Por Ramón Alberto Garza-Reporte Índigo
16 Oct 2009
La decisión de Felipe Calderón de liquidar Luz y Fuerza del Centro deja al descubierto los claroscuros del conflicto eléctrico...
Para la mayoría de los ciudadanos, de los contribuyentes y de los usuarios, ya era hora de poner el alto a los privilegios sindicales y al mal servicio.
El presidente actuó y asumió los riesgos. Lo que ninguno de sus antecesores se atrevió a hacer.
Para la mayoría de los sindicalizados, algunos abogados y analistas, las cifras de esta crisis sólo exhiben medias verdades y esconden una intención distinta.
La de integrar el sector eléctrico para facilitar una red nacional de fibra óptica. La plataforma del futuro.
En este conflicto se pasa de la luz a la sombra...
Del valor presidencial...
al conficto de las cifras.
El presidente Felipe Calderón asumió la decisión y tomó el riesgo que ninguno de sus antecesores en Los Pinos se atrevió a enfrentar: liquidar Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
En un sorpresivo operativo de sábado por la noche, cobijados por la euforia del pase de la Selección Mexicana al Mundial de Sudáfrica, elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones de la empresa.
Una hora más tarde, el decreto de liquidación se publicaría en el Diario Oficial. Era extinguida una de las empresas públicas que se había convertido en la pesadilla de cada sexenio. Y con ella la disolución de un sindicato que media docena de veces puso al gobierno contra la pared.
Pero la acción política más celebrada en lo que va del sexenio calderonista tiene sus luces y sombras.
Para una inmensa mayoría, la de los usuarios, la de los contribuyentes, la del ciudadano, fue un acto presidencial valiente, una acción necesaria para comenzar a frenar los abusos sindicales en las empresas públicas.
Fue un golpe de timón que ya le hacía falta a una desacreditada administración y que inicia el cumplimiento de las 10 promesas que el presidente hiciera al alcanzar la mitad de su mandato.
Suprimir de súbito los privilegios y las canonjías de un sindicato que no pudo ser dominado ni por poderosos mandatarios como Carlos Salinas de Gortari, demandó de voluntad política. Y Felipe Calderón la tuvo. Al fin alguien se decidió a pagar el costo político de una confrontación así.
Para otros, una menos inmensa mayoría, la de los sindicalizados de gremios oficiales, como los electricistas, los telefonistas, los maestros, los petroleros, fue un manotazo de poder. Algo que no les gustó, aunque por ahora guarden un prudente silencio para evitar ser los que siguen.
Un abuso que no respetó el régimen legal y que pasó por encima de privilegios y canonjías convertidos en derechos laborales, concedidos por regímenes priistas que pagaron caro el voto clientelar que los sostenía en Los Pinos. Pero derechos al fin.
Un golpe que tendrá serias consecuencias jurídicas y laborales, pero sobre todo políticas, para un régimen que pudiendo estar en lo correcto en la decisión de fondo, podría estarse equivocado en las formas. Y eso se verá en los tribunales... y en el asalto a la calle.
La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es vista por algunos como una maniobra que podría esconder otra intención.
La de rescatar su infraestructura eléctrica para montar un negocio de mayor futuro: el de la fibra óptica y el triple play.
Es la potencial creación de un rival para Telmex y Carlos Slim. La potencial creación de otro Telmex y otro Carlos Slim. Depende de cómo se maneje.
El cobijo de la mayor red de postería y cableado a nivel nacional, ahora bajo el paraguas de la CFE, lista para ser licitada o asignada a quien si la sabe manejar, se convertiría en el nuevo poder de las telecomunicaciones.
Por eso el gobierno del presidente Calderón está obligado a moverse ahora con pies de plomo. Porque habiendo noqueado en el primer round, no puede ser derribado por un golpe de exceso de confianza.
Hay lagunas jurídicas, faltan explicaciones, es necesario trasparentar las asignaciones o las posibles licitaciones de esa fibra óptica. De ello dependerá el juicio histórico de la decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro. Analicemos.
LO SABÍAN, NO LO ASUMÍAN
"Esta decisión ha sido compleja y difícil, tan difícil que, quizá por esa razón, no se había tomado en varias décadas, en que se sabía que era la decisión correcta". La cita es del presidente Felipe Calderón. Y tiene razón.
Desde los tiempos de Adolfo López Mateos, pasando por el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y luego por el de Luis Echeverría, cada sexenio se abría la confrontación con un sindicato de izquierda radical, beligerante, amenazante.
De hecho, fue Luis Echeverría el que declaró en 1975 a la empresa en liquidación. Pero fue una decisión de papel. En los hechos continuó funcionando y su sindicato prestando los favores electorales que luego eran cobrados.
Y si a Luis Echeverría le tocó colocar a LyFC en la antesala de la liquidación, fue Carlos Salinas de Gortari quien le quitó la etiqueta de "empresa en liquidación". Sus servicios electorales en 1988 le valieron que el cuestionado mandatario la considerara un año más tarde, en 1989, como un organismo público descentralizado.
A pesar de estar conscientes de sus fallas y de su costo para las finanzas públicas, ni el priista Ernesto Zedillo ni el panista Vicente Fox se decidieron a dar el paso que ahora da Felipe Calderón.
Por eso la sorpresa del sábado. Una acción que comenzó a dibujarse por la tarde, en pleno juego de la Selección Mexicana en su disputa por el pase a Sudáfrica, cuando se detectó un inusual movimiento en Los Pinos.
Una operación que se inició con la súbita intervención de las instalaciones de LyFC y que terminó de consumarse con la publicación en el Diario Oficial -a medianoche- del decreto que confirmaba su liquidación.
A partir de estos hechos, una mayoría sostiene que la liquidación es asunto consumado. Y que la intranquilidad sindical se irá apagando cuando los trabajadores pasen uno a uno por su cheque de finiquito laboral. Y que la recontratación de algunos terminará por minar el movimiento.
Para otros, en cambio, el verdadero problema apenas comienza. No se han medido las consecuencias, dicen, y existen serios problemas de forma que podrían terminar de contaminar el fondo de esta decidida acción.
Aquí se unen sindicalistas, abogados y analistas que consideran que la resolución presidencial puede ser combatida en distintos frentes. Incluso advierten que podrían revertirla.
La combinación de una serie de desaciertos legales con el nivel de beligerancia del SME podría ser un coctel explosivo.
Sobre todo si en lo legal se considera que el consejero del sindicato, Gabriel Reyes Orona, y el asesor de un grupo de trabajadores, Néstor de Buen, están poniéndole el cascabel al gato jurídico.
En lo laboral, al margen de la beligerancia sindical, el abandono en el que están las instalaciones de LyFC las convierte en un territorio que sólo puede ser operado eficientemente por los que conocen sus entrañas, que son los trabajadores ahora en liquidación.
Pero, ¿qué es lo que está sobre la mesa? Veamos.
¿QUIÉN CAUSA LAS PÉRDIDAS?
Los electricistas arropados bajo las siglas del SME están irritados. No sólo amanecieron el domingo sin su trabajo. El presidente también los señaló como "los 44 mil privilegiados".
Y no hay duda de que tiene sus privilegios. Prestaciones que están muy por encima de las que reciben los demás trabajadores mexicanos en igualdad de condiciones. Jubilaciones muy anticipadas a la edad promedio y pensiones que superan los sueldos que los trabajadores tenían cuando estaban en activo.
El argumento presidencial es que esos 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas disfrutan de prebendas y prestaciones similares en monto a lo que destina el gobierno federal al programa Oportunidades. Y esa acción beneficia a 25 millones de mexicanos.
La sentencia presidencial es contundente: "He propuesto reducir tres Secretarías de Estado, lo que no había propuesto ningún Presidente; y que incluso, organismos que teníamos que destinarles tanto dinero como le destinábamos a Oportunidades; es decir, para las prestaciones, privilegios, de 44 mil personas, le destinábamos casi todo lo que le destinamos a beneficiar a 25 millones de mexicanos".
Sin embargo, hay quienes cuestionan si es necesario que los asesores del presidente Calderón lo hagan recurrir a estas comparaciones. Porque el efecto mediático es que en el pago de esos excesos está la gran pérdida de LyFC.
Por eso la pregunta: ¿hasta dónde es cierto que los sindicalizados del SME son los directamente responsables de todos los problemas de la empresa?
De acuerdo a la versión oficial, el costo de operar esta empresa eléctrica fue siempre tan elevado y deficitario, que "no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público" mantener la existencia de Luz y Fuerza del Centro.
El decreto presidencial de liquidación consigna que "del 2001 al 2008, las transferencias se incrementaron en más de 200 por ciento. Y para el el 2009, esas transferencias serán del orden de 41 mil 945 millones de pesos".
Se advertía que "de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración". Y sí, estos hechos son ciertos.
Pero son medias verdades, porque las transferencias presupuestales no serían necesariamente para cubrir la excesiva nómina a favor de los llamados trabajadores privilegiados.
Y eso no es una deducción gratuita. Es matemática simple.
Si los 44 mil trabajadores van a ser liquidados con 33 meses de sueldo, y la liquidación total será de 24 mil millones de pesos, eso significa que la nómina anual, incluyendo prestaciones, ronda los 7 mil millones de pesos.
Ese monto apenas significa la quinta parte de los 33 mil millones de pesos de transferencias presupuestales. O la séptima parte de los 50 mil millones de pesos que LyFC vende de energía. Entonces, ¿a dónde se van esas pérdidas?
La explicación es simple. LyFC está obligada a comprar energía eléctrica a la CFE. Y el precio al que la compra es muy superior al precio de venta.
Bajo esta premisa, cualquier empresa que vende su mercancía por debajo del costo de producción o del precio de compra, perderá dinero.
En 2008, LyFC vendió 48 mil millones de pesos. Pero a la CFE le pagó 56.6 millones de pesos por la electricidad que le compró.
Tan sólo por ese concepto, el diferencial entre compra y venta, y de acuerdo con las cifras oficiales, LyFC perdió el año pasado 8.6 mil millones de pesos.
La segunda razón de las pérdidas crónicas de la ahora empresa en liquidación es la cantidad de energía que se pierde en su distribución.
Esto incluye deficiencias en su distribución, "diablitos", consumidores "colgados" que no pagan y empresas privadas y públicas que evaden parcial o totalmente su pago.
En el decreto de liquidación se afirma que en "2008, Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender.
"El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo".
Y aquí es donde cabe la pregunta: ¿son las pérdidas de energía responsabilidad de los trabajadores del SME?
El gobierno federal reconoce que al menos una tercera parte de estas pérdidas son normales. Les denominan "perdidas técnicas".
El resto es energía robada o no pagada. Por "colgados", por "diablitos", o por robo abierto del servicio. Y los trabajadores no niegan que existan estas pérdidas.
Tan trabajan para reducirlas, que ese avance fue reconocido por el presidente Felipe Calderón en su Tercer Informe al señalar que en ese rubro se recuperaron unos 3 mil millones de pesos.
Pero los trabajadores señalan que carecen de los recursos para proteger las líneas de conducción con un "blindaje" que evitaría el robo de energía.
Peor aún. La tarea persecutoria de los que roban energía eléctrica no es función de los trabajadores. Ni del SME ni de la CFE. Y que se sepa, son muy pocas las personas que están purgando una pena por el robo del servicio.
Sea como fuere, la suma de los 25 mil millones de pesos por pérdidas de energía, acumulados a los 8 mil 600 millones de pesos del diferencial de precio entre lo que se compra y lo que se vende, suman 33 mil 600 millones de pesos.
Si las matemáticas son correctas, resultará que los beneficiarios de la transferencia presupuestal no son los trabajadores.
¿A DÓNDE VAN LOS PASIVOS LABORALES?
Otro cuestionamiento sensible tiene que ver con los pasivos laborales, es decir, las antigüedades acumuladas.
Y en los considerandos del decreto presidencial, se establece que la extinción de la empresa era necesaria para frenar los elevados y crecientes pasivos laborales.
En el decreto se afirma que: "El organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado".
Si asumimos ese razonamiento, pareciera que el gobierno acudió a esta estrategia para cortar por lo sano el pasivo contingente que se venía generando por las jubilaciones de los trabajadores en activo.
Simplemente, desaparecer la potencial "obligación registrada" de 80 mil millones de pesos, a cambio de erogar hoy 24 mil millones por la vía de generosas liquidaciones.
¿Y qué pasará con los restantes 160 mil millones de pesos de pasivos laborales de los jubilados? ¿De dónde saldrán? ¿Serán liquidados?
Si esto es así, ¿no estaríamos frente al caso del patrón que mediante una estrategia de liquidación busca eludir las obligaciones que él mismo permitió que se generaran a través de consentir un clausulado inconveniente para la empresa en el contrato colectivo de trabajo?
Más aún cuando se plantea que LyFC continuará laborando, con los mismos clientes, en las mismas instalaciones, con los mismos proveedores y, eventualmente, hasta con los mismos trabajadores. Eso ya lo reconoció el gobierno.
¡ES LA FIBRA ÓPTICA, ESTÚPIDOS!
Quizá el hecho que más suspicacias despierta es el empleo de la infraestructura de LyFC para la instalación de una red de fibra óptica.
Eso debido a que fuera de Telmex, que detenta el monopolio y uso exclusivo de sus postes de teléfono, son LyFC y la CFE las que tienen no sólo la otra postería, sino la más completa.
Y ése es un activo vital para instalar una red nacional de telecomunicaciones para voz, datos e imágenes -conocida como triple play-, uno de los negocios más promisorios y con futuro.
Baste decir que empresas como Électricité de France facturan más por los servicios de telecomunicaciones que por la proveeduría de energía eléctrica en sí.
Hasta ahora, nadie ha respondido a la denuncia de que una empresa española, WL Comunicaciones, en sociedad con dos ex secretarios de Energía del sexenio de Vicente Fox -Fernando Canales y Ernesto Martens-, fueran los beneficiarios de la asignación directa de un contrato para instalar fibra óptica en la infraestructura de LyFC.
De acuerdo al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el contrato en cuestión fue suspendido por incumplimiento de LyFC y de la firma española.
Sin embargo, el negocio está ahí. Sobre todo ahora que la CFE ya anunció la inminente licitación de su fibra oscura, que permitirá el tendido de una red de telecomunicaciones aprovechando su red nacional de fibra óptica.
La asignación o subasta de una red nacional integrada, y no dividida, como sería si se mantuvieran separadas LyFC y la CFE, sería más apetecible para el potencial beneficiario. Un nuevo Carlos Slim.
Por eso el gobierno está obligado a trasparentar este capítulo de futuro. Para evitar la posible percepción de que detrás de una decisión laboral, se esconden motivos de control y de negocios para terceros.
La decisión asumida por el presidente Felipe Calderón es lo suficientemente contundente como para ser cuestionada por información deformada o a medias.
Definir a dónde se iban las transferencias, qué pasará con el pasivo laboral y para quién será el negocio de la fibra óptica dará certeza a la decisión que hoy tiene el respaldo de las mayorías.
No hacerlo será permitir que el fantasma de la duda lesione lo que podría ser el principio de una necesaria purificación sindical. Y entonces sí, las consecuencias serán impredecibles y la buena fortuna política se podría revertir. Veremos.
