miércoles, 28 de octubre de 2009

Bitácora Mexicana del 25 de octubre de 2009.

Tema: El proceso legislativo
Invitados: Alfonso Navarrete Prida (PRI), Pedro Vázquez González (PT) y Agustín Torres Ibarrola (PAN)


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martes, 27 de octubre de 2009

Audio: Carmen Aristegui 27 octubre 09

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Contradice informe de la Sener las razones para extinguir Luz y Fuerza

  • La dependencia alertó al Ejecutivo sobre "costos inevitables" y posibles "disturbios sociales"

  • El documento señala que la principal carga de la empresa no es resultado del contrato colectivo de trabajo, sino la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad

  • La dependencia alertó al Ejecutivo sobre "costos inevitables" y posibles "disturbios sociales"


Enrique Méndez/Periódico La Jornada
Martes 27 de octubre de 2009, p. 3


El presidente Felipe Calderón decidió emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) aun cuando la Secretaría de Energía (Sener) alertó que "los costos asociados a esta propuesta desafortunadamente son inevitables", y que la liquidación de 44 mil 600 trabajadores "podría implicar riesgos inminentes a la integridad física de las personas y de sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida".

En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en el Diagnóstico de Luz y Fuerza, documentos que el gobierno de Calderón clasificó como reservados por uno y 12 años, respectivamente, el subsecretario de Electricidad de la Sener, Benjamín Contreras Astiazarán, reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos –incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral–, la principal carga no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el costo de combustibles para su generación.

Al incluirse este factor, el costo de la operación de Luz y Fuerza se elevó ese año a 107 mil millones de pesos. En el discurso para justificar la desaparición de la empresa únicamente se ha considerado la carga económica que representa la fuerza laboral, cuando en realidad, y de acuerdo con el documento, el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales.

...entre sus conclusiones reconoce que la principal carga financiera se debe a los cada vez más altos costos de venta de electricidad de CFE a Luz y Fuerza.
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Los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: "La Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible".

Calderón indica que, "previo agotamiento de los requisitos legales y reglamentarios", decidió extinguir el organismo.

Ramírez Acuña no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida (PRI), ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.

Encargado de realizar el diagnóstico de la empresa para justificar su desaparición, Contreras Astiazarán aseguró que desde la óptica de una administración pública eficiente, comprometida con la racionalización del gasto, "no podría decirse que existe alguna desventaja de la solución propuesta, dado que la problemática financiera y operativa de Luz y Fuerza no podría remediarse. Ésta es una realidad contundente".

Aun así, admitió que los costos por la desincorporación de la empresa "serían importantes, principalmente por los pasivos laborales, pero en éstos se incurrirá, con o sin su extinción, en esta administración o en gobiernos subsecuentes".

En este punto consideró que, además de los disturbios sociales, también podrían esperarse "eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mayor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza, pero que pueden resultar inevitables".

También anticipó el inicio de procedimientos judiciales "tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza".

...a corto plazo de consumo de energía eléctrica quedará rebasada por la capacidad instalada de infraestructura, debido principalmente a la falta de inversión en subestaciones y redes de distribución...

El Diagnóstico de Luz y Fuerza se centra en las cargas financieras resultado del contrato colectivo de trabajo, e incluso presenta una curva del crecimiento de nuevas plazas, que comenzó a repuntar en 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando había 35 mil trabajadores afiliados al SME, pero que registró su principal crecimiento en la administración de Vicente Fox, cuando había 41 mil. De 2006 a 2009, la planta laboral se incrementó en 3 mil 600 trabajadores.

Enfocado en atribuir la inviabilidad de la empresa a los beneficios laborales, el documento detalla con amplitud las prestaciones, pero omite las de los funcionarios de nivel directivo.

Incluye, por ejemplo, el apartado "Inexistencia de multifuncionalidad de los trabajadores", donde se argumenta que, gracias a las cláusulas 10 y 17 del contrato colectivo de trabajo, todo empleo en Luz y Fuerza debe corresponder a una tarea o función productiva, lo cual permite que sólo realicen la actividad expresamente señalada en su puesto.

En ese extremo, añade: "El chofer de una cuadrilla de trabajadores no tiene entre sus funciones cambiar una llanta, si ésta se poncha, o el personal que toma las lecturas en los medidores no puede entregar recibos".

Aun así, entre sus conclusiones reconoce que la principal carga financiera se debe a los cada vez más altos costos de venta de electricidad de CFE a Luz y Fuerza.

En este caso, informó que en 2008 la nómina, que incluye salarios más prestaciones, representó 15 por ciento del costo total del organismo, mientras que el pasivo laboral, donde se consideran pensiones, compensaciones por antigüedad, indemnizaciones y seguro sindical, constituyó 64 por ciento.

"Incluyendo la energía comprada y el costo de combustibles, el costo total del organismo (costo total de explotación) en 2008 se incrementa en casi 2.5 veces, y como es de esperarse el porcentaje que representan la nómina y el pasivo laboral de los costos del organismo disminuyen a 6 y 27 por ciento, respectivamente", explica el documento.

Zonas críticas en el DF y zona conurbada

También, el diagnóstico, de 68 páginas, identifica 22 zonas críticas en el Distrito Federal y su zona conurbada, debido a que la demanda actual o pronosticada a corto plazo de consumo de energía eléctrica quedará rebasada por la capacidad instalada de infraestructura, debido principalmente a la falta de inversión en subestaciones y redes de distribución.

El anexo 7 incluye la lista de esas zonas críticas: Corredor Reforma, Benito Juárez, Coapa-Culhuacán, Pachuca, Tula, Tepeji, Cartagena, Tecámac, Tizayuca, Lomas Verdes, Tepotzotlán, Huehuetoca, Anáhuac, Chicoloapan-Aurora, Zaragoza, Juchitepec-Chalco, Totoltepec, San Carlos, San Cayetano, Tlaltelulco y Amomolulco.

Luz y Fuerza, resalta, no pudo cumplir con la demanda de instalación de redes y distribución de energía en el proyecto Ciudad Jardín Neza, y debió atender algunos proyectos con subestaciones móviles, con un costo de 534 millones de pesos.

"Esa solución no puede considerarse permanente, por lo que en algún momento tendrán que realizarse las inversiones necesarias para realizar inversiones en la zona de influencia de Luz y Fuerza", indicó.

viernes, 23 de octubre de 2009

Audio: Carmen Aristegui 23 octubre 09

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¡Chispas! ¿también en la CFE?





Por Anabel Hernández
23 Oct 2009
El principal argumento del gobierno federal para desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y encargar a la Comisión Federal de Electricidad el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción.

Hasta ahora, ésa es la versión del gobierno federal. Pero la realidad podría ser muy diferente.



Documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.

Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por documentos internos inéditos de la CFE en poder de Reporte Índigo, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gansterismo imperan en algunas áreas de la compañía.

Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por funcionarios de la CFE y empresas nacionales e internacionales que han sido beneficiadas con contratos multimillonarios.

Algunos se refieren a este grupo como "el cártel de la electricidad". Reporte Índigo tuvo acceso a tarjetas informativas inéditas que Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular del Órgano de Control Interno de la CFE, envió a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de Gestión Pública de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Esto fue a finales del gobierno de Ernesto Zedillo.

En ellas, Olvera Mazariegos señala la "multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de obras de la CFE".

"Estas prácticas son del todo conocidas por empresas internacionales que potencialmente pudieran participar en éstas y de esa forma lograr para la entidad obras con mayor calidad y mejor costo de oportunidad", afirma Olvera Mazariegos en la tarjeta dirigida a López Araiza Orozco el 9 de agosto del año 2000.

"Los beneficios que pudieran resultar no se obtienen ya que CFE se encuentra catalogada como una entidad operada por funcionarios corruptos que impiden la participación de empresas en las áreas de generación, transmisión, distribución, empresas que no se involucren en irregularidades en las asignaciones", puntualiza.

Señala que las obras en las que detectaron más irregularidades fueron las centrales termoeléctricas Samalayuca II, Monterrey II y Topolobampo; las turbogeneradoras El Sauz, Huinalá y Hermosillo, así como la terminal de recibo y manejo de carbón para la termoeléctrica Petacalco.

La lista negra de 10 funcionarios presuntamente corruptos está encabezada por Néstor Félix Moreno Díaz, entonces coordinador de Transmisión y Transformación, y Rogelio Gasca Neri, ex director general de la CFE.

Pero Moreno Díaz no fue sancionado, sino premiado.

Actualmente es director de Operaciones de la CFE.

Fue nombrado por el actual director general de la empresa, Alfredo Elías Ayub, el 4 de abril de 2007.

Se pasó por alto el negro historial del funcionario, que incluye una inhabilitación por 10 años ordenada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

Y después de años de estar fuera de la administración pública, Gasca Neri fue contratado por Pemex el 17 de marzo de 2009 como consejero profesional del Consejo de Administración de la paraestatal.

Aunque Olvera Mazariegos recomendó entablar una denuncia penal contra estos funcionarios, lo cual consta en sus tarjetas informativas, ni Alfredo Elías Ayub ni López Araiza Orozco lo secundaron.

El problema es que las prácticas irregulares de la CFE no son cosa del pasado.En entrevista exclusiva con Reporte Índigo, Cuauhtémoc Velasco,director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, quien desde hace más de 10 años investiga y documenta actos ilegales cometidos por la CFE, afirma que la corrupción sigue enquistada en la paraestatal.

De acuerdo a sus cálculos, esa corrupción significa un quebranto al erario que asciende a mil 900 millones de dólares anuales.

Además, Velasco entregó a Reporte Índigo el audio de una conversación que tuvo uno de sus colaboradores con Rogelio Ángel Valencia, actual jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

En dicha plática se revela el modus operandi de los presuntos funcionarios corruptos de la empresa.

Éste es el lado oscuro de la CFE, paraestatal a la que el gobierno federal pretende encargar la responsabilidad de iluminar a todo México.

Eran los últimos meses del sexenio de Ernesto Zedillo.

Antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio, había un clima de incertidumbre en las áreas de control interno de la CFE y en la Secretaría de la Contraloría.

No tenían claro quién ganaría, y existía el temor de que si no triunfaba el PRI, la corrupción de la CFE saldría a la luz pública, lo cual tendría consecuencias administrativas y penales para los involucrados.

El temor no era fortuito.

Era descomunal el cúmulo de irregularidades en los millonarios contratos asignados por la Comisión Federal de Electricidad con cargo a Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto) para la construcción de centrales termoeléctricas y unidades turbogeneradoras.

Se modificaron bases de licitación para beneficiar a ciertas empresas, se pagaron sobreprecios, los trabajos que entregaron las empresas no cumplían con las especificaciones de los contratos.

Y todo esto tendría un impacto en la deuda pública de los siguientes cinco sexenios, 30 años.

En entrevista exclusiva, Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, explica que en aquella época, él era diputado federal de la 57 Legislatura.

Pertenecía a la bancada del PRD y era representante de ese partido ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Desde 1997 comenzó a recibir información sobre actos de corrupción en la asignación de los grandes contratos de termoeléctricas, en particular la de Petacalco, cuyo contrato fue entregado a la empresa Techint en 1993, cuando gobernaba el presidente Carlos Salinas de Gortari.

Desde entonces, y durante los siguientes 12 años, Velasco ha hecho constantes denuncias ante las autoridades y medios de comunicación para señalar la pérdida de millones de dólares que provoca la corrupción de la CFE.

Hoy, cuando el gobierno federal espera que la CFE sea la solución a la corrupción, la ineficiencia y las supuestas pérdidas millonarias generadas por Luz y Fuerza del Centro (LyFC), las denuncias de Velasco y la documentación que presenta adquieren otra relevancia.

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Irregularidades en los contratos más importantes


Ocultan irregularidades


Ropa Sucia

Reporte Índigo tuvo acceso a cuatro tarjetas informativas que circularon a fines del gobierno zedillista entre los funcionarios responsables de realizar auditorías y señalar las sanciones correspondientes.



El 22 de junio de 2000, Rafael Bustos Hernández, asesor del Órgano Control Interno de la CFE, escribió una tarjeta a Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular de dicho órgano.

En esa tarjeta, Bustos señaló que en el proceso de transición gubernamental del año 2000 sería necesario prevenir y corregir las irregularidades detectadas por las distintas áreas de fiscalización de la CFE.

Informó a Olvera Mazariegos que se había creado un grupo en la paraestatal para abatir el número de irregularidades que estaban en proceso "y establecer las medidas que eviten que estas irregularidades sean de conocimiento público, ya que se les ha pedido la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas".

También afirmó que la posible llegada del candidato del PRD a la Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, era un riesgo para "todos".

Bustos señaló que el entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Arsenio Farell Cubillas, había informado al director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, de las irregularidades cometidas en las licitaciones de 12 de las obras más importantes realizadas por la paraestatal.

Se trata de las centrales de ciclo combinado y unidades de turbogas Rosarito III, El Sauz, Altamira II, Tuxpan II, Monterrey III, Hermosillo, Río Bravo y Samalayuca; las centrales de diésel Guerrero Negro II y San Carlos, y las centrales geoeléctricas Cerro Prieto IV y Tres Vírgenes.

Bustos puntualizó que se pagaron contratos de subestaciones y líneas de transmisión que no estaban en operación. Reporte Índigo tuvo acceso a las copias de dichos pagos.

Correspondían a subestaciones que no se encontraban en operación comercial y, sin embargo, al mes de abril del año 2000, había pagos trimestrales que sumaban 46.22 millones de dólares.

En la tarjeta, Bustos reconoció abiertamente que se manipularon las bases de licitación para beneficiar a la mancuerna formada por Techint y Grupo Mexicano de Desarrollo para construir la terminal de recibo y manejo de carbón Petacalco.

Cuauhtémoc Velasco afirma que en 1998 habló con Gasca Neri, entonces director general de la CFE, sobre las irregularidades detectadas en la paraestatal, pero el funcionario ignoró su denuncia.

En enero de 1999, Alfredo Elías Ayub fue nombrado nuevo titular de la CFE. Velasco también fue a verlo, pero la respuesta fue la misma.

Las denuncias del legislador ponían en jaque a la paraestatal porque quienes trabajaban ahí sabían que tenían respaldo. Por su insistencia, Cuauhtémoc Velasco comenzó a tener problemas.

Fue hostigado por la CFE, que emprendió una campaña acusándolo de presuntos vínculos con una empresa contratista de la Comisión Federal de Electricidad. El ex diputado perredista afirma que ese señalamiento era falso.

El 24 de julio de 2000, Olvera Mazariegos envió una nota informativa a Jaime Mohedano Cabrera, director general de Auditoría Gubernamental.

El tema era una nota informativa hecha por Rafael Bustos Hernández 10 días antes, el 14 de julio.

"En la que enumera las violaciones a la normatividad mismas que son suficientes para presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación situación que es del conocimiento, como Ud. sabe, del Lic. Fernando Bueno Montalvo coordinador de asuntos jurídicos de la CFE, así mismo del director general Ing. Alfredo Elías Ayub (...)".

Mazariegos hizo hincapié en que las denuncias hechas por Velasco ante la Secodam en 1998 tenían sustento.

Señaló que en 1994 sí se incumplieron las bases de la licitación del contrato de servicios para la descarga, almacena-miento, manejo, mezcla y traslado de carbón, que finalmente fue otorgado a Techint.

En febrero de 1993, la CFE publicó la convocatoria para concursar el proyecto de diseño, equipamiento, construcción y puesta en servicio de 12 subestaciones de transformación y 7 líneas de transmisión.

El 3 de febrero de 1994, se llevó a cabo la licitación y se determinó que la ganadora era AEG Mexicana, S.A. de C.V.

Techint se inconformó, la Secretaría de la Contraloría le dio la razón y anuló el proceso de licitación.

Finalmente, la CFE otorgó el contrato a Techint por un monto de 117.6 millones de pesos, más 10.7 millones de dólares y 7.5 millones de marcos alemanes.

En el análisis efectuado por la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), se determinó que el concurso debió haber sido anulado, no reasignado a Techint, compañía que también había incumplido las bases de la licitación.

El coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación, Julio Ruiz Guerrero, intentó justificar ante la CMH la asignación del contrato.

Lo hizo con oficios firmados por el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub.

En esos documentos se definían las reglas administrativas para realizar adquisiciones.

La CMH no quedó satisfecha. También detectó que Techint se había retrasado 28 días hábiles para hacer el pago de la fianza exigida para la firma del contrato.

Ruiz Guerrero intentó de nueva cuenta justificar. Y, otra vez, la CMH no quedó conforme.

Cuatro años después se amplió ese contrato por un monto de 68.3 millones de pesos adicionales, lo cual viola la normatividad.

Se encontró también que la CFE pagó a Techint 24 millones de pesos, más 2.4 millones de dólares y 226 mil marcos alemanes.

La tarjeta escrita por Rafael Bustos Hernández es clave para entender por qué perdura la corrupción en la CFE.

Mazariegos denuncia que la Dirección General de la empresa no coopera para sancionar las irregularidades.

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La lista negra

El 9 de agosto de 2000, Bustos Hernández envió una nueva nota informativa a Olvera Mazariegos.

Las elecciones presidenciales habían pasado y la presión interna en la CFE iba en aumento.

El funcionario se refirió a la millonaria adjudicación hecha a Techint y a Grupo Mexicano de Desarrollo.

"Este otorgamiento irregular implica a gran parte de los principales funcionarios de la CFE que han sido mencionados en notas informativas y oficios del órgano de control interno de CFE (...).

"Mi pronunciamiento es para intentar convencer al subsecretario y al director general, ya que se han manifestado contrarios a la formulación de la denuncia mencionada, de manera personal y de acuerdo a los resultados del 2 de julio pasado me inclino por la formulación de esta denuncia para que en el momento en que se deslinden responsabilidades no se tenga un señalamiento por omisión o encubrimiento", señaló Bustos Hernández en el documento.

Olvera Mazariegos, responsable del Órgano de Control Interno de la CFE, decidió enviar una nota a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría.

En ella explica que son comunes las irregularidades en la licitación y construcción de obras.

También advierte que esto es del conocimiento de empresas internacionales que podrían ofrecer mejores precios y servicios, pero no lo hacen porque saben de las redes de corrupción de la CFE.

Olvera Mazariegos proporcionó al subsecretario los nombres de los presuntos implicados en actos de corrupción: Néstor Moreno Díaz, Oswaldo Gangoiti Ruiz, Arturo Hernández Álvarez, Rogelio Gasca Neri, Eric Butcher, Alberto Ramos Elorduy, José de Jesús Castellanos, Julio Guerrero y Luis Juárez Ibáñez.

"Además, este órgano de control bajo mi responsabilidad se encuentra en condiciones de afirmar que de no sancionar penalmente a funcionarios y contratistas, la entidad enfrentará una severa crisis económica, así como de mayor desprestigio internacional debido a la corrupción imperante en el manejo de CFE", afirma en la tarjeta.

Velasco señala que antes de terminar el sexenio de Ernesto Zedillo, la Secretaría de la Contraloría presentó una denuncia penal a raíz de los señalamientos que él había hecho.

Pero fue sólo para cubrir las formas, porque no pasó nada.

La llegada del PAN a la Presidencia no tuvo impacto alguno. Pese a los informes de las auditorías y de las denuncias presentadas ante la PGR a finales del sexenio de Zedillo, el "gobierno del cambio" no cambió nada.

Ni siquiera al director general de la CFE Alfredo Elías Ayub, quien ha ocupado ese cargo desde enero de 1999.

Velasco afirma que la derrama económica que genera la corrupción de la CFE salpica a muchos, y hay demasiados intereses de por medio.

La corrupción sigue La mayoría de los funcionarios de la CFE que están involucrados en irregularidades plenamente documentadas siguen trabajando en la CFE. Un ejemplo es Néstor Moreno Díaz.

El 19 de marzo de 1998, la Secodam emitió un oficio en el que afirmaba que Moreno Díaz había sido destituido del puesto e inhabilitado durante 10 años.

Entonces era coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación.

Una década es la pena máxima que imponen los órganos de control cuando se comprueba que un funcionario cometió irregularidades durante su gestión.

La sanción nunca surtió efecto.

De acuerdo a la información que existe en la Secretaría de la Función Pública, Néstor Moreno Díaz nunca dejó de trabajar en la CFE.

Y tampoco mejoró su historial.

El 28 de mayo del año 2000, Ismael Macías Barrón, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la CFE, presentó una denuncia de hechos por delitos cometidos contra la Comisión por Moreno Díaz, Isidro Becerril Salinas, Héctor Sierra García y Julio Ruiz Guerrero.

Todos fueron acusados de un presunto quebranto de 16.2 millones de pesos al prestar indebidamente equipos y materiales a la empresa Apycsa para cumplir con un contrato asignado por la CFE.

Equipo y materiales que no fueron devueltos según la denuncia de hechos.

En enero de 2001, Marco Antonio Díaz Tobías, contralor regional Golfo Centro, envió un oficio a Martha Leticia Pinto Palmer, titular del órgano interno de control de la CFE, para informarle de las investigaciones realizadas sobre los contratos de la empresa SEPAC- SENSA Control Digital. Incluso se sospechó que el dueño de esa firma era Néstor Moreno Díaz y que operaba al amparo de prestanombres, pero esto nunca se pudo comprobar.

En vez de ser sancionado, Moreno Díaz fue premiado en 2001 con el nombramiento de subdirector de Transmisión, Transformación y Control de la CFE. Y en 2002 le fue asignada la Subdirección de Generación.

Después, en mayo de 2007, Alfredo Elías Ayub lo ascendió a director de Operaciones, uno de los cargos más importantes.

Las empresas mencionadas en las tarjetas informativas y en las auditorías, como Sensa Control Digital y Techint, siguen obteniendo jugosos contratos.

Reporte Índigo revisó los contratos asignados por la paraestatal en los últimos tres años, y resulta que es el principal cliente gubernamental de ambas compañías.

De 2006 a la fecha, Techint ha obtenido contratos que suman más de 300 millones de dólares, incluyendo adjudicaciones directas, lo que significa que no hay licitación de por medio.

Algunas veces entra en sociedad con otras compañías, como Isolux de México. Uno de los contratos ampara la instalación de cable de guarda con fibra óptica a pesar de que el gobierno federal aún no anuncia la licitación para vender las líneas de fibra óptica instaladas.

En el año 2000, el director de Techint, Roberto Altamura, afirmó que no hubo irregularidades y que ganaron los contratos de manera legal. Según el portal de compras gubernamentales Compranet, de 2008 a 2009,

Sensa Control Digital ha obtenido contratos por más de 100 millones de pesos. Más del 90 por ciento de ellos corresponden a la CFE.

Cuauhtémoc Velasco, quien volvió a ser diputado federal en la 60 Legislatura y miembro de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, afirma que en la CFE persiste la venta de licitaciones, la extorsión en la adjudicación de licitaciones, rescisión de contratos a pequeñas empresas y reparto de las mejores licitaciones entre los funcionarios de la paraestatal.

Señala que de 1998 a la fecha, las tarifas de la CFE han aumentado debido a los costos de los malos manejos.

El 12 de agosto pasado envió al presidente Felipe Calderón una carta en la que denunció la corrupción que prevalece en la paraestatal. Incluso anexó una carpeta con documentos oficiales probatorios de los hechos.

"CFE opera como un 'cártel de la electricidad' en la que cada servidor público de la estructura tiene una función específica para ejecutar, simular, encubrir y proteger a toda la cadena delictiva, pero siempre existe alguien que denuncia lo que pasa al interior de esa cadena delictiva", escribió Velasco en la carpeta que entregó al primer mandatario.

Y en las grabaciones de audio que entregó a Reporte Índigo, Rogelio Ángel Valencia, funcionario de la CFE, afirma que "Eugenio Laris", cuyo nombre completo es Francisco Eugenio Laris Alanís, es uno de los integrantes más activos del presunto grupo de corrupción.

Laris Alanís tiene 76 años, y aunque puede jubilarse, prefiere seguir en la paraestatal, donde ocupa el cargo de director de Proyectos de Inversión Financiada desde 1999.

Velasco señala que recientemente fue denunciado por el contralor por presuntas irregularidades. Al final, el contralor fue despedido, y Laris Alanís siguió firme en su puesto.

También menciona a Azucena Morán Alonso como una pieza fundamental para ocultar las irregularidades. Ella ocupa el cargo de gerente de Atención a las Observaciones de Entes Fiscalizadores de la CFE.

La pregunta es si pese a todas estas ilegalidades, la CFE podrá cumplir con eficiencia y honradez las tareas que llevaba a cabo la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.

A los corruptos nunca les pasa nada Melitón Cortés Ayala, de 62 años, ha vivido en carne propia la lucha sindical. Trabajó en Luz y Fuerza del Centro 30 años 3 meses y 11 días.

Empezó como peón rascando las cepas en el centro de la ciudad y llegó a ser agente foráneo, que es el equivalente a un gerente.

Es líder de base de los trabajadores desde hace años.

En 1995 denunció a todas las oficinas de gobierno y empresas que tenían permiso de no pagar la energía eléctrica gracias a un sistema de compensaciones autorizado por la Secretaría de Hacienda.

Entonces se ganó la persecución del gobierno federal. Afirma que fue llamado por Emilio Chuayffet para que se presentara en la Secretaría de Gobernación.

Le dijo que si seguía hablando, lo iban a desaparecer. Señala que quienes siguen teniendo permiso para no pagar la luz contribuyeron a la quiebra de Luz y Fuerza del Centro.

"Reto a Javier Lozano, secretario del Trabajo, a que presente los recibos de luz pagados por la dependencia que encabeza", advierte. Melitón Cortés Ayala ya está jubilado y vive tranquilamente en Veracruz.

Pero decidió ir a la Ciudad de México para luchar junto con sus compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. "Yo tuve dos padres aquí, mi sindicato es mi padre, y mi madre es Luz y Fuerza.

" Y los voy a defender, cueste lo que cueste", dice.

En entrevista con Reporte Índigo, reveló datos sobre la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, información que fue confirmada por Cuauhtémoc Velasco, director general de Energía y Rendición de Cuentas, A.C.

Ésta es su lucha y éstas sus palabras.

Los secretos de la CFE Las prácticas de corrupción de la CFE son un secreto a voces dentro de la paraestatal.

Al grado de que los propios funcionarios de la compañía hablan en corto sobre el tema. Rogelio Ángel Valencia actualmente es jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la empresa.

Es ingeniero industrial eléctrico y, según su currículum oficial, trabaja en la CFE desde hace 19 años.

En una conversación que tuvo con un asesor de Cuauhtémoc Velasco, director general de Energía y Rendición de Cuentas, A.C., Valencia revela el modus operandi de la red de corrupción presuntamente integrada por altos funcionarios de la paraestatal.

Habla del esquema de auditorías simuladas, ya que las observaciones de irregularidades se mandan a un Sistema de Control y Apoyo, donde son acumuladas durante años hasta que caen en el olvido.

Revela que cuando los contralores en turno informan al director general sobre las presuntas irregularidades, negocian o son relevados de sus cargos.

Ángel Valencia señala que la funcionaria Azucena Morán Alonso es la pieza clave para ocultar los malos manejos. Presuntamente es la que "lava la ropa sucia".

Reporte Índigo verificó que Morán Alonso trabaja en la CFE.

Tiene 49 años y es soltera. Ingresó a la Comisión Federal de Electricidad en 1988 y actualmente ocupa el cargo de gerente de Atención a las Observaciones de Entes Fiscalizadores.

Las declaraciones de Ángel Valencia echan por tierra el argumento oficial de que la CFE es más eficiente, menos corrupta y genera menos pérdidas que Luz y Fuerza del Centro.

Ésta es la voz de la garganta profunda de la Comisión Federal de Electricidad.

Fuente: Reporte Indigo
Difusión AMLOTV

miércoles, 21 de octubre de 2009

martes, 20 de octubre de 2009

Audio: Fibra Óptica y la problemática del SME

programa transmitido el dia de ayer en RADIO SME






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Tomado de: AMLOTV y Soberania Popular

lunes, 19 de octubre de 2009

Policias Federales haciendose pasar por trabajadores de LyFC cobrando liquidaciones.

Audio: Carmen Aristegui 19 octubre 09

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Al extinguir LFC, Calderón violó más de 25 preceptos constitucionales: abogados




Hubo abuso de autoridad, sostiene frente de juristas que coadyuva en la defensa del SME
Al extinguir LFC, Calderón violó más de 25 preceptos constitucionales: abogados
Alfredo Méndez

El decreto presidencial que ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) viola más de 25 disposiciones constitucionales, implica una agresión a los derechos laborales de más de 40 mil trabajadores afectados, demuestra la falta de transparencia con que se maneja el gobierno federal y deja al descubierto que hubo abuso de autoridad en la aplicación del ordenamiento, sostuvieron este domingo unos 500 abogados que coadyuvan en la defensa legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Desde el lunes de la semana pasada, los litigantes que integran el frente amplio de abogados y juristas por la defensa del SME y de la industria eléctrica nacional comenzaron el análisis del decreto de extinción de la compañía paraestatal, y ayer, en conferencia de prensa, hicieron un llamado al movimiento sindical para que se mantenga unido a pesar de las versiones que han difundido las principales cadenas televisivas de que ningún recurso legal echará abajo la determinación del presidente Felipe Calderón.

En voz de Eduardo Miranda Esquivel, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, y uno de los voceros del frente, los litigantes recomendaron a los trabajadores de LFC que no acepten la liquidación que les ofrece el gobierno, pues de hacerlo invalidarán su derecho a realizar cualquier acción legal en defensa de sus garantías laborales.

El grupo de abogados también sugirió a los trabajadores que presenten de inmediato su demanda de amparo –la cual tardará al menos un año en resolverse de manera definitiva–, pues sólo tienen de plazo hasta el próximo 30 de noviembre, ya que la legislación en esa materia fija un periodo de 15 días hábiles para impugnar cualquier decreto presidencial.

Asimismo, los juristas aclararon que cualquier quejoso que opte por la vía del amparo de ninguna manera podrá, después de tramitada su demanda de garantías, recibir el monto que le corresponde de liquidación, pues si lo hace su juicio terminará por quedar sobreseído (desechado).

Expusieron que la mejor estrategia de defensa que debe seguir el SME para conseguir que se revoque el decreto de extinción de LFC es que la mayoría de los trabajadores, junto con el sindicato en su calidad de persona moral colectiva, demanden el amparo, ya que –dijeron– sólo así se podría restituir a los quejosos en el goce de sus derechos laborales al final del juicio.

En la conferencia de prensa, los litigantes leyeron un escrito de conclusiones firmado por todos los miembros de este frente nacional, integrado por abogados que conforman organizaciones progresistas, entre ellas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y la Unión de Juristas.

También se sumaron a este frente, abogados que forman parte de reconocidos despachos privados, entre ellos el que encabezan Bárbara Zamora, Manuel Fuentes Muñiz, Humberto Oceguera y el ex procurador de Justicia del Distrito Federal Bernardo Bátiz.

Las implicaciones de estos eventos, así como el asalto previo a las instalaciones de LFC, el desalojo de sus trabajadores de guardia y una campaña de falsedades y demérito en contra del SME, hacen presumir una decisión autoritaria de Estado, contraria al constitucionalismo social y al estado de derecho, encuadradas en un complejo y delicado escenario de crisis, ofensiva en contra de los sindicatos e inconformidad ciudadana, indica el documento de conclusiones.

“En un examen integral del decreto, de sus actos previos, motivación, fundamentación y efectos jurídicos, se acredita una violación expresa del Ejecutivo al orden constitucional y a los convenios 87 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo en perjuicio a los electricistas.

Hay “más de 25 violaciones a disposiciones constitucionales, entre ellas, a las establecidas en los artículos 1, párrafo primero y tercero; 3 fracción II, incisos a) y b); 5 párrafo primero; 9 párrafo primero; 14 párrafo primero y segundo; 16, 17, 25, 26 y 27 párrafo sexto; 28 párrafo cuarto; 29, 70, 71, 72 y 73 fracciones X, XI y XXIX; 87 y 89 fracción I; 90, 93 y 123 apartado A fracciones XVI, XX, XXII, XXVII y XXXI; 126, 128,129, 133 y 134 de la Constitución”, destacan.

Nadie en su sano juicio se subiría a esas alturas para reparar las fallas eléctricas


Jubilación a los 28 años de servicio compensó la labor de alto riesgo de trabajadores en LFC
Nadie en su sano juicio se subiría a esas alturas para reparar las fallas eléctricas
Una vez arriba tenemos que actuar como siameses, como en un ballet, asegura Raúl Islas

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La reparación de fallas eléctricas en las líneas aéreas, por su peligrosidad, requiere de todo un ritualFoto Marco Peláez
Blanche Petrich

Los trabajadores de líneas aéreas de Luz y Fuerza del Centro, que a diario reciben llamadas para reparar fallas en los postes de luz, saben que cada vez que se suben a las canastillas de las llamadas jirafas (la grúa hidráulica que asciende hasta donde están los herrajes del cableado eléctrico) se juegan la vida. Por eso, explica Raúl Islas, electricista que realizó esas tareas con cables de alta tensión (líneas vivas) durante seis de los 28 años de su vida laboral, antes de subir los técnicos realizan una especie de ritual.

Mientras el ayudante revisa la caja de herramientas y el tablero de aparatos eléctricos, ellos se visten: primero el traje con mangas de látex y luego los guantes, un par de algodón para absorber el sudor, un par de látex aislante y por último un par de cuero. Por último el casco. En un ejercicio de preparación física y mental, se concentran y repasan la maniobra completa, los tiempos y los pasos del procedimiento. Una vez arriba, tendremos que actuar como siameses, como en un ballet. Por último, algo no autorizado pero usual: un trancazo de alcohol, el que sea, para templar los nervios.

Nieto e hijo de electricista y hermano mayor de una familia muy numerosa, Islas desertó de la escuela y entró a laborar a los 16 años directamente a la Gerencia de Transmisión y Distribución, con un permiso especial de la Secretaría del Trabajo, por ser menor de edad. Era 1974. El área de líneas aéreas estaba en expansión porque la empresa había entrado a un proceso de crecimiento acelerado. Éramos unos 100 obreros con salarios decorosos. Yo empecé en el nivel más bajo del escalafón, aprendí de todo, desde cómo amarrar una escalera. Terminé como instructor.

En 1977 se emite el decreto de liquidación, y Luz y Fuerza del Centro mete freno a su plan de crecimiento, deja sin cumplir la ampliación de servicios y la atención del departamento de quejas y abandona la planta industrial, incluso en el centro de trabajo de Salónica (por avenida Cuitláhuac y Camarones), donde se había echado a andar una unidad modelo de producción integrada.

“Fuimos incapaces de cumplir con las expectativas. Al principio, cuando se reportaba una falla eléctrica en un domicilio, se acudía y reparaba el daño en 20 minutos. Después de 1977 lo común es que la atención a la queja se pospusiera al menos un día.

“Por ejemplo, si se reportaba un corte de luz por el sobrecalentamiento del cable trifásico –algo que suele ocurrir cuando hay colgados de las líneas– íbamos a revisar, pero no podíamos reponer el tramo completo de cable quemado. Había que esperar a que Comisión Federal de Electricidad nos mandara los rollos. Y la administración nunca dio la cara, nunca explicó al público los motivos de nuestras demoras.”

Islas cuenta que incluso para subsanar las grandes carencias, por iniciativa de los trabajadores se instalaron fuera de contrato talleres de carpintería, herrería y mecánica. Sólo así lográbamos acondicionar camionetas de más de 30 años y disponer de materiales, aunque hechizos.

El costo humano

Lo que estos técnicos suelen hacer para agilizar la maniobra de reparación es trabajar con líneas vivas. Nos reportan un poste derribado con un choque. Primero acudimos con equipo para proteger la línea, se quita el poste dañado y se instala uno nuevo. Todo se hace sin cortar la luz. Hay que trabajar con mucho respeto a la línea viva, pero dominando el miedo. Cuando se agarra firmemente se siente la vibración y se escucha el zumbido. Además está el riesgo de la altura. Hay expertos en seguridad del trabajo que aseguran que nadie en su sano juicio se subiría a esas alturas con ese peligro, con frío o calor, a veces con viento. Nunca con lluvia. Esa acción se realiza en promedio dos veces al día.

Claro, cuando la pareja vuelve a suelo firme, para recuperar el aliento se empina el resto de la botella. Los riesgos y secuelas en la salud del trabajador están documentados: insomnio, trastornos digestivos, caída de cabello, temblor de manos y algo que en un medio tan machista como el nuestro no se suele admitir: disfunción eréctil. Además, en algunos casos, alcoholismo. Islas, a quien apodan El bombón, se quita su inseparable boina. En efecto, presenta una mata de cabello muy mermada.

También el número de accidentes fue muy alto, sobre todo después de 1977, cuando se trabajó con mucha presión. “Yo presencié –medita unos momentos en los que se ve que recuerdos muy dolorosos llegan a su memoria– al menos 25, 10 de ellos mortales, compañeros muertos. Otros con mutilaciones muy severas. Y todo esto por un salario de 100 pesos al día, en aquellos tiempos.” Con los años la empresa fue corrigiendo errores y abatiendo este costo letal.

Por eso el SME negoció la cláusula que permite a los trabajadores que laboran con riesgo eléctrico jubilarse a los 28 años y no a los 30. Es nuestro único privilegio.

Así, en 2001, Islas, que tenía apenas tenía 44 años, se vio entre las filas de los jubilados. En general, reconoce, industrias como éstas procuran emplear gente muy joven, de entre 18 y 20 años en promedio. Acumular experiencia suficiente para operar líneas aéreas o subterráneas requiere al menos 15 años de entrenamiento y capacitación práctica. Alguien que entra a los 30 años está listo para subir a las jirafas a los 45. Lógicamente ya no tiene la misma fuerza y reflejos que un joven de 25, aunque tenga muchos conocimientos. De modo que el privilegio de la jubilación temprana no lo es tanto.

Bitácora Mexicana 19 de octubre de 2009

Tema: Conflicto en la compañia de luz
Invitados: Graciela Bensuán, Arturo Alcande Justiníani y Martín Esparza



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viernes, 16 de octubre de 2009

Aspectos de la marcha del jueves 15

Del valor presidencial... al conficto de las cifras.







Por Ramón Alberto Garza-Reporte Índigo
16 Oct 2009
La decisión de Felipe Calderón de liquidar Luz y Fuerza del Centro deja al descubierto los claroscuros del conflicto eléctrico...

Para la mayoría de los ciudadanos, de los contribuyentes y de los usuarios, ya era hora de poner el alto a los privilegios sindicales y al mal servicio.

El presidente actuó y asumió los riesgos. Lo que ninguno de sus antecesores se atrevió a hacer.

Para la mayoría de los sindicalizados, algunos abogados y analistas, las cifras de esta crisis sólo exhiben medias verdades y esconden una intención distinta.

La de integrar el sector eléctrico para facilitar una red nacional de fibra óptica. La plataforma del futuro.


En este conflicto se pasa de la luz a la sombra...
Del valor presidencial...
al conficto de las cifras.



El presidente Felipe Calderón asumió la decisión y tomó el riesgo que ninguno de sus antecesores en Los Pinos se atrevió a enfrentar: liquidar Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

En un sorpresivo operativo de sábado por la noche, cobijados por la euforia del pase de la Selección Mexicana al Mundial de Sudáfrica, elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones de la empresa.



Una hora más tarde, el decreto de liquidación se publicaría en el Diario Oficial. Era extinguida una de las empresas públicas que se había convertido en la pesadilla de cada sexenio. Y con ella la disolución de un sindicato que media docena de veces puso al gobierno contra la pared.

Pero la acción política más celebrada en lo que va del sexenio calderonista tiene sus luces y sombras.

Para una inmensa mayoría, la de los usuarios, la de los contribuyentes, la del ciudadano, fue un acto presidencial valiente, una acción necesaria para comenzar a frenar los abusos sindicales en las empresas públicas.

Fue un golpe de timón que ya le hacía falta a una desacreditada administración y que inicia el cumplimiento de las 10 promesas que el presidente hiciera al alcanzar la mitad de su mandato.

Suprimir de súbito los privilegios y las canonjías de un sindicato que no pudo ser dominado ni por poderosos mandatarios como Carlos Salinas de Gortari, demandó de voluntad política. Y Felipe Calderón la tuvo. Al fin alguien se decidió a pagar el costo político de una confrontación así.

Para otros, una menos inmensa mayoría, la de los sindicalizados de gremios oficiales, como los electricistas, los telefonistas, los maestros, los petroleros, fue un manotazo de poder. Algo que no les gustó, aunque por ahora guarden un prudente silencio para evitar ser los que siguen.

Un abuso que no respetó el régimen legal y que pasó por encima de privilegios y canonjías convertidos en derechos laborales, concedidos por regímenes priistas que pagaron caro el voto clientelar que los sostenía en Los Pinos. Pero derechos al fin.

Un golpe que tendrá serias consecuencias jurídicas y laborales, pero sobre todo políticas, para un régimen que pudiendo estar en lo correcto en la decisión de fondo, podría estarse equivocado en las formas. Y eso se verá en los tribunales... y en el asalto a la calle.

La liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro es vista por algunos como una maniobra que podría esconder otra intención.

La de rescatar su infraestructura eléctrica para montar un negocio de mayor futuro: el de la fibra óptica y el triple play.

Es la potencial creación de un rival para Telmex y Carlos Slim. La potencial creación de otro Telmex y otro Carlos Slim. Depende de cómo se maneje.

El cobijo de la mayor red de postería y cableado a nivel nacional, ahora bajo el paraguas de la CFE, lista para ser licitada o asignada a quien si la sabe manejar, se convertiría en el nuevo poder de las telecomunicaciones.

Por eso el gobierno del presidente Calderón está obligado a moverse ahora con pies de plomo. Porque habiendo noqueado en el primer round, no puede ser derribado por un golpe de exceso de confianza.

Hay lagunas jurídicas, faltan explicaciones, es necesario trasparentar las asignaciones o las posibles licitaciones de esa fibra óptica. De ello dependerá el juicio histórico de la decisión de liquidar Luz y Fuerza del Centro. Analicemos.

LO SABÍAN, NO LO ASUMÍAN

"Esta decisión ha sido compleja y difícil, tan difícil que, quizá por esa razón, no se había tomado en varias décadas, en que se sabía que era la decisión correcta". La cita es del presidente Felipe Calderón. Y tiene razón.

Desde los tiempos de Adolfo López Mateos, pasando por el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y luego por el de Luis Echeverría, cada sexenio se abría la confrontación con un sindicato de izquierda radical, beligerante, amenazante.

De hecho, fue Luis Echeverría el que declaró en 1975 a la empresa en liquidación. Pero fue una decisión de papel. En los hechos continuó funcionando y su sindicato prestando los favores electorales que luego eran cobrados.

Y si a Luis Echeverría le tocó colocar a LyFC en la antesala de la liquidación, fue Carlos Salinas de Gortari quien le quitó la etiqueta de "empresa en liquidación". Sus servicios electorales en 1988 le valieron que el cuestionado mandatario la considerara un año más tarde, en 1989, como un organismo público descentralizado.

A pesar de estar conscientes de sus fallas y de su costo para las finanzas públicas, ni el priista Ernesto Zedillo ni el panista Vicente Fox se decidieron a dar el paso que ahora da Felipe Calderón.

Por eso la sorpresa del sábado. Una acción que comenzó a dibujarse por la tarde, en pleno juego de la Selección Mexicana en su disputa por el pase a Sudáfrica, cuando se detectó un inusual movimiento en Los Pinos.

Una operación que se inició con la súbita intervención de las instalaciones de LyFC y que terminó de consumarse con la publicación en el Diario Oficial -a medianoche- del decreto que confirmaba su liquidación.

A partir de estos hechos, una mayoría sostiene que la liquidación es asunto consumado. Y que la intranquilidad sindical se irá apagando cuando los trabajadores pasen uno a uno por su cheque de finiquito laboral. Y que la recontratación de algunos terminará por minar el movimiento.

Para otros, en cambio, el verdadero problema apenas comienza. No se han medido las consecuencias, dicen, y existen serios problemas de forma que podrían terminar de contaminar el fondo de esta decidida acción.

Aquí se unen sindicalistas, abogados y analistas que consideran que la resolución presidencial puede ser combatida en distintos frentes. Incluso advierten que podrían revertirla.

La combinación de una serie de desaciertos legales con el nivel de beligerancia del SME podría ser un coctel explosivo.

Sobre todo si en lo legal se considera que el consejero del sindicato, Gabriel Reyes Orona, y el asesor de un grupo de trabajadores, Néstor de Buen, están poniéndole el cascabel al gato jurídico.

En lo laboral, al margen de la beligerancia sindical, el abandono en el que están las instalaciones de LyFC las convierte en un territorio que sólo puede ser operado eficientemente por los que conocen sus entrañas, que son los trabajadores ahora en liquidación.

Pero, ¿qué es lo que está sobre la mesa? Veamos.

¿QUIÉN CAUSA LAS PÉRDIDAS?

Los electricistas arropados bajo las siglas del SME están irritados. No sólo amanecieron el domingo sin su trabajo. El presidente también los señaló como "los 44 mil privilegiados".

Y no hay duda de que tiene sus privilegios. Prestaciones que están muy por encima de las que reciben los demás trabajadores mexicanos en igualdad de condiciones. Jubilaciones muy anticipadas a la edad promedio y pensiones que superan los sueldos que los trabajadores tenían cuando estaban en activo.

El argumento presidencial es que esos 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas disfrutan de prebendas y prestaciones similares en monto a lo que destina el gobierno federal al programa Oportunidades. Y esa acción beneficia a 25 millones de mexicanos.


La sentencia presidencial es contundente: "He propuesto reducir tres Secretarías de Estado, lo que no había propuesto ningún Presidente; y que incluso, organismos que teníamos que destinarles tanto dinero como le destinábamos a Oportunidades; es decir, para las prestaciones, privilegios, de 44 mil personas, le destinábamos casi todo lo que le destinamos a beneficiar a 25 millones de mexicanos".

Sin embargo, hay quienes cuestionan si es necesario que los asesores del presidente Calderón lo hagan recurrir a estas comparaciones. Porque el efecto mediático es que en el pago de esos excesos está la gran pérdida de LyFC.

Por eso la pregunta: ¿hasta dónde es cierto que los sindicalizados del SME son los directamente responsables de todos los problemas de la empresa?

De acuerdo a la versión oficial, el costo de operar esta empresa eléctrica fue siempre tan elevado y deficitario, que "no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público" mantener la existencia de Luz y Fuerza del Centro.

El decreto presidencial de liquidación consigna que "del 2001 al 2008, las transferencias se incrementaron en más de 200 por ciento. Y para el el 2009, esas transferencias serán del orden de 41 mil 945 millones de pesos".


Se advertía que "de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar un total de 300 mil millones de pesos durante la presente administración". Y sí, estos hechos son ciertos.

Pero son medias verdades, porque las transferencias presupuestales no serían necesariamente para cubrir la excesiva nómina a favor de los llamados trabajadores privilegiados.

Y eso no es una deducción gratuita. Es matemática simple.



Si los 44 mil trabajadores van a ser liquidados con 33 meses de sueldo, y la liquidación total será de 24 mil millones de pesos, eso significa que la nómina anual, incluyendo prestaciones, ronda los 7 mil millones de pesos.

Ese monto apenas significa la quinta parte de los 33 mil millones de pesos de transferencias presupuestales. O la séptima parte de los 50 mil millones de pesos que LyFC vende de energía. Entonces, ¿a dónde se van esas pérdidas?

La explicación es simple. LyFC está obligada a comprar energía eléctrica a la CFE. Y el precio al que la compra es muy superior al precio de venta.

Bajo esta premisa, cualquier empresa que vende su mercancía por debajo del costo de producción o del precio de compra, perderá dinero.

En 2008, LyFC vendió 48 mil millones de pesos. Pero a la CFE le pagó 56.6 millones de pesos por la electricidad que le compró.

Tan sólo por ese concepto, el diferencial entre compra y venta, y de acuerdo con las cifras oficiales, LyFC perdió el año pasado 8.6 mil millones de pesos.

La segunda razón de las pérdidas crónicas de la ahora empresa en liquidación es la cantidad de energía que se pierde en su distribución.

Esto incluye deficiencias en su distribución, "diablitos", consumidores "colgados" que no pagan y empresas privadas y públicas que evaden parcial o totalmente su pago.

En el decreto de liquidación se afirma que en "2008, Luz y Fuerza del Centro perdió 32.5% de la energía que compra y genera para vender.

"El valor estimado de estas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa el 52% de los ingresos totales por ventas del organismo".

Y aquí es donde cabe la pregunta: ¿son las pérdidas de energía responsabilidad de los trabajadores del SME?

El gobierno federal reconoce que al menos una tercera parte de estas pérdidas son normales. Les denominan "perdidas técnicas".

El resto es energía robada o no pagada. Por "colgados", por "diablitos", o por robo abierto del servicio. Y los trabajadores no niegan que existan estas pérdidas.

Tan trabajan para reducirlas, que ese avance fue reconocido por el presidente Felipe Calderón en su Tercer Informe al señalar que en ese rubro se recuperaron unos 3 mil millones de pesos.

Pero los trabajadores señalan que carecen de los recursos para proteger las líneas de conducción con un "blindaje" que evitaría el robo de energía.

Peor aún. La tarea persecutoria de los que roban energía eléctrica no es función de los trabajadores. Ni del SME ni de la CFE. Y que se sepa, son muy pocas las personas que están purgando una pena por el robo del servicio.

Sea como fuere, la suma de los 25 mil millones de pesos por pérdidas de energía, acumulados a los 8 mil 600 millones de pesos del diferencial de precio entre lo que se compra y lo que se vende, suman 33 mil 600 millones de pesos.

Si las matemáticas son correctas, resultará que los beneficiarios de la transferencia presupuestal no son los trabajadores.

¿A DÓNDE VAN LOS PASIVOS LABORALES?

Otro cuestionamiento sensible tiene que ver con los pasivos laborales, es decir, las antigüedades acumuladas.

Y en los considerandos del decreto presidencial, se establece que la extinción de la empresa era necesaria para frenar los elevados y crecientes pasivos laborales.

En el decreto se afirma que: "El organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado".

Si asumimos ese razonamiento, pareciera que el gobierno acudió a esta estrategia para cortar por lo sano el pasivo contingente que se venía generando por las jubilaciones de los trabajadores en activo.

Simplemente, desaparecer la potencial "obligación registrada" de 80 mil millones de pesos, a cambio de erogar hoy 24 mil millones por la vía de generosas liquidaciones.


¿Y qué pasará con los restantes 160 mil millones de pesos de pasivos laborales de los jubilados? ¿De dónde saldrán? ¿Serán liquidados?

Si esto es así, ¿no estaríamos frente al caso del patrón que mediante una estrategia de liquidación busca eludir las obligaciones que él mismo permitió que se generaran a través de consentir un clausulado inconveniente para la empresa en el contrato colectivo de trabajo?

Más aún cuando se plantea que LyFC continuará laborando, con los mismos clientes, en las mismas instalaciones, con los mismos proveedores y, eventualmente, hasta con los mismos trabajadores. Eso ya lo reconoció el gobierno.

¡ES LA FIBRA ÓPTICA, ESTÚPIDOS!

Quizá el hecho que más suspicacias despierta es el empleo de la infraestructura de LyFC para la instalación de una red de fibra óptica.

Eso debido a que fuera de Telmex, que detenta el monopolio y uso exclusivo de sus postes de teléfono, son LyFC y la CFE las que tienen no sólo la otra postería, sino la más completa.

Y ése es un activo vital para instalar una red nacional de telecomunicaciones para voz, datos e imágenes -conocida como triple play-, uno de los negocios más promisorios y con futuro.

Baste decir que empresas como Électricité de France facturan más por los servicios de telecomunicaciones que por la proveeduría de energía eléctrica en sí.

Hasta ahora, nadie ha respondido a la denuncia de que una empresa española, WL Comunicaciones, en sociedad con dos ex secretarios de Energía del sexenio de Vicente Fox -Fernando Canales y Ernesto Martens-, fueran los beneficiarios de la asignación directa de un contrato para instalar fibra óptica en la infraestructura de LyFC.

De acuerdo al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, el contrato en cuestión fue suspendido por incumplimiento de LyFC y de la firma española.

Sin embargo, el negocio está ahí. Sobre todo ahora que la CFE ya anunció la inminente licitación de su fibra oscura, que permitirá el tendido de una red de telecomunicaciones aprovechando su red nacional de fibra óptica.

La asignación o subasta de una red nacional integrada, y no dividida, como sería si se mantuvieran separadas LyFC y la CFE, sería más apetecible para el potencial beneficiario. Un nuevo Carlos Slim.

Por eso el gobierno está obligado a trasparentar este capítulo de futuro. Para evitar la posible percepción de que detrás de una decisión laboral, se esconden motivos de control y de negocios para terceros.

La decisión asumida por el presidente Felipe Calderón es lo suficientemente contundente como para ser cuestionada por información deformada o a medias.

Definir a dónde se iban las transferencias, qué pasará con el pasivo laboral y para quién será el negocio de la fibra óptica dará certeza a la decisión que hoy tiene el respaldo de las mayorías.

No hacerlo será permitir que el fantasma de la duda lesione lo que podría ser el principio de una necesaria purificación sindical. Y entonces sí, las consecuencias serán impredecibles y la buena fortuna política se podría revertir. Veremos.


miércoles, 14 de octubre de 2009

Audio: Carmen Aristegui 14 octubre 09

(audio completo, sin comerciales)

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