- Crea una industria petrolera paralela, dice un diagnóstico entregado al FAP
La iniciativa presidencial de reforma petrolera viola principios constitucionales que establecen la exclusividad de explotación de este recurso al Estado mexicano “para crear una industria petrolera paralela a la del sector público, que asumiría la forma de un negocio totalmente particular y se regirá por el derecho privado, donde los inversionistas ni siquiera tendrían que obtener una concesión y sus inversiones estarían protegidas”.
Así se expresa en el diagnóstico sobre la propuesta de Felipe Calderón que fue entregada conjuntamente con la Iniciativa Ciudadana de Reforma Energética, elaborada por más de cien especialistas, juristas e intelectuales a los grupos parlamentarios de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP). La iniciativa presidencial no deja lugar a dudas: “Se trata en su conjunto de una tentativa de fraude a la Constitución, pues busca establecer en la legislación secundaria normas cuyo propósito es crear las condiciones para violar abiertamente principios centrales” de la Constitución.
En el documento entregado se subraya que la iniciativa de felipe Calderón es privatizadora, entre otras razones porque implica que inversionistas, principalmente extranjeros, podrán participar por la vía de los permisos en el transporte, almacenamiento y distribución de los productos de la refinación, así como en petroquímica básica, gas natural y artificial, y hasta en las ventas de primera mano. Asimismo, podrán participar en la exploración y extracción de crudo mediante contratos de desempeño.
Todo ello favorecerá la conformación de una industria paralela privada, cuyos intereses estarían protegidos mediante el convenio relativo a la Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones, a cargo del Banco Mundial, “que blinda jurídicamente a los inversionistas extranjeros contra cualquier medida que los afecte”.
Decisiones compartidas
Con la iniciativa presidencial las decisiones fundamentales en materia petrolera y de la industria petroquímica básica ya no serán adoptadas exclusivamente por el Estado mexicano, sino que deberán ser compartidas con la iniciativa privada. De igual forma, posibilita que las relaciones entre Pemex y los empresarios sean regidas por tribunales internacionales, por el derecho privado y no por el derecho público.
El diagnóstico indica que la pretensión de la iniciativa presidencial es hacer a empresarios nacionales propietarios de instalaciones, ductos, refinerías y equipos que hasta ahora han sido propiedad exclusiva de la nación. Con ello se regresaría a una etapa previa a la nacionalización del petróleo, se subraya.
La propuesta de Calderón –se añade– abre la puerta para que a través de los contratos de desempeño o incentivados se violen los principios del artículo 27 constitucional, posibilitando que los inversionistas nacionales y extranjeros “compartan los resultados de la producción y la renta petrolera”.
Paralelamente, en la propuesta presidencial el Estado mexicano abdica de la reserva que hizo en la negociación del Tratado de Libre Comercio, correspondiente al rubro de hidrocarburos y petroquímica básica en sus diferentes niveles de explotación. Especialmente, se destaca que una expresión privatizadora clara es que el tratamiento de yacimientos petroleros transfronterizos ya no sería entre estados, sino entre el Estado mexicano y empresarios de otros países.
En el diagnóstico se cuestiona además que en la iniciativa presidencial se pretenda un régimen de excepción para Pemex “con el pretexto de otorgarle autonomía de gestión”, que incluye un consejo de administración en el que no interviene el Poder Legislativo. Asimismo, se contempla más burocracia y presidencialismo, pues los consejeros serán designados exclusivamente por el Presidente.
Al mismo tiempo, se faculta a la paraestatal a contratar deuda externa sin tomar en cuenta al Congreso ni a la propia Secretaría de Hacienda, y la dota de atribuciones para no llevar a cabo licitaciones públicas.
Finalmente, se considera que el proyecto presidencial no enfrenta problemas torales como la corrupción sindical y la alta burocracia de ese organismo con los contratistas; no es una propuesta que favorezca la transparencia y rendición de cuentas; no incorpora la participación del Congreso y de la sociedad en la conducción de Pemex; no es una reforma que fortalezca la inversión pública ni que responda al tema de los excedentes petroleros; no es una propuesta que salvaguarde la seguridad energética del país.
Reciben senadores del FAP la Iniciativa Ciudadana de Reforma Energética
- Prevé que sea el Estado el que mantenga el control instransferible sobre los recursos
- Pemex requiere de cambios e inversiones urgentes para su fortalecimiento
- Es necesario ampliar la refinación, terminar con la subutilización de sus plantas petroquímicas y modernizar los ductos
Una reforma energética que solamente considere modificaciones a Petróleos Mexicanos (Pemex) es insuficiente e inadecuada; sin embargo, la empresa paraestatal requiere de cambios e inversiones urgentes para su fortalecimiento, entre ellos ampliar trenes de refinación, terminar con la subutilización de sus plantas petroquímicas abandonadas, ampliar y modernizar los ductos, asumir los intereses de la deuda de Pidiregas y establecer un plan nacional de ahorro de energía.
Todo ello en un contexto de preservar la disposición constitucional de que sea el Estado quien mantenga el control intransferible sobre los recursos. Así se planteó ayer durante la entrega de la Iniciativa Ciudadana de Reforma Energética a los coordinadores parlamentarios de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), la cual, se dijo, no es una visión nacionalista trasnochada ni chovinista, sino asume la importancia del petróleo en el contexto geopolítico mundial.
Para tal efecto, se propuso que el financiamiento de las mencionadas acciones urgentes para fortalecer a Pemex provenga de la creación de un fondo constituido esencialmente por el superávit primario del organismo, una parte de los excedentes petroleros y una reducción de la tasa del derecho ordinario de los hidrocarburos.
La reforma debe considerar el petróleo como un recurso no renovable que no puede dilapidarse en beneficio de otras sociedades, “ni para sustituir una reforma tributaria de fondo –otra gran ausente–, de inaplazable presencia en la agenda de la República”. En este sentido, se destaca que en la iniciativa no hay un planteamiento de fondo sobre el régimen impositivo que rige a la paraestatal, pues eso, se consideró, forma parte de una profunda reforma hacendaria.
El documento fue avalado por más de un centenar de especialistas en la materia, juristas e intelectuales....
...Al dar lectura al documento de presentación, Rolando Cordera subrayó que la iniciativa partía de la postura unánime de que Pemex requería una transformación radical y su restitución como industria plenamente integrada. “Somos opuestos al desmembramiento de la paraestatal, a la reducción de sus áreas de actividad, a la pulverización de sus acciones, a su privatización, así sea parcial, independientemente de la forma o designación que se le quiera dar.”
Se sostiene que no se trata de un regreso al pasado, sino representa una respuesta “a una evidente actualidad global”. En este contexto, destacaron que fortalecer a la paraestatal implica dotarla de una autonomía presupuestal inserta en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Financiera, lo cual no representa un régimen de excepción, pero sí una facultad de operar con fundamento en criterios técnicos, económicos, estratégicos, ambientales y de seguridad.
El país requiere que Petróleos Mexicanos sea una empresa fuerte, con pleno ejercicio de facultades, “sin ceder a la iniciativa privada sus áreas de exclusividad, autónomo en el manejo de sus recursos y de sus acciones, con un régimen fiscal no confiscatorio, equitativo y justo para el buen desempeño de sus funciones”...
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Dinero
Enrique Galván Ochoa/La jornada. 24 de agosto de 2008
■ Calderón defiende a Cemex
■ Avionazo: camino de espinas
■ Fiscal anticorrupción
Es común que los estados defiendan a sus empresas cuando son afectadas por otros estados. Así que no hay nada extraordinario en la carta que Felipe Calderón envió a Hugo Chávez abogando por el empresario regio Lorenzo Zambrano, cuya compañía Cemex ha sido convertida mediante un decreto expropiatorio en Ceven (Cementos de Venezuela). Ya antes había servido de mediador entre Carlos Slim y el presidente Correa de Ecuador para que le hiciera una rebaja de 20 millones de dólares en el precio de la concesión para su compañía celular. En Venezuela se manejan cifras importantes, la diferencia entre lo que ofrece Chávez y lo que pide Zambrano es de 500 millones. ¿Cobran los jefes de Estado por esos servicios que no están incluidos en el mandato de la Constitución? Es un secreto. Hay, sin embargo, ciertos indicios. El presidente Luis Echeverría tuvo algún tiempo una parte de las acciones de la Organización Editorial Mexicana, que su gobierno vendió a Mario Vázquez Raña. Se sabe que el profesor Hank le regaló un rancho a López Portillo y también le prestaba dinero sin cobrarle intereses. No habrá quien quite la idea a los mexicanos de que Salinas de Gortari tuvo, o tiene, intereses en Telmex –la famosa sociedad Charly&Charly. Fox y la señora Marta dejaron muchas pistas: desde el famoso jeep rojo hasta los pagos anticipados y multimillonarios que hicieron a bancos privados para limpiar las huellas más evidentes del Fobaproa y el obsequio de permisos de juego a Televisa. Fox está nominado para la lista off-Forbes de los políticos más ricos del mundo, y eso que ganaba 200 mil pesos mensuales. Volviendo al tema de Cemex, o Ceven, la gestión de Calderón dio buenos resultados: representantes de la empresa y del gobierno de Caracas volverán a la mesa de negociaciones.
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