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Copala: organizaciones disputan los ramos 28 y 33

La ambición por controlar las partidas 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación es una razón más para que los paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui apunten sus fusiles de asalto contra la población de San Juan Copala, Oaxaca. El Municipio Autónomo sólo exige que entreguen los recursos que les corresponden y se transparente el gasto

En muchas regiones de Oaxaca, una realidad confronta a políticos y caciques: durante los últimos tres años, un gran número de obras prometidas por Felipe Calderón, el gobernador Ulises Ruiz y presidentes municipales de la región simplemente no existen, nunca se construyeron y otras tantas están en situación de ruinas o son inservibles.

El desvío de los recursos federales en Oaxaca hace crujir las corruptas estructuras políticas, electorales y económicas de la zona más pobre del país.

Ante ello, organizaciones indígenas y ciudadanas del estado han instaurado municipios autónomos con la fuerza de la población, misma que se revela al uso faccioso de los recursos públicos que sólo sirven para perpetuar cacicazgos, circunstancia promovida desde las más altas esferas del gobierno estatal.

En ese estado oaxaqueño, la sociedad siempre ha sido la gran perdedora. El saldo acumulado apunta a cientos de mexicanos muertos –asesinados por grupo de paramilitares al servicio de fuerzas políticas–, así como a miles de oaxaqueños arrancados de la tierra en la que el dinero, entregado en cada ejercicio por la Federación, debería destinarse a ofrecerles alimentación, educación, salud, infraestructura y fondos para el combate a la pobreza.

Pero la historia es diferente: las transferencias del gobierno federal, ampliamente disputadas por la poderosa Conferencia Nacional de Gobernadores, sirven sólo para financiar los proyectos políticos de presidentes municipales que controlan al cabildo, órgano supuestamente autónomo que gobierna a las agencias municipales y en el cual el partido político dominante decide libremente sobre cada peso que se les entrega. Ésa es la autocracia que se construye con la sangre de los oaxaqueños y el dinero de la Federación.

“Son esos presidentes municipales quienes se convierten en diputados locales y federales y, con el fuero en la bolsa, se sentirán a salvo de cualquier acción contra ellos por desvíos de recursos”, dice la legisladora perredista Juana Cruz Cruz, quien en marzo pasado promovió en la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para darle seguimiento al conflicto de violencia que se vive en San Juan Copala.

El año pasado, al menos 100 municipios de los 570 existentes en Oaxaca enfrentaban el reclamo de agencias municipales cuyos representantes aseguraban que no se les entregaban los recursos de los ramos 28 y 33 que envía la federación. También, desde 2009, las autoridades del Municipio Autónomo de San Juan Copala pidieron el reconocimiento del Congreso del estado para recibir los recursos que legítimamente les pertenecen y que son controlados por el edil de Juxtlahuaca.

Así, la lucha por las participaciones federales, pero sobre todo el control de su administración para los municipios del estado de Oaxaca y agencias municipales, sobre todo aquellos que exhiben conflictos sociales alentados por las fuerzas políticas, está relacionada directamente con el acoso y persecución que sufren los habitantes de la región.

En San Juan Copala es el control de las participaciones que corresponden a esta entidad el que empuja, en mayor medida, la ráfaga de balas que tiene sometido a ese pueblo.

Copala, el tesoro

Enclavada en una de las regiones más altas de la mixteca oaxaqueña, San Juan Copala no sólo cuenta con grandes recursos forestales o maravillosas colinas para producir el mejor café de altura del mundo, también tiene el tesoro de las participaciones municipales.

A partir de que sus habitantes, indígenas de la cultura triqui, decidieron declarar la autonomía de la región para liberarse del yugo de políticos corruptos que les condicionan la aplicación de los recursos que les pertenecen a cambio de su voto, los recursos de las participaciones federales están prácticamente perdidos. Además, las autoridades autónomas han solicitado se aclare la situación de esos recursos y su legítima entrega.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, doctor en economía por la Universidad de Harvard y quien está a cargo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, envía a los estados los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, así como en los fondos especiales como el de excedentes petroleros que durante la última década representaron recursos por más de 100 mil millones de dólares. No obstante, la rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión es nula, un argumento que ha esgrimido Hacienda para confrontar a los gobernadores en sus pretensiones de ampliar las transferencias contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal.

¿Quién rendirá cuentas?

El 29 de enero de 2010, el gobernador Ulises Ruiz, junto con Jorge Toledo, exdiputado federal por el distrito de Juchitán y en ese entonces secretario General de Gobierno, firmó el acuerdo por el que se realiza la distribución de los recursos del ramo 33, que no son otra cosa que las aportaciones federales para entidades federativas y municipios; los fondos para la infraestructura social, municipal, y fondos de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, correspondiente al año fiscal 2010.

Como Guerrero y Chiapas, Oaxaca vive de las participaciones federales. Así que se trata de un bocado muy apetitoso que a nivel estatal representa recursos por 4 mil 830 millones 255 mil 867 pesos, de los cuales, 3 mil 432 millones 434 mil 647 corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y 1 mil 397 millones 821 mil 220 pesos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio (FAFM). Falta además el fondo para el combate a la pobreza.

Al municipio de Santiago Juxtlahuaca, al cual está integrado San Juan Copala, le corresponden de esa cantidad 43 millones 853 mil 734 pesos; 30 millones para el FISM y 13 millones 313 mil 661 pesos para el FAFM. Junto con Santiago Pinotepa Nacional, con 57 millones, Juxtlahuaca registra uno de los montos más altos que el gobierno de Ulises Ruiz debe transferir a un municipio de ese estado.

Para Juxtlahuaca y sus regiones, las asignaciones de las participaciones federales han sido incrementales durante los tres últimos ejercicios: 41.2 millones en 2008, 42.6 millones en 2009 y 43.8 en 2010.

A la cabecera municipal de Copala le corresponde por ley el monto proporcional al resultado de una fórmula establecida por el Congreso de la Unión, que se determina calculando las necesidades de la región a partir del ingreso por trabajo, el nivel de educación, las condiciones bajo las cuales se utiliza el drenaje, la electricidad.

Así, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los municipios deben hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban las obras y acciones por realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Además, debe proporcionar, por conducto del gobierno del estado a la Secretaría de Desarrollo Social, la información sobre la utilización del Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

¿Qué ha pasado entonces con los recursos que les corresponden a los habitantes de Copala, ahora que se encuentran secuestrados, muertos o lejos de su tierra?

Ha sido la Presidencia Municipal de Juxtlahuaca la que ha recibido los recursos que deberían otorgársele a San Juan Copala, un flujo que se ha visto afectado convenientemente por el conflicto armado en la región.

“Porque las agencias municipales son un cuarto nivel de gobierno, no son reconocidas por la Constitución”, comenta David Colmenares, exfuncionario de la SHCP y especialista en federalismo, a quien se le considera el artífice del ramo 33.

Y explica: “El centralismo se reproduce a nivel de los más pequeños; un agente municipal depende del cabildo y del municipio que deciden el destino de los recursos”.

La situación se agrava, sin embargo, cuando se trata de un Municipio Autónomo. En ese caso, reconoce Colmenares, la entrega de recursos se circunscribe a una negociación de buena fe entre el municipio y la agencia.

Pero, en el caso de San Juan Copala, la rendición de cuentas tiene nombre: Carlos Martínez Villavicencio, exedil de Juxtlahuaca y quien busca alcanzar una diputación federal por el Partido Revolucionario Institucional, debe explicar qué sucedió con los recursos de la Federación para San Juan Copala.

“Siendo una agencia de Santiago Juxtlahuaca, como no hay un reconocimiento de parte del Congreso Estatal de Oaxaca, a San Juan Copala no le asignan los recursos de manera directa. Las autoridades de ese municipio autónomo han pedido su validación en el Congreso para que se les declare como tal, pero se ha argumentado que no cumple los requisitos”, dice la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En su opinión, el municipio de Juxtlahuaca debió asignarle a Copala los recursos correspondientes, independientemente de que no se les quiera reconocer. “El presidente municipal debe actuar de manera institucional para que la gente pueda disponer de esos recursos”.

Es un secreto a voces en la región que los recursos de Juxtlahuaca se han dirigido a otros objetivos, agrega Cruz sin precisar a cuáles.

La legisladora por el PRD asegura que el diputado Heliodoro Díaz, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien supuestamente encabezaría la comisión especial del caso de San Juan Copala, deberá contemplar que este caso también involucraría desvíos de recursos y que ameritan que la Auditoría Superior de la Federación revise la gestión de las autoridades municipales de Juxtlahuaca.

Podría ser un caso parecido, refirió, al del municipio de San Juan Mixtepec, que recibe del ramo 33 poco más de 8.8 millones de pesos y en donde se acusa a las autoridades del municipio de malversar los recursos que llegan de la federación. Se trata de obras que debió ejecutar el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y que simplemente no se hicieron.

“No se sabe en qué se están ocupando los recursos. Tenemos que exigir una revisión de ellos… no se pueden desviar, si lo ocupan para otra situación diferente, se está cometiendo un delito”, asegura la diputada. Agrega que “es casi un hecho que en Juxtlahuaca no se aplicaron los recursos y también se desviaron. Voy a pedir auditoría a los recursos en esta región de la mixteca con complicidad de su ayuntamiento, del presidente municipal y el tesorero”.

Vacíos legales, el problema

Investigadores sobre la autonomía indígena reconocen que tanto el traslado de recursos federales a los estados y municipios como las atribuciones legales e instrumentos de que puedan dotarse los órdenes de gobierno estatal y local para la generación de sus propios recursos están relacionados con las capacidades y experiencia para su administración.

Analistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que se han ocupado de la relación con los municipios y la federación señalan que a partir de la creación de los fondos municipales de solidaridad, de los fondos de desarrollo social municipal y de los fondos para la infraestructura municipal, los gobiernos indígenas se han visto obligados a seguir procedimientos con los cuales no están familiarizados.

Establecer planes de desarrollo es un verdadero problema para los municipios indígenas, entre otras cosas, porque hace falta capacitación y experiencia. Pero también porque los modelos y formatos que exigen los gobiernos estatales no están pensados para los municipios indígenas, sino para los urbanos. Así que el problema está sobre la mesa y no es con balas como debe solucionarse.

Además, se están violando los acuerdos firmados por los gobiernos panistas para respetar a los pueblos indígenas. Fue en diciembre de 2000 cuando una reforma constitucional sobre derecho indígena los reconoce y establece estos compromisos con ellos: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural; aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado; también pueden decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. Se respetará, por lo tanto, el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo con las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa”.

Por lo tanto, alguien en Oaxaca está violando las leyes.

Grupo paramilitar mata a Timoteo Alejandro Ramírez Asesinan a líder triqui del municipio autónomo

Timoteo Alejandro Ramírez, líder triqui de la comunidad de Yosoyuxi y uno de los principales impulsores del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue asesinado en su casa este jueves 20 de mayo de 2010.

De acuerdo con Miguel López, campesino de Yosoyuxi y simpatizante de la lucha por la autonomía de la “nación triqui”, los asesinos serían del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

A la comunidad de Yosoyuxi, la tarde del jueves llegó un camión de carga procedente de la cabecera municipal de Putla. Ofreció a los lugareños la venta de comestibles y bebidas. Cuando descargaban la mercancía en casa de Timoteo Alejandro, los falsos vendedores dispararon contra el líder triqui y su esposa Cleriberta Castro.

Nadie se percató en el momento. Los asesinos entraron como salieron. Minutos después, un vecino de la familia Alejandro Castro encontraría los cuerpos cuando intentaba comprar en la tienda de Timoteo. Según los habitantes de Yosoyuxi, los sicarios eran mestizos. Presumen que fueron contratados por el MULT.

De 45 años, Timoteo Alejandro era el principal líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI), la organización que se adhirió a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y convocó, a finales de ese año, a la instauración de un Municipio Autónomo triqui con cabecera en San Juan Copala, el principal centro político y ceremonial de ese pueblo indígena.

La convocatoria cautivó a triquis de decenas de comunidades, que comenzaron a abandonar a las dos organizaciones históricas de la región: el MULT y la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), esta última afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El Municipio Autónomo fue declarado en enero de 2007; pero los liderazgos históricos desplazados amenazaron a las nuevas autoridades autónomas, elegidas mediante usos y costumbres de la cultura triqui.

A mediados de 2006, cuando las comunidades que formarían el MULTI ya se habían separado del MULT, una emboscada acabó con la vida del primogénito de Timoteo, también de nombre Timoteo Alejandro. El joven contaba con 19 años de edad. Los indígenas de Yosoyuxi acusaron al MULT.

Las emboscadas contra los impulsores del Municipio Autónomo continuaron hasta que el 28 de noviembre pasado, grupos paramilitares de la Ubisort y, aseguran simpatizantes del municipio autónomo, también del MULT, impusieron un cerco y un toque de queda permanente a San Juan Copala

Desde hace seis meses, los grupos armados cortaron los cables de energía eléctrica y teléfono y rompieron los ductos del agua potable. Nadie puede caminar las calles de Copala porque los paramilitares, apostados en las colinas circundantes, en el barrio de La Sabana y en los cuarteles que el Ejército y la policía abandonaron, disparan contra toda aquella persona que intente salir de sus casas. Sólo algunas mujeres pueden caminar unas horas al día en ese pueblo triqui. La presidencia municipal, la iglesia, las escuelas y las casas habitación son baleadas día y noche por los grupos armados.

San Juan Copala y Yosoyuxi, las principales comunidades impulsoras del Municipio Autónomo, se encuentran en medio de las comunidades pertenecientes a las organizaciones que le son antagónicas: la Ubisort y el MULT. El camión con lo atacantes provenía de la zona controlada por esta última organización, aseguran los habitantes de Yosoyuxi.

El desarrollo científico nacional se está prostituyendo: Genaro Aguilar

• El investigador del Politécnico participó en el congreso de los miembros del SNI
• Se ha traducido en vicios el "objetivo obsesivo" de incrementar los logros de la ciencia y la tecnología sin aumentar al mismo tiempo los recursos invertidos en esos rubros, señala.

José Antonio Román
Periódico La Jornada
Miércoles 12 de mayo de 2010, p. 2

"El desarrollo científico nacional se está prostituyendo", aseguró Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El "objetivo obsesivo" de incrementar los números de los logros de la ciencia y la tecnología en México sin aumentar al mismo tiempo los recursos invertidos en esos rubros se ha traducido en lamentables vicios dentro de la comunidad científica nacional. Esas prácticas, cada vez más recurrentes en la comunidad científica y en las autoridades evaluadoras, se conjugan con el "tráfico de influencias", por el que un investigador puede pasar a ser nivel 3 sin habar estado antes en el 2.

"Hoy día no es poco común encontrar a un grupo de cuatro colegas que se reúnen, toman un café, acuerdan que cada uno de ellos elabore un artículo por separado, pero que todos aparezcan como autores. Un año después cada uno resulta ser autor de cuatro artículos publicados en una revista científica, porque los cuatro sólo anotaron a sus colegas, aun sin que el resto haya desarrollado un ápice de dichas investigaciones. Esto se llama, lo aceptemos o no, simulación", dijo el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Participante en el recién realizado Congreso de miembros del SNI, el investigador del IPN asumió una actitud crítica hacia el sistema de evaluación y contra los vicios incubados en los años recientes.

Citó que otra de las prácticas es la urgente necesidad de que se titulen alumnos de posgrado, sin importar si están bien preparados o no, con tal de ganar o mantener las recompensas y promociones que se otorgan en el sistema.

"Cada vez es más común que los directores de tesis escriban las disertaciones de sus alumnos con tal de que se gradúen. La evaluación ha sido permeada por criterios que dicta la autoridad, no por los emanados estrictamente de la comunidad científica. Pero lo grave es que algunas prácticas que distorsionan la actividad de investigación ya han sido aceptadas como algo más o menos natural", señaló.

Tanto en su ponencia como en entrevista, el investigador del IPN da una larga lista de distorsiones provocadas por un proceso evaluatorio que premia la cantidad y no necesariamente la calidad. Al respecto, cita la práctica, recurrente ya en muchas universidades e instituciones de educación superior, de que algunos profesores "acaparan" a los alumnos de maestría y posgrado para graduarlos.

Hay un caso, comentó, en el que hasta 90 por ciento de los alumnos titulados de un posgrado en los pasados cinco años han sido asesorados por el mismo director de tesis. Esta práctica tiene origen en el sistema de evaluación del SIN, que premia la alta generación, dicen, de recursos humanos especializados.

Pero además, aseveró, existe "tráfico de influencias", del que incluso citó dos casos, sin mencionar los nombres de los implicados. El primero es un investigador que entró al sistema y permaneció en nivel 1 por lo menos 15 años sin poseer el grado de doctor en ciencias. Cuando se volvó diputado federal pasó, mágicamente, a nivel 3 dentro del SNI, incluso sin pasar por el nivel 2.

El segundo, añadió, es un investigador que, al ser designado director de un Centro de Estudios en la Cámara de Diputados, se convirtió en miembro del SNI; así, sin pasar por el nivel de candidato. "Eso es tráfico de influencias, lo quieran o no aceptar las autoridades", concluyó el investigador del IPN.

Fuente: Diario La Jornada

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¿Destaparan la cloaca? Esa en donde incluso algunos notables y venerables están metidos.
¿O seguirán a buen resguardo bajo el manto protector del amiguismo, que todas las puertas abre y todos los reglamentos brinca?

Noticias MVS con Carmen Aristegui

Audio sin comerciales de hoy 29 de abril de 2010 (8:00 a 10:00 am).

Copala, zona de guerra.

San Juan Copala, Oaxaca. Desde el 28 de noviembre de 2009, el centro político y ceremonial de la cultura triqui se encuentra en estado de sitio, sometido permanentemente a los disparos indiscriminados de los grupos paramilitares de la Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priista, que encabeza Rufino Juárez, el alumno del actual secretario de Gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez. Desde entonces, 500 personas han sido desplazadas. Otras 30 han sido asesinadas y un número indeterminado, heridas. Todas han sido emboscadas.

Los paramilitares atacan noche y día, no permiten la salida ni la entrada a la población de personas, alimentos ni medicinas. Cortaron los cables de la luz eléctrica, las líneas del teléfono y rompieron los ductos del agua potable. No hay ley ni autoridad que valga más que las armas de la Ubisort y, aseguran los pobladores de San Juan Copala, las del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). El pecado de estos indígenas refugiados en sus casas: echar fuera a todos los partidos políticos e instaurar un municipio autónomo basado en su cultura y tradición.

Fuente: Revista Contralinea

Mensaje AMLO del 10 de mayo del 2010

GRANADEROS AGREDEN MARCHA CONVOCADA POR FAMILIARES POR FAMILIARES DE PERIODISTAS Y CONTRALÍNEA

La marcha convocada por los familiares de Érika Ramírez y David Cilia, y por la revista Contralínea, terminó en agresión por parte del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. La manifestación partió a las cuatro de la tarde del Hemiciclo a Juárez a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los granaderos agredieron a integrantes del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión, activistas, organizaciones no gubernamentales y estudiantes de diversas universidades que se manifestaron en las oficinas de la PGR.

La PGR se negó a que el fiscal Gustavo Salas Chávez, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas atendiera a un grupo formado por cinco periodistas y cinco familiares de los reporteros desaparecidos de este semanario. A través de un custodio, la PGR informó que sólo atendería a un grupo de cinco personas a través de tres ministerios públicos.

El grupo de periodistas y familiares solicitaron a la PGR un informe de la situación de los periodistas Érika Ramírez y David Cilia y la dependencia no proporcionó información alguna, sin embargo señaló a los familiares y periodistas que esperaran a “consultar” si alguien los recibiría, mientras los manifestantes permanecían a las afueras de la PGR unos 200 granaderos arribaron y golpearon a manifestantes, entre ellos los hermanos del periodista David Cilia García. Ésa fue la respuesta que el comité de periodistas y familiares de los desaparecidos recibió de las autoridades de la PGR y el gobierno capitalino.

Periodistas de Contralínea rescatados

Los periodistas Érika Ramírez y David Cilia han sido rescatados, ambos fueron hospitalizados. Se espera el reporte médico.

Miguel Badillo confirma que el convoy de rescate con los periodistas Érika Ramírez y David Cilia ha iniciado el descenso de la región triqui.Miguel Badillo director de Contralínea y la reportera Érika Ramírez

David Cilia Olmos (Izquierda) y su hijo David Cilia




David Cilia con heridas en tobillo y cadera


SE ESPERA REPORTE MÉDICO!!!!

Testimonio de vida periodistas Contralínea

INICIA OPERATIVO DE RESCATE

A las 16:40 horas de este jueves 29 de abril de 2010 inició el operativo para rescatar con vida los periodistas Érika Ramírez y David Cilia.
Por órdenes del secretario de Gobierno de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, un comando especial partió en un helicóptero hacia la zona donde se encuentran resguardados los reporteros de Contralínea, en San Juan Copala, municipio de Juxtlahuaca. Abordo también viajan Miguel Badillo, director de este semanario, y David Cilia Olmos, padre del fotoperiodista desaparecido.

Declaración de una de los sobrevivientes del ataque a la carvana San Juan Copala.

Gabriela narra la forma en que fueron atacados y las forma en la que lograron salvar la vida.


Video de: http://oaxacaenpiedelucha.blogspot.com

San Juan Copala: crónica de una represión anunciada

Francisco López Bárcenas

La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena. De acuerdo con la información preliminar que públicamente ha circulado, de la agresión resultaron dos personas muertas: la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Tyri Antero Jaakkola, originario de Finlandia, mientras más de una docena de activistas se encuentra en calidad de desaparecidos, sin que sus compañeros sepan si están muertos, heridos o escondidos en algún lugar, porque tomaron rumbo al monte para protegerse de las balas asesinas.

Tanta saña contra una caravana de personas indefensas se originó en el hecho de que los activistas intentaron romper el cerco tendido por los agresores sobre el municipio autónomo de San Juan Copala, para poder entregar alimentos, ropa y un mensaje de solidaridad a sus habitantes, que desde hace meses se encuentran incomunicados y sin luz eléctrica por el hecho de querer ser autónomos, es decir, libres, es decir, ellos mismos.

La agresión estuvo anunciada, cantada, desde días antes que sucediera. Desde que las autoridades del municipio autónomo informaron que la caravana llegaría, la Ubisort dijo que no la dejaría entrar y que si llegaban no se responsabilizaban de lo que les sucediera. Y cumplieron su palabra con los lamentables resultados de personas inocentes muertas, heridas y desaparecidas. Pero hubo otros sucesos que también anunciaron la represión en la región triqui. El día 28 de noviembre del año pasado el mismo grupo impidió que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, llegaran al municipio autónomo, donde tenían planeado realizar la clausura de la campaña por la libertad de sus presos. En esa ocasión, muchos pensaron que había una alianza entre los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, los mandatarios más represivos del sexenio, para evitar que los dos movimientos de resistencia se unieran. La hipótesis no era tan descabellada, porque a partir de esa fecha la represión sobre el municipio autónomo aumentó, hasta llegar a donde ahora se encuentra.

Ese mismo día, en los diarios de la capital oaxaqueña se inició una fuerte campaña de desinformación, afirmando que el municipio autónomo había llegado a su fin. Para darle algún viso de veracidad a sus dichos, los integrantes de la Ubisort declararon agente municipal a Anastacio Juárez Hernández, hermano del líder de la organización. A pesar de que las autoridades municipales desmintieron una y otra vez esas versiones, la campaña continuó, mientras en la región triqui la sangre seguía corriendo. El día 29 de noviembre de 2009, las instalaciones del municipio recibieron la agresión más violenta desde su fundación, pero no sólo eso, también el albergue infantil fue baleado y en esos hechos murió el niño Elías Fernández de Jesús y resultaron heridos Tomotelín y Jacinto Velasco, así como otro menor cuyo nombre no se dio a conocer. Ese mismo día los agresores instalaron un retén a la altura de la comunidad La Sabana, el mismo lugar donde ahora se perpetró la agresión a la caravana de activistas, con la clara intención de tender un cerco sobre los habitantes del lugar.

Cuando consideraron que el municipio estaba aislado asestaron lo que tal vez pensaron era su golpe definitivo. El 10 de diciembre, fuertemente armados y acompañados por unas cuantas personas, desalojaron a las autoridades autónomas del municipio y montaron una guardia permanente en él. Así estuvieron hasta el 10 de marzo, día en que un grupo de mujeres y niños que respaldan al municipio y sus autoridades se hicieron del inmueble cuando los usurpadores aflojaron la vigilancia; como éstos ya no pudieron regresar, comenzaron a disparar sobre la comunidad, resultando herida la señora María Rosa Martínez, de 64 años de edad. La situación se puso de tal manera peligrosa que muchas familias abandonaron San Juan Copala y se fueron a refugiar a otros barrios o salieron de la región; también se suspendieron clases y hasta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cerró sus instalaciones. Sólo permaneció abierta la iglesia; los pobladores debieron moverse con cautela. Así estaban las cosas hasta el momento de la agresión a la caravana de observación de derechos humanos.

¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada de ayer en Oaxaca? Es una pregunta que, con mucha pertinencia, nuestro diario se hace. Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región. Otra, en los intereses económicos que transitan por ese rumbo. Habrá que escarbar ahí para ver qué luz arrojan. Por ahora, lo más importante es encontrar formas de proteger a la población de la brutal represión, a los originarios y a los de afuera; exigir que autoridades imparciales, auxiliadas por organismos que vigilen su trabajo, inicien una investigación que dé con los responsables y los lleve a juicio. Desgraciadamente, ni en la Federación ni en el estado de Oaxaca se tiene confianza en las instituciones encargadas por ley de esto; por eso tal vez haya que acudir a instancias internacionales. Por el bien de todos, no podemos permitir que esta represión quede impune.

Noticias MVS con Carmen Aristegui

Audio sin comerciales de hoy 29 de abril de 2010 (8:00 a 10:00 am).

Desaparecidos, varios de los emboscados en Copala

• Levantan autoridades los cadáveres del finlandés y la mexicana
• El grupo atacante restringe los trabajos de la policía en esa zona

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 5

Oaxaca, Oax., 28 de abril. La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) recogió los cadáveres del finlandés Tyri Antero Jaakkola y de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, miembros de la caravana civil internacional que se dirigía a San Juan Copala y que fue atacada a balazos por un grupo de paramilitares pertenecientes a la organización priísta Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort). Sin embargo, la policía sigue sin poder localizar a varias personas que están desaparecidas, entre ellas varios europeos –se cree que corrieron al monte tratando de protegerse de los disparos–, porque el grupo paramilitar que controla la zona sólo le permitió el acceso por algunas horas.

Los policías dijeron a Miguel Badillo, director de la revista Contralínea –quien se encuentra en las inmediaciones de San Juan Copala buscando a los dos reporteros de esa publicación que están desaparecidos–, que el grupo paramilitar amenazó con "atacarlos" si no se retiraban del lugar. Ofrecieron que este jueves, "con la luz de día", volverán a incursionar en el monte, previo acuerdo de tregua con el grupo armado. Badillo solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación a fin de que las autoridades recuperen el control de la zona y los desaparecidos puedan ser buscados.

En la caravana participaban 25 personas, entre activistas y periodistas. Sólo cinco de los desaparecidos han sido identificados: Érika Ramírez y David Cilia, reportera y fotógrafo de Contralínea; Noé Bautista Jiménez y David Venegas Reyes, activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y Martin Sautan, un observador alemán. Los vehículos fueron recuperados hoy por la policía estatal. El Dodge Attitude azul claro, con placas 4761 TMD, del estado de Quintana Roo, en que viajaban los reporteros, tiene 25 impactos de bala. Una Suburban y el resto de los vehículos también se encuentran dañados y con decenas de impactos.

En un boletín, el gobierno estatal informó que el fiscal de Santiago Juxtlahuaca, apoyado por peritos y policías preventivos y de la AEI, acudieron al paraje Los Pinos, donde encontraron los cadáveres de dos personas en una camioneta blanca con la leyenda Frente Nacional Indígena y Campesino AC, y presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los fallecidos fueron identificados como Tyri Antero Jaakkola, finlandés integrante de la organización Uusi Tuuli Ry, y Beatriz Alberta Cariño Trujillo, esposa de Omar Esparza Zárate, coordinador del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Los cuerpos fueron trasladados a Huajuapan de León para la necropsia de ley.

Mónica Citlalli Santiago Ortiz, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, continúa internada en el Hospital del IMSS de Santiago Juxtlahuaca, y su estado de salud se reporta estable.

La Ubisort también se deslindó y atribuyó la balacera a un "autoatentado". Precisó que "los MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) buscaron la manera de ser mártires para llamar la atención de la sociedad; ellos matan y nos culpan a nosotros".

Yo, Naranja de DENISE DRESSER

Yo, al igual que usted, parezco una naranja. A mí, al igual que a usted, todos los días alguna empresa pública o privada me exprime. Me hace un cobro excesivo o me impone una tarifa exorbitante o me impone una comisión injustificada o me obliga a aceptar un servicio malo. Ya sea Telmex o Scotia Bank o Citigroup o la Comisión Federal de Electricidad o alguna Afore o alguna aseguradora o algún notario. Ya sea alguien de apellido Slim o cualquier otro monopolista, oligopolista o rentista de los que pululan a lo largo y a lo ancho de la economía nacional. Cual cítrico, Carlos Slim -y otros tantos como él- me exprimen el jugo, me sacan la pulpa, succionan el zumo, elaboran una multimillonaria naranjada con mi dinero y celebran su más reciente aparición en la lista Forbes.

Usted y yo somos corresponsables del ascenso del señor Slim -junto a Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Roberto Hernández, Germán Larrea, etcétera- en la lista de hombres más ricos del mundo, porque el gobierno ha permitido que seamos tratados como naranjas, y nosotros hemos tolerado la extracción. Usted y yo somos víctimas de una economía oligopolizada en la que tres bancos dominan los servicios financieros, dos empresas controlan los canales de televisión abierta, una empresa controla la red de conexión telefónica, dos grupos empresariales controlan la distribución de gas LP, dos empresas controlan el mercado del cemento, una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz, tres empresas controlan la producción de pollo y huevo, dos empresas controlan el 80% del mercado de leche, tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas, una empresa controla la producción del pan industrializado, y dos empresas controlan la distribución de medicamentos. Esos "jugadores dominantes" hacen -con la anuencia de funcionarios débiles o cómplices- básicamente lo que se les da la gana. Controlan, coluden, abusan, expolian, exprimen.

Arrancan gajo tras suculento gajo, transacción tras transacción, contrato tras contrato, cobro tras cobro. Como lo ha sugerido la Comisión Federal de Competencia, cada familia mexicana transfiere 75 mil pesos anuales a los monopolistas del país. Y los pobres pagan 40% más de lo que deberían por la falta de competencia en servicios básicos como telefonía. Los consumidores somos una fábrica lucrativa de jugo concentrado, que corre por las venas de la mayor parte de los reconocidos por la revista Forbes, al margen de su "talento empresarial". De 2009 a 2010 los nueve grandes ricos mexicanos incrementaron su patrimonio en 61%, al pasar de 55.1 a 90.3 millones de dólares. Y ello no se debió tan sólo al alza de sus acciones en la Bolsa o a inversiones visionarias que lograron hacer en una economía que se contrajo 8%. La respuesta se halla también en la estructura concentrada de la economía mexicana. En la falta de competencia que despliega. En las prácticas extractivas que permite. En el rentismo cotidiano que produce. Un huerto nacional de naranjas, donde 90% de los abusos cometidos contra los consumidores quedan impunes.

Pero un huerto cada vez más reseco, menos productivo, que en lugar de cosechar fruta jugosa produce pobres en números crecientes. Y de allí la urgencia de revisar las reglas para la producción de naranjada, y modificar las sanciones para quienes la elaboran abusivamente. De allí la necesidad de fortalecer a los órganos regulatorios como la Comisión Federal de Competencia; de incrementar -de acuerdo con la mejores prácticas globales- el monto de las multas por prácticas monopólicas que puede imponer para que sea equivalente a 10% del volumen total de ventas y no sólo 82 millones de pesos como lo es hoy; de imponer sanciones penales y carcelarias para violaciones cometidas por empresarios al frente de mafias, como lo han sugerido expertos de la división de competencia de la OCDE; de legislar adecuadamente las "acciones colectivas" para que los consumidores puedan organizarse en defensa de sus derechos, en vez de contemplar indefensa y pasivamente cómo son violados.

Más importante aún, los mexicanos deben dejar de pensar como naranjas y permitir que el manojo de afortunados en la lista Forbes los traten así. Deben dejar de manifestar admiración por sus exprimidores, como lo hace el 60% de quienes -según una encuesta reciente- creen que el ingeniero Slim es un ejemplo para sus hijos. Deben repensar visiones como la expresada por Claudio X. González quien afirma: "Ojalá tuviéramos más (ricos) porque emplean a muchas personas. El ingeniero Slim le da empleo a más de 200 mil personas directamente y es muy trabajador, y muy ahorrador y ha sabido invertir muy bien". Sí, ojalá hubiera más ricos mexicanos, pero encabezados por extraordinarios innovadores que han sabido crear riqueza a base de la competencia, la productividad, la calidad, los buenos precios y los buenos servicios ofrecidos a quienes habitan la base de la pirámide. No nada más exprimiendo naranjas y parándose sobre sus cáscaras para ascender a la cima.

Del correo-e

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¿QUÉ POLITÉCNICO TENEMOS?
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Estudiantes Politécnicos:
¡A defender el Politécnico!
¡Alto a la represión!
¡Fuera porros y policías del IPN!
¡No al pago de cuotas!
¡Reinstalación del internado!
Por un Congreso General Politécnico en donde discutamos entre tod@s el rumbo del IPN.
Juntos construyamos un Politécnico critico, científico, gratuito y popular.
"Por la reconstrucción del proyecto de educación popular técnica"
Colectivo 23 de Septiembre
http://colectivo23deseptiembre.blogspot.com/

Feria Politécnica

Noticias MVS con Carmen Aristegui

Audio sin comerciales de hoy 19 de abril de 2010 (8:00 a 10:00 am).

El general y su "sobrino Amado"

El general y su "sobrino Amado"

Juan Veledíaz

MÉXICO, D.F., 19 de abril (Proceso).- La subordinación de altos mandos del Ejército a los grandes capos del narcotráfico se conoce… pero sólo unos pocos casos llegan a ser documentados, y a veces por accidente, como el que le costó la vida al general Gonzalo Curiel García, cuando estrelló su avión en el desfile del 16 de septiembre de 1995. Su muerte causó alarma porque, horas antes del percance, llegó a la base aérea militar de Santa Lucía con un niño al que presentó como su “sobrino” y ordenó que lo dejaran volar en un helicóptero. Tras una investigación se supo que el menor no era su pariente...

Era un niño de aproximadamente 10 años de edad que llegó a la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Lo llevaba el general de ala Gonzalo Curiel García, un oficial de la Fuerza Aérea que había sido comandante aéreo en Jalisco. Esa mañana del 16 de septiembre de 1995 su presencia pasó casi inadvertida, ya que en las instalaciones había varios civiles, la mayoría invitados para presenciar el despegue de las aeronaves que participarían en la parada militar aérea por el aniversario de la Independencia.

El general Curiel era entonces comandante de la base aérea militar de Ixtepec, en Oaxaca, y la Secretaría de la Defensa Nacional lo había nombrado jefe del Estado Mayor del agrupamiento aéreo que tomaría parte en la exhibición. Llegó con el menor al hangar del escuadrón aéreo de operaciones especiales; ahí le pidió al oficial en jefe, el teniente coronel de la Fuerza Aérea Antonio Borja Polino, que se hiciera cargo de su “sobrino”, pues él iba a participar en el desfile como piloto de un avión T-33.

Al poco rato, el general regresó y le entregó una cámara fotográfica al menor. Enseguida le ordenó al teniente coronel Borja que lo “subiera a cualquier helicóptero”, pues ya estaba autorizado que el niño volara ese día.

Alrededor de las 10:45 de la mañana, Borja se dirigió con el niño a la pista donde estaba a punto de despegar un helicóptero Sikorsky, tripulado por el capitán Juan Solano Aguayo y el oficial Sergio Licona García. Meses después, ante las autoridades judiciales militares, el teniente coronel Borja declararía que le preguntó al niño cómo se llamaba, y él solamente contestó: “Amado”, según el expediente cuya copia tiene Proceso.

En la plataforma, Borja les indicó a los pilotos que el menor los acompañaría durante su recorrido en el desfile, se los encargó hasta que aterrizaran y les dijo que se trataba del “sobrino del general Curiel”.

El capitán Solano Aguayo, piloto en jefe del helicóptero, recordó que aquella mañana recibió la orden del teniente coronel Borja para que el niño los acompañara durante la demostración, además de que también viajaría otro civil de nombre Emilio Garay, un empresario del Estado de México invitado del oficial en jefe de la base aérea.

El capitán Licona García, compañero copiloto de Solano Aguayo, declaró ante las autoridades judiciales militares que tanto el menor como el adulto se sentaron en los asientos posteriores, ante la extrañeza que les causó a los oficiales el hecho de que se hubiera autorizado a esas dos personas abordar una aeronave militar.

Despegaron de la base de Santa Lucía rumbo a Lomas de Sotelo; siguieron una ruta en dirección al Centro de la Ciudad de México y sobrevolaron el Zócalo capitalino en tres ocasiones. El niño iba feliz: tomaba fotos y procuraba no despegarse de su asiento, recuerda el copiloto y oficial de la Fuerza Aérea.

Al poco rato, por radio escucharon un reporte: durante las maniobras, un T-33 había colisionado con un F-5. El accidente, que involucró a otras dos aeronaves, detonó la alerta roja y desde el puesto de mando en Santa Lucía se instruyó a los pilotos del Sikorsky para que volaran en dirección a Huixquilucan, al poniente de la Ciudad de México, donde habían caído los restos de los aparatos.

La orden fue que buscaran una columna de humo, que aterrizaran en el descampado donde se habían desplomado los aviones y que reportaran de inmediato el estado de la situación. Bajaron cerca de uno de los T-33 accidentados. El capitán Licona iba acompañado de un mecánico que cargaba un extinguidor. Buscaban los cuerpos, pero la gente del lugar les avisó que un poco más adelante estaba uno de los cadáveres, el cual no pudieron identificar debido a que estaba incrustado con todo y sillón en un montículo de lodo. Esperaron instrucciones hasta que, momentos después, en el lugar aterrizó un helicóptero que venía del hangar presidencial y se haría cargo de las maniobras de rescate. Entonces llegó la orden de que todos los helicópteros Sikorsky se concentraran en Santa Lucía.

Cuando aterrizaron, se enteraron de que uno de los pilotos del T-33 accidentado era el general Curiel. Había perdido la vida...

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Los teléfonos no dejaban de sonar en el cuartel de Santa Lucía, y la base aérea militar era un caos. El teniente coronel Borja Polino recogió al niño en la pista y se reportó con el comandante de la base, el general Juan Arturo Villasana Castillo. Le dijo que se retiraría a su oficina para atender los llamados de emergencia y dejó al menor con el general. Villasana se comunicó al cuartel general de la Fuerza Aérea para pedir que lo comunicaran con el general Roberto Chapa Aguirre, “quien sabía era compadre del extinto general Curiel”. Cuando se lo pasaron, le dijo que en la base se encontraba “un sobrino del general Curiel” y que no había ningún otro familiar que se hiciera cargo de él. Chapa le contestó que estaba en casa de su compadre acompañando a los hijos, a la espera de la llegada desde Guadalajara de la viuda, y que no podía ir a recogerlo.

Villasana decidió llevar consigo al niño cuando recibió la orden de viajar a la Ciudad de México para reportarse en la comandancia de la Fuerza Aérea. Un poco antes de llegar a la caseta de cobro de la autopista México Pachuca, recibió una llamada desde la base de Santa Lucía del teniente coronel Alejandro Iturría Luna, quien le informó que una persona que dijo ser familiar del niño se había presentado para recogerlo. El general le ordenó que le dijera al visitante que se trasladara a la caseta de cobro, donde lo esperaría estacionado afuera de los baños para que recogiera al menor.

No pasó ni media hora cuando un auto negro, conducido por un hombre joven, se estacionó al lado del vehículo del militar. El conductor descendió y cuando el niño lo vio exclamó: “Es mi hermano”. Se acercó para dar las gracias y el general Villasana le comentó que no le habían dicho nada al menor “sobre el accidente de su tío”. El joven respondió que ya se habían enterado de la noticia por la televisión. Se despidieron y, de acuerdo con la versión que el general dio a la autoridad judicial militar, nunca más los volvió a ver ni supo quién era aquel joven ni conoció la identidad del niño.

La “sorpresa” no terminó ahí. Un día después del accidente, personal castrense entregó al entonces comandante de la región aérea del sureste, el general Juan Manuel Wonche Montaño, las pertenencias del finado militar, quien era su compadre. Habían permanecido en la cajuela del vehículo en el que llegó a Santa Lucía, en el Estado de México. El divisionario declaró ante la fiscalía militar que recibió “una maleta con ropa, un portafolio pequeño con aproximadamente 11 mil pesos en efectivo, 2 mil dólares, una pistola, un reloj y un portafolio cerrado con candado”.

Las autoridades castrenses responsables de la investigación no cuestionaron al militar sobre el contenido del maletín sellado, pero de acuerdo con testigos que conocieron el caso y que nunca fueron llamados a declarar ante la fiscalía, en esa valija también había una “importante cantidad de dólares” que presuntamente Curiel recibió como pago por sus servicios al cártel de Juárez.

Wonche contó que era compañero de “antigüedad en la escuela militar de aviación” del finado general Curiel. Su amistad se afianzó a mediados de los años setenta, cuando bautizó al segundo hijo de su colega. Recordó que a principios de aquel mes de septiembre, dos semanas previas al desfile, Curiel llegó a la Ciudad de México con 16 aviones T-33 “pertenecientes a la primera ala de pelea” bajo su mando, los cuales tenían su base en las instalaciones de la Fuerza Aérea en Ixtepec. Por esos días, el general Arturo Torres Alarcón fue nombrado comandante del agrupamiento aéreo que participaría en el desfile; el segundo al mando era el general Curiel, en su calidad de jefe de Estado Mayor.

El Ministerio Público Militar interrogó a Torres Alarcón: ¿conocía o le constaba que el fallecido oficial tuviera nexos con el narcotráfico? Él contestó que no, “sino hasta después de su muerte, que se comentó que posiblemente estuviese involucrado con el narcotráfico, en especial con Amado Carrillo”; pero subrayó que esa afirmación no le constaba.

En el testimonio que rindió ante las autoridades judiciales militares, el general de división Torres Alarcón dejó asentado que su único vínculo con el general Curiel se debía a sus respectivas jerarquías y a los servicios que prestaron juntos. “Y esto debido a que a mi persona le molestaba la forma de comportarse del hoy extinto general, el cual siempre se distinguió por su forma alegre y pachanguera, cosa que no va con mi forma de pensar, ya que incluso yo no tomo y por lo mismo evito convivir con personas que tienen ese hábito, como era el general Curiel”.

Más adelante reconoció que no supo que su subordinado había llevado a un menor a la base aérea para que lo subieran a uno de los helicópteros y le dieran un paseo. Añadió que fue por “propia voz de mi general secretario”, Enrique Cervantes Aguirre, como se enteró de que aquel niño era hijo de Amado Carrillo Fuentes.

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El propio general Cervantes contaría a un grupo importante de generales, a quienes mandó llamar meses después del accidente, que un día antes del desfile el general Curiel había estado en una “noche mexicana” en casa de Amado Carrillo. Sus vínculos con el narcotráfico fueron documentados por Inteligencia militar desde 1994, cuando ocupó el mando de la base aérea de Cozumel, Quintana Roo, y facilitó aeronaves para que se transportaran familiares del capo, además de brindar protección y cobertura a las operaciones de trasiego de droga que los operadores del cártel de Juárez realizaban por esa zona del Caribe mexicano.

Oriundo de Jalisco, Curiel García fue piloto de escuadrón e instructor del Colegio del Aire. Tiempo después pidió licencia en la Fuerza Aérea y estuvo fuera de servicio un par de años, a principios de los noventa, cuando ocupó la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara y entró en contacto con allegados de Carrillo Fuentes. Regresó a la milicia y fue comisionado a Cozumel; tiempo después fue enviado a Ixtepec, su última base antes de morir.

En enero pasado, el reportero Ricardo Ravelo publicó en Proceso parte de la declaración ministerial de Vicente Carrillo Leyva, primogénito del fallecido capo Amado Carrillo y detenido en febrero de 2009, en la que dio algunos detalles de la relación de su padre con el general Curiel:

“En una ocasión, siendo el año de 1996, llegado a Cozumel, Quintana Roo, por la época de Semana Santa, mi papá nos dijo que nos adelantáramos al lugar y que ahí nos iban a recibir unos amigos de él, y a tono de broma nos dijo que no nos fuéramos a asustar con las personas que nos iban a recoger en el aeropuerto, preguntando que quiénes eran y no nos quiso decir, sólo que nos iban a encontrar a nosotros.”

Al aterrizar en un avión privado se llevaron una sorpresa: “Los militares rodearon el avión y al abrir las puertas nos saludaron muy amablemente diciéndonos que venían de parte del general Curiel”. Ese día por la tarde conoció al oficial, entonces comandante de la base aérea militar en la isla. Días después, Amado Carrillo y el general Curiel se reunieron en un hotel. Ahí estaba Eduardo González Quirarte, operador financiero y publirrelacionista del cártel de Juárez.

El Ejército sospechaba que González Quirarte era el enlace entre narcotraficantes y militares. Declaraciones ministeriales de varios pilotos aportarían más datos: su padre arrendaba unos terrenos para la siembra de maíz a la base aérea militar número cinco, localizada en Zapopan, Jalisco. El dicho fue confirmado por otros jefes de la Fuerza Aérea, uno de los cuales declaró ante la autoridad judicial militar que, en una ocasión, el señor González se presentó en la comandancia “reclamando que los cadetes del Colegio del Aire se robaban los elotes durante la noche, solicitando que el personal militar cuidara sus siembras, argumentando que pagaba mucho dinero a la Secretaría de la Defensa Nacional por ese concepto”.

Al paso del tiempo se conocería que su hijo Eduardo era uno de los principales informantes del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en esos años encabezaba la V Región Militar con sede en Guadalajara. Había quedado en evidencia que el eslabón entre generales de alto rango, como Curiel y Gutiérrez Rebollo, con Amado Carrillo había sido Lalo, un personaje que se convertiría en referencia obligada en esa historia inconclusa en tribunales llamada Maxiproceso.

Noticias MVS con Carmen Aristegui

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Pájaros en el alambre

Tepito vende bases de datos oficiales

Por 12 mil dólares dan información a 2009 que recaban los gobiernos; la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos


EN OFERTA. Los delincuentes del barrio bravo cuentan con una enorme gama de productos, incluso con el registro total de la población carcelaria del país, que contiene fichas signalécticas y los álbumes de policías también con fotografía (Foto: María de la Luz González )



María de la Luz González
El Universal
Lunes 19 de abril de 2010
luz.gonzalez@eluniversal.com.mx




Bases de datos que contienen información personal de millones de mexicanos están a la venta en 12 mil dólares en el barrio de Tepito.

EL UNIVERSAL comprobó que en tres memorias externas, cada una de 160 gigabytes, el comprador recibe el padrón electoral de todo el país, el registro de todos los vehículos y de licencias de conducir, entre otros “productos”.

La información la han adquirido tanto grupos del crimen organizado como agentes policiacos que la utilizan para trabajar, ya que en sus corporaciones no tienen esa disponibilidad de datos.

Un agente que tiene los datos en su poder explicó: “Cuando le comentamos al jefe de grupo que se estaba vendiendo, nos cooperarnos para comprarla, cada uno de nosotros puso 10 mil pesos, porque la verdad agiliza el trabajo”.

Mencionó que uno de los archivos, denominado “Casetas Telmex”, con los números de todos los teléfonos públicos del país, les permite rastrear llamadas relacionadas con secuestros o extorsiones, un trámite que les tomaría unos cinco días, si lo hacen ante la compañía.

Otro archivo incluye datos de las policías del país, con fotografía de sus elementos, número de placa y el lugar donde están adscritos.

El agente consultado advirtió del riesgo de esta última información: “Los delincuentes ya saben con quién llegar, a quién amenazar, pues cruzando datos con la lista del padrón [electoral], obtienen hasta sus domicilios y ubican a su familia, para presionarlos”.

La información que se adquiere contiene también la identificación de todo el parque vehicular del Servicio Federal, donde está incluido el transporte de carga. Ahí se detallan marca, modelo, placas y tipo de carga que transportan, desde electrodomésticos y abarrotes hasta material explosivo y las rutas.

Especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Universidad Autónoma Metropolitana reconocieron que las bases de datos almacenadas por el gobierno no son 100% confiables debido a la falta de control, que las hace vulnerables a robos y fugas de información.

Las niñas madres

Lydia Cacho
Plan B
El universal/19 de abril de 2010

Son 16 niñas entre los 9 y los 14 años que esperan tener a su bebé para volver a la escuela y dejar atrás la pesadilla. Todas son de familias pobres de Quintana Roo y tienen en común que el bebé que llevan en su vientre es producto de una violación de su padrastro, tío, abuelo, hermano, o maestro. En todo el país se registran miles de casos de niñas madres como éstas. En Quintana Roo en 2009 hubo 881 casos de niñas embarazadas por violación ¿Y en el resto del país?

¿Qué pasa con ellas y esos bebés luego del escándalo?

En un escenario ideal el Ministerio Público explicaría que la ley le permite tomar de inmediato un tratamiento para prevenir un embarazo potencialmente peligroso, pero no lo hace. El DIF debería dar terapia a la familia, no lo hace. No debe separar a las menores de su madre (a menos que sea cómplice) y siempre lo hace. La ley dice que si una niña queda embarazada por violación solamente la madre, padre o tutor puede decidir si el embarazo se procura o se interrumpe. Lo cierto es que a las niñas no se les explica lo que significará ser madre, ni que en caso de tener al producto pueden darlo en adopción legal, o que podrá conservarlo siempre y cuando haya adultos capaces de cubrir sus necesidades mínimas. Tampoco se le dice que puede interrumpirlo y seguir con su infancia, simplemente se les impone la maternidad, y como consecuencia las niñas se niegan a proseguir con el juicio. Les han convencido de tener un bebé de su violador y ellas piensan que si su padrastro es el papá ella no lo quiere en la cárcel. La mayoría de pequeñas se sienten confundidas, responsables de la violación y consideran el embarazo un castigo merecido. Se les trata como fábricas de bebés y como tales actúan al salir del DIF. Con los millones de adultos incapaces de ejercer una maternidad o paternidad responsable ¿quién puede culpar a una niña de odiar a su bebé? de tirarlo al excusado o al pozo cuando nadie la ve, de maltratarlo o huir de casa y quedar expuesta a mayores peligros. Si ella estaba desnutrida, no iba a la escuela y fue abusada por su padrastro ¿por qué la autoridad cree que las cosas serán diferentes para el nuevo bebé?

La organización Mundial de la Salud ha dicho que los embarazos más peligrosos son los de menores de 15 años. Las razones van desde el tamaño de la cadera hasta la desnutrición y la falta de habilidades cognitivo conductuales. Sea cual sea la decisión, se debe recordar que las niñas fueron víctimas de un abuso y se debe dar seguimiento terapéutico para la depresión y estrés postraumático. Porque no se les protege a largo plazo la mayoría de niñas madres dejan la escuela, huyen del hogar antes de cumplir 16 años y abandonan a sus bebés que a veces se quedan en manos del violador. Resulta inobjetable que en el marco de la salud y los derechos humanos se deben anteponer el bienestar y futuro de las víctimas. Toda la sociedad puede exigir y participar en la protección de estas niñas y de esos bebés no deseados. Lo que no podemos es abandonarles luego de debatir sus casos.

Maciel y las finanzas del Vaticano

Rodolfo Sánchez Mena
sanchezmena@yahoo.com

La exhumación política de los restos del fundador de los Legionarios de Cristo y el Regnum Christie, Marcial Maciel, conlleva un nuevo escándalo financiero para el Vaticano. La denuncia de la familia del defenestrado Maciel por pederasta y criminal, acelera la investigación que la Santa Sede realiza a los Legionarios de Cristo, sobre los enormes recursos financieros que opera la llamada secta de los violadores.

La denuncia de la mujer de Maciel, Blanca Estela Lara, abre un nuevo capítulo en la confrontación de las sectas religiosas que disputan el poder en México: Legionarios, Opus Dei, jesuitas y Caballeros de Malta.

Las revelaciones de Blanca Estela Lara y sus hijos, la familia mexicana, sobre la vida de Maciel, desataron un terremoto en la Iglesia católica romana de proporciones a los registrados, juntos, en Puerto Príncipe, Haití, y en Asunción, Chile. El Vaticano no lograba dar salida al escándalo de Irlanda (sacerdotes pederastas) cuando recibieron el impacto telúrico causado por los abusos sexuales de Maciel a sus hijos.

El impacto de una nueva denuncia sacudió a los cimientos del Vaticano, poniendo en riesgo al sucesor de Ratzinger y su proyecto. Aceleran el propósito de jugar un nuevo rol mundial al acabar con la impunidad y asumir una responsabilidad definida ante la comunidad internacional.

El ingreso del Vaticano a la ONU es un imperativo para apuntalar y fortalecer la paz y los cambios globales; así mismo asumir responsabilidades y compromisos con la comunidad de naciones y los organismos internacionales en materia financiera, para actuar conforme a las regulaciones y disposiciones y no de manera subrepticia y sin transparencia en el manejo y origen de los recursos.

El problema de la herencia de Maciel abre de nueva cuenta el problema del origen del celibato de los sacerdotes católicos exigido por Roma, como medio para conservar y acrecentar la riqueza del Vaticano. Es tiempo de resolverlo permitiendo el casamiento y el tener familia, para que los descendientes de los sacerdotes y altos prelados no pasen por sobrinos o sobrinas y carezcan de patrimonio.

El pánico entre los integrantes del Regnum Christi por la exigencia de la herencia de Maciel, sacude a la cúpula de la Iglesia mexicana, por el inevitable derrumbe del poderoso cardenal Norberto Rivera Carrera y sus consecuencias para la ultraderecha mexicana, por ser protector de pederastas.

Maciel le metió la mano a Rivera para lograr su ascenso con Juan Pablo II, en su calidad de financiero del Vaticano. Maciel procedió con una doble intención, oculta. Primero, para hacerlo (su) príncipe de la Iglesia y luego ubicarlo en la línea sucesoria del papa polaco, para gobernar juntos en Roma, como lo hizo al lado de Juan Pablo II.

Ubicarnos en este nivel del análisis cubriría la nota. Sin embargo, requerimos ir más allá de los intereses en disputa por el reclamo de la herencia de Maciel y colocarnos por encima del Episcopado Mexicano y la Arquidiócesis de México. Adentrarnos en el contexto y en el trasfondo de este nuevo episodio de la secta de los violadores.

Estamos ante la formación de un tsunami político, donde gigantescas olas golpearán en un nuevo escándalo a las finanzas del Vaticano, de consecuencias superiores a la quiebra del Banco Ambrosiano por la Logia P2.

Veremos hacerse público uno de los secretos del Vaticano mejor guardados que el Santo Grial, como es el origen de gigantescos recursos que llenan las arcas del Vaticano, o sea: la red financiera operada por los Legionarios de Cristo con el crimen organizado.

El papa Benedicto XVI sentenció a cadena perpetua al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado. La Santa Inquisición lo juzgó y declaró culpable por los cargos de pederasta, violador, adicto a las drogas, colusión con el narcotráfico y fraude.

Maciel también fue juzgado por la muerte por envenenamiento de su tío, el obispo Rafael Guízar y Valencia. Este crimen no se hizo del conocimiento público para no contaminar el proceso del santo del siglo XXI, Guízar y Valencia.

Maciel fue condenado a permanecer recluido hasta el fin de sus días. Se le degradó como superior de una prelatura personal. A su vez, se le despojó de sus hábitos religiosos y se le ordenó nunca volver a participar en ningún acto, ni siquiera aparecer en público. En resumen, se le condenó a una pérdida total de su libertad y a dedicarse a llevar una vida de oración y penitencia hasta su muerte.

Marcial Maciel Degollado es miembro prominente de una familia de poder financiero-religioso-militar del siglo XX y principios del XXI. El ascenso a la cúpula del poder encubierto, lo abre el jefe del ejército cristero, Jesús Degollado Guízar. En Veracruz, el obispo Rafael Guízar y Valencia fue beatificado y está en vías de santificación. El arzobispo de Chihuahua, Antonio Guízar y Valencia, es pionero y operador del Triángulo de oro en Sinaloa, Sonora y Chihuahua, dominado por el arzobispado. Y el ascenso de los Legionarios de Cristo a Los Pinos, con su sobrina, Martha Sahagún Jiménez.

Marcial Maciel desde su posición privilegiada de poder, forjó a la élite financiera y gobernante neoliberal y del TLC, en la Universidad Anáhuac, el Instituto Cumbres y el Colegio Irlandés, para gobernar a México y mantener el control de los mexicanos, católicos o no.

El financiero Marcial Maciel ascendió a la cúspide del poder de Roma con Juan Pablo II. La red internacional creada por Maciel fue enchufada a un nuevo sistema de operaciones especulativas de carácter global para la Santa Sede, para provocar el derrumbe del viejo modelo económico de producción industrial, reemplazar al viejo sistema capitalista-socialista y crear el sistema global de libre mercado con un basamento financiero especulativo, ahora en recesión en Estados Unidos.

La estructura de poder que ha dado sustento a la ultraderecha de El Yunque y el arribo del PAN a la Presidencia con Vicente Fox y Felipe Calderón está dando sus últimas patadas de muerto con la exhumación pública de Maciel, para ser exhibido junto con su cómplice Rivera Carrera como criminal.

El papa Juan Pablo II designó cardenal a Norberto Rivera, a tono con la nueva elite neoliberal y del TLC. De esta manera, se liquidó al grupo del cardenal Corripio Ahumada que representaba a la Iglesia mexicana así como al equilibrio de las relaciones Estado-Iglesia y el Vaticano.

El arzobispo Rivera Carrera se dio a la tarea de promover el fin de la separación de la Iglesia y del Estado, con el propósito de legalizar la inversión y los negocios con la participación política electoral del clero, así como hacer religiosa a la educación pública.

La resolución de la mayoría en el Congreso para declarar al Estado mexicano laico, pone fin y liquida las pretensiones de los grupos fundamentalistas que aspiran a un Estado teocrático. Es un parteaguas que define la correlación de fuerzas políticas con precisión constitucional.

Las nuevas revelaciones contra las actividades criminales y depredadoras de Maciel, concluyen el ascenso del grupo fundamentalista, donde Norberto es el eje de reciclamiento contra el Estado secular y laico. Las revelaciones alientan la confrontación y la guerra desatada entre las sectas de los Legionarios de Cristo, Opus Dei, jesuitas, Caballeros de Malta, para reactivar viejos como nuevos proyectos de dominación.

El financiamiento y promoción por las sectas de un Estado religioso-fundamentalista, contrapuesto al Estado liberal y democrático, requiere recursos de gran magnitud, disponibles y escasamente visibles, que lo mismo se invierten que se transfieren a las arcas del Vaticano.

A Maciel se le acusó y juzgó por ser un drogadicto. Su familia da testimonio de ello, pero la información que se mantiene soterrada y oculta es la de ser un operador financiero del narcotráfico, gracias a lo cual logró salvar a la banca vaticana de la quiebra. El origen de la fortuna de los Legionarios de Cristo de 40 mil millones de euros, no es un milagro, ni proviene del pago de cuotas escolares o donativos de damas de la caridad, enamoradas secretamente o abiertamente del poder sin límites de Maciel.

Maciel Degollado ofreció a sus hijos heredarles 6 millones de dólares, los que reclaman con 20 millones más por reparación de daños. El rechazo del Vaticano a expedir la orden de pago, no es por prurito moral o disponibilidad de efectivo, es por tratar de evitar que se investiguen sus orígenes y a la narco Iglesia mexicana. Lo que seguramente ya está sucediendo, como parte de un cambio profundo que se avecina con el retiro por comisión del cardenal Rivera.

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Agresión a Contralínea

El sábado 10 de abril fueron allanadas –por cuarta ocasión en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa– las instalaciones de la revista Contralínea. Los delincuentes saquearon archivos periodísticos, administrativos y contables


Redacción
El lunes 12 de abril de 2010, los trabajadores de Contralínea encontraron sus oficinas violentadas. Un día y medio antes –el sábado 10, cuando las instalaciones se encuentran cerradas– habían sido saqueados los archivos de periodistas y de personal administrativo.

Los delincuentes violaron las puertas de acceso de todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita este medio de comunicación.

Los hechos se denunciaron la mañana del 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en la Agencia Investigadora del Ministerio Público Cuauhtémoc: expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04.

El robo a las instalaciones de Contralínea se suma a la serie de acosos que los periodistas de este medio de comunicación han padecido desde 2007, derivada de su ejercicio profesional. El acoso y los agravios incluyen el allanamiento a sus instalaciones en tres ocasiones anteriores (5 de agosto de 2007, 13 de agosto de 2008 y 11 de febrero de 2009), el arresto de su director, Miguel Badillo (el 16 de enero de 2009) y la orden de arresto contra la reportera Ana Lilia Pérez.


Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y medidas precautorias dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Mediante el periodismo de investigación, Contralínea ha documentado casos de corrupción gubernamental y empresarial, asuntos de seguridad nacional y seguridad pública, narcotráfico, lavado de dinero, delitos de cuello blanco, así como problemas sociales derivados de la marginación: pobreza extrema, desnutrición, despojo a pueblos indios, conflictos y movimientos sociales, guerrilla.

Desde 2007 en este medio informativo se han recibido amenazas de muerte e intimidaciones por parte de corporativos privados contratistas de Petróleos Mexicanos como Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Estas compañías mantienen seis demandas civiles y una penal contra Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores, Jorge Meléndez y David Manrique.

El más reciente allanamiento y robo en agravio de la revista Contralínea se registra a siete meses de que la CNDH emitiera la recomendación 57/2009 –el 14 de septiembre de 2009–, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.

En la recomendación –“sobre el caso de los señores Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez e integrantes de la revista Contralínea”– se acreditaron como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la CNDH, fueron violados “los derechos humanos a la igualdad y a la libertad de expresión, previstos en los artículos primero, párrafo tercero; sexto, párrafo primero; séptimo, párrafo primero, y 134, párrafos primero, séptimo y noveno, de la Constitución; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 1, 2.1, 2.2 y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Además de la denuncia ante la PGJDF, Contralínea ha dado vista de hechos al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de la Naciones Unidas y a la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares.

Sobre la reciente agresión, el 13 de abril la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió una enérgica condena y se solidarizó con los periodistas. A iniciativa de la diputada Aleida Alavez, también solicitó al jefe del gobierno capitalino brindar las garantías necesarias a los trabajadores de esta revista.

Los periodistas de Contralínea refrendan su compromiso con la sociedad, con la verdad y con el periodismo de investigación, y exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón el esclarecimiento de los hechos violentos así como la sanción a los responsables de los mismos.

Cronología de las agresiones

5 de agosto de 2007
Representantes del Grupo Zeta Gas irrumpen en las instalaciones deContralínea, amenazan con desaparecer la revista y exigen que se les revelen las fuentes

6 de agosto de 2007
Inician acciones judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presenta la primera de tres demandas por supuesto daño moral, ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

7 de noviembre de 2007
Oceanografía, SA de CV, interpone un juicio civil por “daño moral” en contra de la revista Contralínea y de los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez

13 de agosto de 2008
Los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanan las instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal

12 de septiembre de 2008
Contralínea interpone una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial y amenazas de muerte

5 de enero de 2009
Elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal arrestan a Miguel Badillo, director de Contralínea

11 de febrero de 2009
Representantes del Grupo Zeta Gas allanan las instalaciones deContralínea; exigen ingresar a los escritorios y archivos de los trabajadores y periodistas

22 de abril de 2009
Blue Marine Technology Group demanda a Contralínea y a los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y Nancy Flores y al cartonista David Manrique por “daño moral”

10 de abril de 2010
Desconocidos allanan y saquean las instalaciones de Contralínea

(Desde el 14 de septiembre de 2009, La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación 57/2009)

CONTRALÍNEA 178 / 18 DE ABRIL DE 2010