabajando. Sin embargo, dado que el partido conservador tiene la mayoría en el gobierno, es posible que se replantee el papel que la educación superior tiene en la sociedad británica y se apueste por una que esté más estrechamente ligada a los intereses del mercado.
De acuerdo con reportes recientes publicados in The Times Higher Education (11 de junio de 2010), el gobierno cerró la secretaría que se encargaba de las universidades y la remplazó por un “súper ministerio” encargado de negocios, capacitación y economía. De acuerdo con esa publicación, las universidades serían vistas ahora como una rama del sector privado, buscando establecer una relación mucho más estrecha con la industria. La misma fuente informa que la principal asociación de académicos, maestros universitarios e investigadores del país reaccionó negativamente ante esta iniciativa señalando que “…es muy preocupante que la educación superior no sea considerada lo suficientemente importante como para tener su propio departamento de gobierno”. Sally Hunt, secretaria general de la asociación, declaró: “…el hecho de que el gobierno fusione la educación superior con el sector de negocios es una clara indicación de cómo el gobierno mira a los institutos de educación superior y universidades en este país”. Y agregó: “La educación tiene el poder de cambiar la vida a la gente, si tomamos en serio el importante papel que ésta puede jugar para sacarnos de la recesión, necesitamos que expertos en educación estén a cargo, no intereses de negocios”. En el mismo sentido se manifestó Alice Haynes, directora de una asociación que agrupa a rectores de universidades del Reino Unido: “Al mover a la educación superior tan cerca de los negocios se corre el riesgo de perder a la educación superior en la agenda de promoción de oficios obsoletos”. Por su parte, el encargado del nuevo “súper ministerio” declaró: “…es correcto que pongamos a la educación superior y a la ciencia bajo el mismo techo que los negocios, porque un nuevo mundo está surgiendo, nos encontramos al borde de una nueva revolución industrial impulsada por nuevas tecnologías…” y la competitividad del país depende de investigación básica y aplicada.
Lo anterior sugiere que la crisis económica por la que actualmente atraviesan los países europeos tendrá un impacto en la educación superior que la orientará más hacia una concepción técnica ajustada a la lógica del mercado. Cabe por tanto preguntar, dado que la presente crisis ha sido atribuida a la falta de control de los mercados financieros: ¿será ésta la decisión más acertada?, ¿Cuáles son las lecciones que la experiencia latinoamericana puede trasmitir a los países europeos pensando que ha sido, precisamente, la introducción de lógicas mercantilistas en la vida de muchas de sus universidades lo que ha puesto en riesgo su pertinencia social y cultural? Al parecer, Gran Bretaña vuelve a andar un camino ya recorrido en el que las ideas a favor del mercado reaparecen una y otra vez.
Elizabeth Pallister es académica de la Universidad de Newcastle, Reino Unido.
elizabeth.pallister@ncl.ac.uk
sábado, 12 de febrero de 2011
Nuevamente el documental
México | 2008 | Español | 93 min. | Color
Director: María del Carmen de Lara
Sinopsis
La polémica salida de Carmen Aristegui de W Radio dejó al descubierto un hecho inquietante: la alternancia política en México no significó el inicio de una nueva era de pluralidad en los medios. El documental explora la manera en que los principales consorcios televisivos y radiofónicos han cedido a la tentación de imitar cierta vena autoritaria priísta. La alarmante persecución de periodistas independientes y la aprobación de reformas que perpetúan el monopolio de los medios sobre la información indican que aún existe un desequilibrio de poderes entre lo político y lo mediático. Voces silenciadas comienza a hilarse a partir de testimonios de periodistas, escritores y académicos que reconstruyen la historia de los movimientos civiles en México y la lucha por la libertad de expresión. A la vez, su premisa es darle voz a aquellos que pelean para que los medios sean un espacio democrático de verdad.
viernes, 11 de febrero de 2011
Versión íntegra del pronunciamiento de Cármen Aristegui
Muy bueno días amigos ciudadanos, colegas y periodistas…
Me permitiré dar lectura a un texto que he escrito para asumir una postura pública sobre mi despedida del noticiero matutino de Noticias MVS ocurrida este fin de semana, asunto que ha generado múltiples muestras de solidaridad que desde aquí agradezco. Este es un suceso que, si bien afecta la vida profesional y laboral de un grupo de personas, entre las que me incluyo, tiene una trascendencia mayor a ese mero alcance limitado.
Sobre lo que quiero pronunciarme es sobre el alcance mayor de este evento que impacta de maneras diversas a la sociedad mexicana. Una sociedad que en estos días y horas ha dado muestras de determinación y capacidad de respuesta frente a un hecho que agravia y que lesiona sus derechos fundamentales. La vigorosa, fuerte y decidida voz de miles de personas en las redes sociales –Twitter, Facebook-, otras modalidades y las manifestaciones en las calles son, en sí mismas, un gran acontecimiento. La gran noticia de que estamos vivos. De que los mexicanos a pesar de la espiral de violencia, muerte y horror que nos acompaña todos los días estamos aquí para reconocernos en el espejo y luchar por un México mejor.
Agradezco todas estas expresiones y celebro aquí, entusiasmada su existencia y el signo vital que las acompaña. Abrazo a quienes en todos los tonos y con diferentes lenguajes se han manifestado en contra de lo que es a todas luces un hecho autoritario, desmedido e inaceptable. Un hecho así, sólo es imaginable en las dictaduras que nadie desea para México. Castigar por opinar o por cuestionar a los gobernantes.
El tema nos pega a todos. No sólo nos afecta a nosotros como profesionales, y a los ciudadanos a los que se les quita un espacio, se afecta también a este medio de comunicación y al grupo empresarial que desarrolla diversas actividades productivas a favor del país.
Este grupo está encabezado por una familia a quien estimo y valoro. Fundada por uno de los hombres más queridos y respetados de industria como fue Don Joaquín Vargas Gómez. Lamento sinceramente que sus nombres estén siendo acribillados con insultos en las redes sociales por la decisión tomada.
El pasado viernes 4 de febrero, en mi libre derecho a la expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la Cámara de Diputados el día anterior, cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos en la que se leía: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No, Verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? , naturalmente se produjo una gran rispidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo.
Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias. Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con pulcritud, con claridad y con suficiencia, jamás ocultó ni la manta, ni el contenido de la manta, ni a los autores de la manta, ni truqueo nada para que televidentes y radioescuchas no se enteraran de lo que decía la manta. No trampeó a nadie y presentó al público, como el público merecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto. Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con elementos suficientes para hacer su propia valoración.
La información presentada me sirvió a mí de base para formular el citado comentario editorial: “Dejemos a un lado la caricatura, tomemos el asunto con seriedad”, e hice algunas otras consideraciones, terminé con un cuestionamiento formal a las autoridades: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República?”
Yo no tengo manera de corroborarlo pero, si fuera el caso, sería algo delicado que debiéramos saber. No hay nada de ofensivo en la interrogante, especialmente si se trata de algo que, de existir, afectaría por su naturaleza la toma de decisiones que impactan en todo momento a millones de personas en el país.
El comentario editorial cerraba diciendo que el tema –y dada su exposición pública a través de la manta de los legisladores – merecía una respuesta sería, formal y oficial de la propia Presidencia de la República.
La Presidencia no respondió a la periodista, de inmediato exigió a los dueños –que no a la periodista- una disculpa pública inmediata por tremenda osadía.
Demostró con ello un grado de irritabilidad e intolerancia que por sí mismas hablan de algún tipo de problemática, que por supuesto, también deben ser analizadas.
Reconozco que el cuestionamiento era duro, pero de ningún modo injurioso o difamatorio, tampoco se transgredía en ningún punto al código de ética que ha sido aludido. Era simple y llanamente la formulación de una pregunta válida. Pregunta hecha por una periodista cuya intención quedaba perfectamente delimitada.
El estado de salud y grado de equilibrio de un mandatario, por supuesto que es un asunto de claro interés público. La sociedad mexicana tiene derecho a saber con certeza, sin ofensas, sin caricaturizaciones sobre las condiciones de salud de quien ha tomado y seguirá tomando todos los días decisiones gravísimas que impactan sobre el destino de una nación. Y vaya que sí ha impactado el destino de la nación las decisiones tomadas desde Los Pinos en este sexenio.
El motivo de mi despido, se dijo, fue haberme negado a ofrecer una disculpa y transgredir el código de ética, cosa que es falsa y se convirtió sólo en una coartada. En este momento no sólo no rectifico, ni me disculpo, porque no hay nada que disculpar; por el contrario, ratifico la pertinencia de que la presidencia de la República se manifieste al respecto.
Lamento si personalmente que el presidente y su familia se hayan sentido ofendidos por el cuestionamiento. No hay en la formulación de mi pregunta ninguna intención o ánimo de ofender. Lamento que ellos se sientan ofendidos, pero aún así, la pregunta sigue vigente.
El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas de escrutinios e interrogantes a los que no estarían sujetas otras personas por razón, precisamente, de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones. En una democracia esto forma parte del juego.
¿No tuvo Bill Clinton que hablar del semen depositado en el vestido azul de una muchacha ante una audiencia de millones de personas? ¿No acaso el estado de salud de Dylma Roussef fue motivo de debate público antes de llegar a ser la presidenta de Brasil? ¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Berlusconi materia del debate nacional? ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a sus comunicadores? ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas? ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no sólo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en sí mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional?
¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación e infamia sin que hagamos nada al respecto? ¿Por qué seguimos dejándolos conducir de esta manera al país?
¿Qué clase de democracia es esta que por un comentario editorial, que irritó al gobernante, se le corta la cabeza a quien opinó? ¿Por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escalando el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario como al periodista ocasionando la ruptura?
La pregunta es: ¿Cómo es que pudieron elevar, desde Los Pinos, el grado de exigencia pidiendo casi la humillación por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que a un empresario a quien tenemos como decente lo llevaron a comportarse de esta manera? ¿Cómo pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta –obviamente no escrita por mí, en términos que me eran ajenos y que por supuesto no empataban con lo que dicta mi conciencia- para calmar la ira presidencial?
Una exigencia de la lectura indigna de esa carta que quien me lo formuló sabía de antemano que yo la rechazaría. Se llegó a ese extremo por el grado de vulnerabilidad en le que quedan quienes tienen negocios o concesiones en el mundo de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. En este caso hay un conjunto de concesiones en juego y la resolución final sobre lo que pase con ellas se encuentra en el cajón del presidente.
Lo que debería ser técnico, jurídico y legal, en realidad es un asunto político y discrecional. La aprobación que ha pasado por todos los filtros legales y técnicos está sujeta a los poderes dominantes en las telecomunicaciones cuyo poder desmedido impide la entrada de nuevos competidores y a los que existen les hace la vida imposible.
Persiste hasta nuestros días, un elemento que condiciona y distorsiona la relación de los medios con el gobierno que es la discrecionalidad política en la toma de decisiones en materia de refrendo y otorgamiento de concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Es esta una de las razones fundamentales por las cuales en México no se despliega a plenitud un derecho fundamental como la libertad de expresión.
Asuntos que deberían resolverse con la mayor certidumbre jurídica, en materia de plazos, planes de cobertura, plan de negocios y de inversión, terminan siendo asuntos de decisión política y no de las áreas técnicas en la materia. Es el caso de las concesiones que en la banda de 2.5 GHz tienen varios operadores en el país del que MVS Comunicaciones posee la mayoría de ellas.
No obstante haber desahogado todos los requerimientos técnicos en materia de competencia, y de la opinión favorable de algunos comisionados de la Cofetel, de la opinión favorable de la Cofeco, y de tener a la espera –con riesgo de perderlas- cantidades millonarias de inversionistas nacionales y extranjeros a pesar de tener todo en regla y un mercado demandante.
Inexplicablemente, la decisión se ha retrasado por cinco años. Teniendo todo en regla, no hay razón técnica, jurídica, ni económica que hoy no este satisfecha. La única razón que hoy impide a MVS Comunicaciones desplegar una red nacional de ancho de banda para Internet que compita con los grandes conglomerados es total y absolutamente política.
Se coloca como una espada de Damocles en la vieja tesis autoritaria de la zanahoria y el garrote: Te portas bien, te refrendo la concesión. Te portas mal, te la niego. Este es el ambiente de presión en el que se desenvuelve la relación no sólo de concesionarios con el gobierno, sino es el ambiente en el que se desenvuelve el trabajo y el desempeño de cientos de profesionales en su relación con las empresas de comunicación.
Esa es la batalla diaria. En la medida en que los comunicadores y los empresarios batallan frente al gobierno, las audiencias ganan o pierden información. Lo más grotesco y paradójico es que los únicos beneficiados de esta herencia del viejo régimen son los grandes monopolios que ahora son capaces de mantener este diseño para evitar nuevos competidores.
Y aquí aparece de nueva cuenta la enorme responsabilidad de un poder legislativo que ha preferido el mantenimiento de reglas no escritas en lugar de una legislación moderna que de certidumbre jurídica a los empresarios, que tutele los derechos de los periodistas y garantice el acceso a la información de todos los ciudadanos.
Agradezco desde aquí el debate y los pronunciamientos que desde el Congreso se hicieron ayer por parte de los legisladores sobre el caso de nuestra despedida del noticiario; sin embargo, no sirve mucho a la democratización de los medios de comunicación condenar la censura por un hecho como este, al mismo tiempo que se coexiste con leyes que podrían y deberían ser modificadas en beneficio de toda la población y no de unos cuantos.
Sobre este ambiente de presión del gobierno hacia algunas empresas de comunicación actúa un fenómeno aún más grave que el antiguo control estatal sobre los medios. Se trata del debilitamiento del Estado y de sus instituciones por virtud de una supeditación política que parte desde el presidente de la República, atraviesa las Cámaras, amplias franjas del Poder Judicial, órganos reguladores a manos de nuevos poderes informales o fácticos que han logrado imponer su lógica de chantaje e intimidación, que los ha llevado a niveles de audacia y en un cálculo de poder, para sustituir –por lo menos parcialmente a poderes de la República.
Ahí está, por ejemplo, una tele bancada en el Congreso, algunos sujetos reguladores capturadas por sus regulados, como en el Congreso, algunos sujetos reguladores capturadas por sus regulados. Como nunca en la historia del Estado mexicano se han dejado crecer a estos poderes en México que han llegado al punto. A la osadía diría yo de querer también apropiarse de la propia presidencia de la República. De otra manera no se explicaría la multimillonaria inversión que han hecho de construirle una candidatura presidencial al gobernador mexiquense.
El trasfondo de lo sucedido en nuestro caso y que ha generado todas estas reacciones tiene que ver, precisamente, con este clima. Por esa razón es que una empresa decide, en sentido contrario a sus intereses, cancelar en el momento de mayor expansión, de mayor prestigio, de mayor influencia, un espacio de información crítica, de debate y opinión que ha sido valorado por anunciantes y audiencias. Por eso toma una decisión suicida.
Como tantas obras esta es una empresa sometida indebidamente a una presión incompatible con un régimen democrático y de Estado de Derecho. Mientras no cambiemos las estructuras que están en la base de esta relación insana, los espacios con influencia crítica se ven permanentemente hostilizados y en su conjunto los medios de comunicación terminan por estandarizar o uniformar sus coberturas informativas. Se achata la libre opinión, se merma el debate y se inhibe la conducta crítica. Eso daña seriamente la democracia y, por supuesto, los derechos fundamentales de las y los ciudadanos de este país.
¿Y bueno, me dirán, ahora que hacemos con lo sucedido? Aceptamos lo sucedido que no le viene bien a nadie u optamos por la ética de la responsabilidad y buscamos un camino? Sin claudicar pero sin exigir que el otro se arrodille.
Joaquín Vargas sabe perfectamente que yo no infringí ningún código de ética, sabe lo que sucedió sabe que fue un coartada, sabe, porque las sufre todos los días, de las razones verdaderas que están detrás de la decisión que está a punto de costarnos la cabeza, y digo a punto porque voy a plantearle una salida, digna, decorosa e inteligente. Ya sabrá si la toma.
Joaquín sabe como pocos de lo que yo estoy hablando, le digo a MVS que no le demos el gusto a los que saborean este fracaso.
Lo sucedido entre el viernes y el fin de semana entre Los Pinos, nuestras oficinas, no se si también otras- La Destilería y el Meridien es algo que no se merece nadie, que nos daña a todos, y que para lo único que va a servir es para el desahogo absurdo de un berrinche presidencial y para beneplácito de los que prefieren que nadie compita, que nadie cuestione o que se cuestione poquito.
No se lo merece un grupo de profesionales que estaba haciendo su trabajo que se ve brutalmente interrumpido… No se lo merecen, por supuesto las audiencias, nos e lo merecen la familia Vargas porque han sido colocados en una disyuntiva perversa en donde tienen que calibrar como grupo empresarial que les cuesta más frente al gobierno y poderes que lo presionan: si la cabeza de Aristegui o la banda de los 2.5 gigahertz. No se lo merece le país.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, a la que pertenezco y que preside el maestro Raúl Trejo Delarbre ha dicho que la salida nuestra del aire es una pésima noticia para la sociedad mexicana. La decisión tomada es desafortunada para todos. “Pierde MVS, cuya independencia editorial queda en entredicho debido a la suspensión de este espacio; pierde la periodista y su amplia audiencia. Pierde la Presidencia de la República, de donde surgieron las exigencias para que Carmen Aristegui se disculpara por el comentario que hizo el viernes 4 de febrero”.
AMEDI exigió a la presidencia “que con hechos, y específicamente en este caso, garantice el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos a la información”. Solicitó a MVS “que reconsidere el despido de Aristegui”. Y es exactamente lo mismo que solicito yo a ellos ahora desde aquí.
El país no está más para seguir perdiendo los espacios que hemos ganado; el país no está para que se nos sigan regateando los derechos que nos pertenecen. México atraviesa por un momento crítico, el nivel de descomposición, de violencia y de debilitamiento institucional es profundamente grave… como para quedarse parado… No nos puede ganar el pasmo cuando el futuro de México se ha ensombrecido. Nos necesitamos informados, en alerta, críticos, no nos podemos dar el lujo de tirar por la borda lo ganado ¿A cuenta de que lo justificaríamos?
Nuestra transición democrática ha adquirido un cariz trágico. Los niveles de violencia, de descomposición y de degradación de la vida pública están llegando a niveles de escándalo. La clase política mexicana que no ha estado a la altura de los retos y desafíos nacionales parece no darse cuenta del avance de estos nuevos fenómenos de poder que la han carcomido y debilitado como nunca antes. ¿Dejamos que sigan avanzando sin contraponer una fuerza social que, por lo menos los identifique, los discuta y los analice?
¿Nos quedamos a la sombra de políticos sometidos a intereses particulares porque antes que gobernar bien, hay que salir en la tele… o de gobernantes timoratos e irresponsables que lejos de atemperar concentraciones monopólicas, las han hecho crecer más creando monstruos de poder que los tienen sometidos y frente a los cuales no se atreven a dar ni un paso.
Esta mañana hago un llamado para revertir los efectos de este hecho ominoso. Yo tiendo la mano y escucho a los que están en la calle y me dice “tienes que regresar”. Estoy dispuesta a regresar al aire este próximo lunes, siempre y cuando se cumpla una condición básica y única: Que MVS anuncie que retira de forma oficial el comunicado emitido junto con mi salida en el cual afirma falsamente que “transgredí nuestro código de ética y que promoví la difusión de rumores como noticias”.
Como consecuencia de ello pido que se publique otro comunicado oficial de la empresa en donde la valoración sobre mi integridad ética que pretendieron dejar en entredicho quede resarcida.
Si MVS acepta hacerlo se reconocerá tácitamente la naturaleza real de lo sucedido. Eso sería suficiente.
Joaquín lo sabe muy bien. Mi integridad profesional y ética nunca estivo en entredicho realmente, que fue una coartada para tomar una decisión que le imponían, que el verdadero problema está en otro lado. Regresemos al aire y quedará evidenciado.
La Presidencia tendrá que hacer una valoración de lo sucedido. Serenamente. Sin odios. Con la seriedad que implica tomar decisiones a nombre de los otros, y aceptando, aunque no agrade, que los ciudadanos y los periodistas tenemos derecho a preguntar, inquirir y criticar sobre lo que juzguemos pertinente.
Estoy aquí para hacer este llamado, para revertir un hecho ominoso como el que sucedió, de manera digna, decorosa e inteligente, apostando por la verdad pero sin romper lo construido.
Mi estimado amigo Jorge Ramos escribió un texto magnífico que tituló “El derecho a preguntar”, recordaba ahí a la maestra Oriana Falacci quien decía que no debía existir ninguna pregunta prohibida. Todo se puede preguntar, con mayor razón si se trata de preguntarle a gente con poder.
Jorge contaba también de una entrevista realizada al presidente Vicente Fox, había interrogantes en el ambiente de por qué aparecía desanimado, sin ímpetu, sin grandes propuestas. El periodista le preguntó al mandatario, sin alimentar rumores: “¿Toma Prozac?” Fox miró al periodista y contestó simplemente: “No”. Por supuesto no le gustó la pregunta, pero la contestó. Tal como escribió Ramos: No hay pregunta prohibida. No hay pregunta tonta. Y cuando surge la oportunidad hay que hacerla, aunque sea la última vez.
A partir de aquí cierro mi comentario, no agregaría más porque el planteamiento esta formulado y lo que resta es esperar la respuesta…
martes, 8 de febrero de 2011
999 botellas de tequila a los pinos solo en el 2007
Utilizan erario para comprar bebidas embriagantes
Autor: Mayela Sánchez
Revista Contralinea
Sección: Portada
18 Abril 2010
Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público
Mientras el gobierno federal apela –al menos en el discurso– a la austeridad en la administración pública, diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario.
En la mayoría de los casos, las adquisiciones de alcohol se han justificado con la realización de eventos sociales; en otros, sin embargo, la compra de alcohol se ha realizado a petición de las oficinas de los secretarios de Estado.
Es el caso de la Segob, que el 21 de agosto de 2007 gastó 2 mil 560 pesos en dos botellas de tequila Don Julio y una más de coñac Martell XO. La factura 53747, expedida por la vinatería La Europea México, SA de CV, cuya copia posee Contralínea, especifica que se trata de “vino requerido para el comedor del C. Secretario”.
La misma leyenda se advierte en otras dos facturas, correspondientes al 29 de julio y 22 de agosto de 2008, cuando Francisco Ramírez Acuña había sido sustituido por Juan Camilo Mouriño Terrazo al frente de Gobernación. La factura 60425 ampara la compra de una docena de botellas de vino tinto Casa Madero de cepa Cabernet Sauvignon, dos de rompope Santa Clara y una de ron Bacardi Blanco, por las que se pagaron 2 mil 317 pesos; la otra factura, con folio 60860, no especifica los productos que la dependencia adquirió y por los que pagó 3 mil 63 pesos.
La SFP también se allegó bebidas alcohólicas a solicitud expresa de la oficina de su titular, Salvador Vega Casillas. El 8 de agosto de 2008, requirió la compra de docenas de botellas de vino tinto Casa Grande, Casa Madero, Chateau Domecq y Viña Pedrosa, por un monto de 25 mil 426 pesos. En el pedido de compra 212/2008 se lee la razón de la adquisición: “Insumos necesarios para la oficina del C. Secretario”.
Justo un año antes, en agosto de 2007, se habían hecho dos solicitudes similares, pero en tales ocasiones la compra de tres docenas de botellas de vino tinto fue pedida “para atención del décimo piso”, aludiendo al sitio donde despacha Vega Casillas.
El 19 de octubre siguiente, la dependencia encargada de fiscalizar y mejorar la gestión de la administración pública se procuró casi 3 mil 500 pesos en bebidas embriagantes, como vino tinto Chateau Domecq, whisky Buchanan’s, tequila Herradura, brandi Torres 10 y ron Bacardi Blanco y Appleton. El motivo de la compra fue “la atención del C. Secretario”, como consta en la factura 12795 de Bodegas El Celler, SA de CV.
Compra de alcohol prevista en la ley
El diputado Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, justifica que el gobierno compre bebidas alcohólicas con recursos del erario “solamente en una situación muy excepcional, como un evento social”, pero señala que más allá de eso, “sería indebido”.
Cuestionado respecto de la prudencia de estas erogaciones en un contexto de supuesta austeridad, el legislador panista minimiza su importancia al señalar que “no es un gasto relevante, prácticamente no existe”.
En opinión de la doctora Violeta Rodríguez del Villar, especialista en estudios hacendarios y del sector público, lo que se gasta en alcohol es poco respecto de todo el presupuesto que administran las dependencias de gobierno, pero “si consideramos que se divide en pocos puestos, puede llegar a ser muy alto por persona”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que es muy difícil detectar que este tipo de gastos se efectúan, debido a que la legislación del presupuesto no se hace a un nivel de desagregación tan detallado, lo que da “un amplio margen para que exista despilfarro”.
Función Pública señala que la compra de bebidas alcohólicas por parte de entidades de la administración pública se hace con base en lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gasto, que en su concepto 2200 se refiere a los productos alimenticios, y dentro de éste, a la partida 2204, destinada a la adquisición de “todo tipo de alimentos y bebidas” para los servidores públicos cuando se requiera su permanencia en las instalaciones de sus respectivas dependencias.
Asimismo, se consideran las partidas presupuestales 3800 (servicios oficiales), 3801 (gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal) y 3802 (gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades). En ningún caso se detalla qué tipo de bebidas se pueden adquirir o si existen restricciones en función de su costo o de la pertinencia de su compra.
Las solicitudes de compra hechas por Función Pública, a las que Contralínea tuvo acceso, muestran que la mayoría correspondió a peticiones del comedor institucional. Se trata de requisiciones de rompope y vino tinto principalmente, pero también de ron y licores, todas adjudicadas a la partida 2204. Al amparo de dicha partida también se pagó el alcohol de diversos eventos sociales, como la inauguración de la Sexta Exposición Artística de Servidores Públicos, celebrada el 12 de noviembre de 2008 y para la cual se requirieron 24 botellas de vino con un costo total de 5 mil 778 pesos.
Sólo dos solicitudes de compra de la SFP se justificaron en una partida distinta a la 2204. Una correspondió a la adquisición de seis botellas de vino blanco Monte Xanic, por un monto de 1 mil 330 pesos, para un evento social del 19 de junio de 2007. La compra fue hecha con apego a la partida 2203, que cubre los alimentos y bebidas de los servidores públicos en actividades de supervisión, inspección o labores de campo.
La otra requisición se hizo el 6 de agosto del año pasado para la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, evento para el que se pidió fueran despachadas dos docenas de vino blanco y dos más de tinto. Las bebidas, cuya compra se consideró “fundamental”, se ofrecerían en el coctel del evento, una vez que los participantes hubieran discutido estrategias para “mejorar las prácticas de compra gubernamentales”. La solicitud se amparó en la partida 3804, que cubre el costo de servicios integrales contratados para la celebración de congresos y convenciones; sin embargo, con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, no se pudo constatar que la adquisición se haya realizado.
Relaciones Exteriores señaló que sus erogaciones en bebidas alcohólicas se clasifican en la partida 3803, que cubre la celebración de actos conmemorativos y de orden social, como desfiles y ceremonias patrióticas y oficiales. El monto gastado por la Secretaría asciende a 417 mil 488 pesos, siendo el vino tinto Marqués de Riscal la bebida más recurrente en sus eventos.
Gastos en la Presidencia
La Presidencia de la República atribuye sus gastos en bebidas alcohólicas a la partida 2201, que se refiere a productos alimenticios y bebidas para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública, como consta en las facturas de compra, de las que Contralínea tiene copia.
De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.
La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandi, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.
El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos.
El 10 de febrero de 2007 se ofreció un desayuno para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, evento al que asistieron el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina. Ese día, la Presidencia compró seis botellas de tequila Arette reposado y dos más de Arette blanco, tres botellas de tequila José Cuervo, dos de ron Bacardi, dos de licor Baileys, dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, una botella de coñac Hennessy Privilege VSOP y otra Hennessy XO, cuyo costo rebasó los 1 mil 700 pesos. La cuenta de ese día sumó 6 mil 580 pesos.
El martes 24 de junio de 2008, mientras Calderón Hinojosa se encontraba de gira por Campeche y Quintana Roo, la Presidencia solicitó la compra de 28 botellas de vino tinto, incluyendo una docena de la marca Santo Tomás Único, con un precio de 510 pesos cada una. También se pidieron 16 botellas de tequila Maestro Tequilero, en sus presentaciones blanco, añejo y reposado; cinco botellas de licor de café Baileys, tres de ron Bacardi Carta Blanca, dos de vodka Absolut y dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra.
El gasto fue de 17 mil 611 pesos, el mayor de los que ha realizado la Presidencia para adquirir alcohol en un solo día; la cifra rebasa por mucho al gasto realizado el día de la visita del presidente estadunidense Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos, cuando se destinaron 6 mil 880 pesos a la compra de nueve botellas de tequila Maestro Tequilero y dos de la marca 1800, junto con seis botellas de whisky Buchanan’s 12 años y Chivas Regal, dos de vodka Absolut Azul, una de ron Bacardi Blanco y una más de Licor 43.
Sin “ética en el servicio público”
Rodríguez del Villar apunta que hay una “dificultad intrínseca” para dar seguimiento a este tipo de gastos, debido a que es muy complicado llevar el presupuesto a un nivel de desagregación tan grande. No obstante, la doctora en economía reflexiona que en el marco de déficit presupuestario en que opera el gobierno federal “quizás sí convendría hacer todavía más limitados ciertos tipos de gastos”.
La investigadora considera que legislar sobre el tema podría devenir en controversia, pues se plantearía un problema jurídico respecto de por qué fiscalizar estos bienes y no otros. “Se vuelve una cuestión de opinión, pero también es un asunto de ética”, considera.
“No hay una ética del servicio público para evitar que los servidores públicos gasten no nada más en bebidas alcohólicas, sino en cualquier gasto superfluo, bajo la conciencia de que el presupuesto tiene que destinarse al beneficio común”, concluye Rodríguez del Villar.
Entre 2007 y 2009, el corporativo de Pemex gastó 934 mil 477 pesos en la compra de alcohol. Tan sólo el 3 de diciembre de 2007, en la víspera de las fiestas de fin de año, la paraestatal adquirió vinos argentinos, españoles y franceses, así como ron de caña y la bebida española Licor 43, por los que pagó 603 mil 97 pesos, de acuerdo con los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La información, sin embargo, no especifica el destino de las compras ni la cantidad de cada producto adquirido.
El FCE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desembolsó 245 mil 644 pesos en el mismo fin, indica el POT. La editorial del Estado mexicano justificó la erogación de 58 mil 500 pesos en bebidas alcohólicas para la celebración de sus aniversarios de 2008 y 2009, a los que se suman importes de 16 mil 473 pesos para una reunión de comités editoriales en 2007, 11 mil 25 pesos para celebrar su fiesta de fin de año en 2009 y 8 mil 190 pesos más con motivo de una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica.
Dos instituciones de la banca de desarrollo del país también figuran entre las entidades que destinaron recursos públicos a la compra de alcohol. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos gastó 226 mil 600 pesos en bebidas embriagantes para las comidas de fin de año de su personal, siendo 2009 el año en que más recursos destinó: 113 mil pesos en tequila y brandi, sumados a 19 mil 872 pesos en vino tinto y blanco.
El Banco Nacional de Comercio Exterior adquirió botellas de tequila de las marcas Tradicional y Gran Centenario Azul, por 203 mil 484 pesos, además de que gastó 11 mil 395 pesos en dicha bebida para “integrar a la canasta navideña 2007” y otros 148 mil 522 pesos para el arcón de 2008.
En el ámbito de la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía pagó 278 mil 155 pesos por vino para sus diferentes eventos, sin que en el POT se precisen cuáles fueron éstos ni qué tipo de bebidas se ofrecieron. El Instituto Nacional de Bellas Artes compró vinos y cerveza para la apertura de la temporada Otoño 2007. La cuenta fue de 4 mil 826 pesos.
Diversas instancias del Conacyt también sufragaron la compra de alcohol con recursos del erario. En 2007, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo adquirió 25 cartones de cerveza para un “evento de aniversario”, por 2 mil 375 pesos. En alcohol para “congresos y convenciones” realizados durante 2009, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados erogó 3 mil 942 pesos. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica gastó 8 mil 639 pesos en vino alemán Blue Nun, cuyo costo por botella ronda los 115 pesos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas pagó 36 mil 187 pesos en vino para eventos de su dirección. De acuerdo con el contrato PE-180/07, el 17 de julio de 2007 el instituto adquirió 17 mil 221 pesos de vino para un evento de la dirección de administración escolar, no obstante que dos meses antes, el 23 de mayo, había realizado una “compra anual de vino” por 11 mil 493 pesos.
La Sociedad Hipotecaria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gastó en 2007 casi 200 mil pesos en vinos y licores para su canasta navideña, luego de haber destinado 15 mil 600 pesos a pagar el vino tinto que ofreció en la clausura del programa de integración de equipos de trabajo, celebrado en octubre de ese año.
La Secretaría de Energía, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, gastó 12 mil 935 pesos en dos pedidos de alcohol, uno de vino blanco XA Blanc de Blancs de la casa Pedro Domecq, por 6 mil 500 pesos, y otro en 2008 de tequila Herradura reposado, que sumó 6 mil 435 pesos.
Talleres Gráficos de México gastó 15 mil 141 pesos en dos adquisiciones de vino blanco en 2008; la información del POT sólo refiere que se trató de “vino blanco de 4 litros” y no especifica para qué fueron empleados.
Autor: Mayela Sánchez
Revista Contralinea
Sección: Portada
18 Abril 2010
Tan sólo 14 entidades del gobierno federal –incluida la Presidencia de la República– gastaron casi 4 millones de pesos en bebidas alcohólicas desde que Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo. Las dependencias argumentan que “es necesario organizar eventos sociales”; sin embargo, en muchos casos la compra fue hecha a petición expresa de un funcionario; en otros, nunca se justificó el motivo de la adquisición. Ante las lagunas en la ley, la compra de alcohol queda en “un asunto de ética”, señala especialista en gasto público
Mientras el gobierno federal apela –al menos en el discurso– a la austeridad en la administración pública, diversas dependencias del Estado han gastado conjuntamente 3 millones 867 mil 81 pesos en bebidas alcohólicas en un trienio. La Presidencia de la República; las secretarías de Gobernación (Segob), Función Pública (SFP) y Relaciones Exteriores (SRE); así como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) figuran entre las entidades públicas que sufragan el consumo de vino, tequila, coñac, whisky, licores y cerveza con recursos del erario.
En la mayoría de los casos, las adquisiciones de alcohol se han justificado con la realización de eventos sociales; en otros, sin embargo, la compra de alcohol se ha realizado a petición de las oficinas de los secretarios de Estado.
Es el caso de la Segob, que el 21 de agosto de 2007 gastó 2 mil 560 pesos en dos botellas de tequila Don Julio y una más de coñac Martell XO. La factura 53747, expedida por la vinatería La Europea México, SA de CV, cuya copia posee Contralínea, especifica que se trata de “vino requerido para el comedor del C. Secretario”.
La misma leyenda se advierte en otras dos facturas, correspondientes al 29 de julio y 22 de agosto de 2008, cuando Francisco Ramírez Acuña había sido sustituido por Juan Camilo Mouriño Terrazo al frente de Gobernación. La factura 60425 ampara la compra de una docena de botellas de vino tinto Casa Madero de cepa Cabernet Sauvignon, dos de rompope Santa Clara y una de ron Bacardi Blanco, por las que se pagaron 2 mil 317 pesos; la otra factura, con folio 60860, no especifica los productos que la dependencia adquirió y por los que pagó 3 mil 63 pesos.
La SFP también se allegó bebidas alcohólicas a solicitud expresa de la oficina de su titular, Salvador Vega Casillas. El 8 de agosto de 2008, requirió la compra de docenas de botellas de vino tinto Casa Grande, Casa Madero, Chateau Domecq y Viña Pedrosa, por un monto de 25 mil 426 pesos. En el pedido de compra 212/2008 se lee la razón de la adquisición: “Insumos necesarios para la oficina del C. Secretario”.
Justo un año antes, en agosto de 2007, se habían hecho dos solicitudes similares, pero en tales ocasiones la compra de tres docenas de botellas de vino tinto fue pedida “para atención del décimo piso”, aludiendo al sitio donde despacha Vega Casillas.
El 19 de octubre siguiente, la dependencia encargada de fiscalizar y mejorar la gestión de la administración pública se procuró casi 3 mil 500 pesos en bebidas embriagantes, como vino tinto Chateau Domecq, whisky Buchanan’s, tequila Herradura, brandi Torres 10 y ron Bacardi Blanco y Appleton. El motivo de la compra fue “la atención del C. Secretario”, como consta en la factura 12795 de Bodegas El Celler, SA de CV.
Compra de alcohol prevista en la ley
El diputado Marcos Pérez Esquer, secretario de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, justifica que el gobierno compre bebidas alcohólicas con recursos del erario “solamente en una situación muy excepcional, como un evento social”, pero señala que más allá de eso, “sería indebido”.
Cuestionado respecto de la prudencia de estas erogaciones en un contexto de supuesta austeridad, el legislador panista minimiza su importancia al señalar que “no es un gasto relevante, prácticamente no existe”.
En opinión de la doctora Violeta Rodríguez del Villar, especialista en estudios hacendarios y del sector público, lo que se gasta en alcohol es poco respecto de todo el presupuesto que administran las dependencias de gobierno, pero “si consideramos que se divide en pocos puestos, puede llegar a ser muy alto por persona”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que es muy difícil detectar que este tipo de gastos se efectúan, debido a que la legislación del presupuesto no se hace a un nivel de desagregación tan detallado, lo que da “un amplio margen para que exista despilfarro”.
Función Pública señala que la compra de bebidas alcohólicas por parte de entidades de la administración pública se hace con base en lo estipulado en el Clasificador por Objeto de Gasto, que en su concepto 2200 se refiere a los productos alimenticios, y dentro de éste, a la partida 2204, destinada a la adquisición de “todo tipo de alimentos y bebidas” para los servidores públicos cuando se requiera su permanencia en las instalaciones de sus respectivas dependencias.
Asimismo, se consideran las partidas presupuestales 3800 (servicios oficiales), 3801 (gastos de ceremonial del titular del Ejecutivo Federal) y 3802 (gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades). En ningún caso se detalla qué tipo de bebidas se pueden adquirir o si existen restricciones en función de su costo o de la pertinencia de su compra.
Las solicitudes de compra hechas por Función Pública, a las que Contralínea tuvo acceso, muestran que la mayoría correspondió a peticiones del comedor institucional. Se trata de requisiciones de rompope y vino tinto principalmente, pero también de ron y licores, todas adjudicadas a la partida 2204. Al amparo de dicha partida también se pagó el alcohol de diversos eventos sociales, como la inauguración de la Sexta Exposición Artística de Servidores Públicos, celebrada el 12 de noviembre de 2008 y para la cual se requirieron 24 botellas de vino con un costo total de 5 mil 778 pesos.
Sólo dos solicitudes de compra de la SFP se justificaron en una partida distinta a la 2204. Una correspondió a la adquisición de seis botellas de vino blanco Monte Xanic, por un monto de 1 mil 330 pesos, para un evento social del 19 de junio de 2007. La compra fue hecha con apego a la partida 2203, que cubre los alimentos y bebidas de los servidores públicos en actividades de supervisión, inspección o labores de campo.
La otra requisición se hizo el 6 de agosto del año pasado para la V Conferencia Anual de Compras Gubernamentales en las Américas, evento para el que se pidió fueran despachadas dos docenas de vino blanco y dos más de tinto. Las bebidas, cuya compra se consideró “fundamental”, se ofrecerían en el coctel del evento, una vez que los participantes hubieran discutido estrategias para “mejorar las prácticas de compra gubernamentales”. La solicitud se amparó en la partida 3804, que cubre el costo de servicios integrales contratados para la celebración de congresos y convenciones; sin embargo, con la información proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría, no se pudo constatar que la adquisición se haya realizado.
Relaciones Exteriores señaló que sus erogaciones en bebidas alcohólicas se clasifican en la partida 3803, que cubre la celebración de actos conmemorativos y de orden social, como desfiles y ceremonias patrióticas y oficiales. El monto gastado por la Secretaría asciende a 417 mil 488 pesos, siendo el vino tinto Marqués de Riscal la bebida más recurrente en sus eventos.
Gastos en la Presidencia
La Presidencia de la República atribuye sus gastos en bebidas alcohólicas a la partida 2201, que se refiere a productos alimenticios y bebidas para el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y para los efectivos que participen en programas de seguridad pública, como consta en las facturas de compra, de las que Contralínea tiene copia.
De enero de 2007 a noviembre del año pasado, la oficina de la Presidencia desembolsó 685 mil 837 pesos en alcohol. El producto más socorrido fue el tequila, del que se adquirieron 999 botellas de las marcas Don Julio y José Cuervo Reserva de la Familia, cuyo costo es de 865 pesos por botella.
La Presidencia también compró 516 botellas de vino tinto, 269 de whisky, 147 de licores, 130 de ron, 83 de vino blanco, 60 de brandi, 48 de coñac, 44 de vino oporto y 19 de vodka.
El 2 de enero de 2007, un mes después de que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión de la Presidencia de la República, la dependencia adquirió 3 mil 862 pesos en bebidas alcohólicas. En total fueron 16 botellas, entre licor de café Baileys, vino oporto Ferreira Tawny, whisky Chivas Regal y Johnnie Walker Etiqueta Negra, vino blanco L.A. Cetto Fumé Blanc y una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia. Ese mismo día, Calderón Hinojosa dio un mensaje al gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos.
El 10 de febrero de 2007 se ofreció un desayuno para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, evento al que asistieron el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina. Ese día, la Presidencia compró seis botellas de tequila Arette reposado y dos más de Arette blanco, tres botellas de tequila José Cuervo, dos de ron Bacardi, dos de licor Baileys, dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra, una botella de coñac Hennessy Privilege VSOP y otra Hennessy XO, cuyo costo rebasó los 1 mil 700 pesos. La cuenta de ese día sumó 6 mil 580 pesos.
El martes 24 de junio de 2008, mientras Calderón Hinojosa se encontraba de gira por Campeche y Quintana Roo, la Presidencia solicitó la compra de 28 botellas de vino tinto, incluyendo una docena de la marca Santo Tomás Único, con un precio de 510 pesos cada una. También se pidieron 16 botellas de tequila Maestro Tequilero, en sus presentaciones blanco, añejo y reposado; cinco botellas de licor de café Baileys, tres de ron Bacardi Carta Blanca, dos de vodka Absolut y dos de whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra.
El gasto fue de 17 mil 611 pesos, el mayor de los que ha realizado la Presidencia para adquirir alcohol en un solo día; la cifra rebasa por mucho al gasto realizado el día de la visita del presidente estadunidense Barack Obama a la residencia oficial de Los Pinos, cuando se destinaron 6 mil 880 pesos a la compra de nueve botellas de tequila Maestro Tequilero y dos de la marca 1800, junto con seis botellas de whisky Buchanan’s 12 años y Chivas Regal, dos de vodka Absolut Azul, una de ron Bacardi Blanco y una más de Licor 43.
Sin “ética en el servicio público”
Rodríguez del Villar apunta que hay una “dificultad intrínseca” para dar seguimiento a este tipo de gastos, debido a que es muy complicado llevar el presupuesto a un nivel de desagregación tan grande. No obstante, la doctora en economía reflexiona que en el marco de déficit presupuestario en que opera el gobierno federal “quizás sí convendría hacer todavía más limitados ciertos tipos de gastos”.
La investigadora considera que legislar sobre el tema podría devenir en controversia, pues se plantearía un problema jurídico respecto de por qué fiscalizar estos bienes y no otros. “Se vuelve una cuestión de opinión, pero también es un asunto de ética”, considera.
“No hay una ética del servicio público para evitar que los servidores públicos gasten no nada más en bebidas alcohólicas, sino en cualquier gasto superfluo, bajo la conciencia de que el presupuesto tiene que destinarse al beneficio común”, concluye Rodríguez del Villar.
Entre 2007 y 2009, el corporativo de Pemex gastó 934 mil 477 pesos en la compra de alcohol. Tan sólo el 3 de diciembre de 2007, en la víspera de las fiestas de fin de año, la paraestatal adquirió vinos argentinos, españoles y franceses, así como ron de caña y la bebida española Licor 43, por los que pagó 603 mil 97 pesos, de acuerdo con los datos disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). La información, sin embargo, no especifica el destino de las compras ni la cantidad de cada producto adquirido.
El FCE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desembolsó 245 mil 644 pesos en el mismo fin, indica el POT. La editorial del Estado mexicano justificó la erogación de 58 mil 500 pesos en bebidas alcohólicas para la celebración de sus aniversarios de 2008 y 2009, a los que se suman importes de 16 mil 473 pesos para una reunión de comités editoriales en 2007, 11 mil 25 pesos para celebrar su fiesta de fin de año en 2009 y 8 mil 190 pesos más con motivo de una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica.
Dos instituciones de la banca de desarrollo del país también figuran entre las entidades que destinaron recursos públicos a la compra de alcohol. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos gastó 226 mil 600 pesos en bebidas embriagantes para las comidas de fin de año de su personal, siendo 2009 el año en que más recursos destinó: 113 mil pesos en tequila y brandi, sumados a 19 mil 872 pesos en vino tinto y blanco.
El Banco Nacional de Comercio Exterior adquirió botellas de tequila de las marcas Tradicional y Gran Centenario Azul, por 203 mil 484 pesos, además de que gastó 11 mil 395 pesos en dicha bebida para “integrar a la canasta navideña 2007” y otros 148 mil 522 pesos para el arcón de 2008.
En el ámbito de la cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía pagó 278 mil 155 pesos por vino para sus diferentes eventos, sin que en el POT se precisen cuáles fueron éstos ni qué tipo de bebidas se ofrecieron. El Instituto Nacional de Bellas Artes compró vinos y cerveza para la apertura de la temporada Otoño 2007. La cuenta fue de 4 mil 826 pesos.
Diversas instancias del Conacyt también sufragaron la compra de alcohol con recursos del erario. En 2007, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo adquirió 25 cartones de cerveza para un “evento de aniversario”, por 2 mil 375 pesos. En alcohol para “congresos y convenciones” realizados durante 2009, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados erogó 3 mil 942 pesos. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica gastó 8 mil 639 pesos en vino alemán Blue Nun, cuyo costo por botella ronda los 115 pesos.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas pagó 36 mil 187 pesos en vino para eventos de su dirección. De acuerdo con el contrato PE-180/07, el 17 de julio de 2007 el instituto adquirió 17 mil 221 pesos de vino para un evento de la dirección de administración escolar, no obstante que dos meses antes, el 23 de mayo, había realizado una “compra anual de vino” por 11 mil 493 pesos.
La Sociedad Hipotecaria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gastó en 2007 casi 200 mil pesos en vinos y licores para su canasta navideña, luego de haber destinado 15 mil 600 pesos a pagar el vino tinto que ofreció en la clausura del programa de integración de equipos de trabajo, celebrado en octubre de ese año.
La Secretaría de Energía, a través del Instituto de Investigaciones Eléctricas, gastó 12 mil 935 pesos en dos pedidos de alcohol, uno de vino blanco XA Blanc de Blancs de la casa Pedro Domecq, por 6 mil 500 pesos, y otro en 2008 de tequila Herradura reposado, que sumó 6 mil 435 pesos.
Talleres Gráficos de México gastó 15 mil 141 pesos en dos adquisiciones de vino blanco en 2008; la información del POT sólo refiere que se trató de “vino blanco de 4 litros” y no especifica para qué fueron empleados.
Recursos gastados en bebidas alcohólicas durante la administración calderonista
| Dependencia | Monto (pesos) |
| Petróleos Mexicanos | 934,477 |
| Presidencia | 685,837 |
| Secretaría de Relaciones Exteriores | 417,488 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior | 363,402 |
| Secretaría de Gobernación | 296,216 |
| Instituto Mexicano de Cinematografía | 278,155 |
| Fondo de Cultura Económica | 245,644 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 226,600 |
| Sociedad Hipotecaria Federal | 204,911 |
| Secretaría de la Función Pública | 130,306 |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 51,142 |
| Talleres Gráficos de México | 15,141 |
| Secretaría de Energía | 12,935 |
| Instituto Nacional de Bellas Artes | 4,826 |
| Total | 3,867,081 |
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