Por: Francisco Rodríguez
NO SÓLO LA subordinación de las Fuerzas Armadas y las policías mexicanas a los intereses de Estados Unidos es destacada en el análisis que el académico de la Universidad Iberoamericana Alberto Montoya Martín del Campo ha elaborado y que desde ayer he abordado en este espacio, también, entre otros, la naturaleza económica del fenómeno del narcotráfico.
Apunta Montoya, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales AC, que “la estrategia estadounidense se inicia con la acusación de los países de producción y trasiego, de ser los principales responsables de un problema cuyo origen se sitúa en los Estados Unidos; se procede a utilizar el pretexto de la debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para eliminar al narcotráfico, para justificar el involucramiento de las instituciones estadounidenses de seguridad y de combate al narco en el territorio nacional; lo que se relaciona con la política del país de militarizar las instituciones responsables de contener al crimen organizado; para terminar en la última fase de este proceso con la cesión total de la soberanía de México (ejército y cuerpos policiacos), a los Estados Unidos, a través de la instalación de bases y operaciones militares estadounidenses en nuestro territorio”, lo que prácticamente ya sucede ahora con las declaraciones de Janet Napolitano, sobre cómo es que los efectivos de la Defensa Nacional no han ayudado a aliviar la crítica situación que se vive en Ciudad Juárez.
Por tal es que está por llegar a México una impresionante delegación de funcionarios de Barack Obama, encabezados por Hillary Clinton.
Dicha estrategia del gobierno estadounidense resulta exitosa, porque la de la Administración Calderón –y la de sus antecesores— ha sido errónea: desconoce la naturaleza económica, política y geopolítica de la economía criminal, lo que sería condición para su eventual erradicación.
En tal sentido, sorprende el dato aportado por el doctor Montoya en el sentido de que, desde 1991, cuando se criminalizó el “lavado de dinero”, en nuestro país sólo se hayan obtenido 26 sentencias por dicho crimen.
Que el problema no se haya abordado multidimensionalmente tampoco ayuda: “Aumento del desempleo, y pérdida de cohesión social en las familias y comunidades, como un resultado necesario de la economía política que subordina a la Nación a poderes económicos y político externos, abren mayores posibilidades para la organización de grupos dedicados al sistema de la economía criminal, que han ido extendiéndose hacia amplios sectores de la sociedad.
“La Secretaría de la Defensa Nacional estima que cuando menos medio millón de mexicanos obtienen sus subsistencia económica, a través de su participación en la producción o comercialización de drogas ilegales.
“La constante reconfiguración de los carteles o asociaciones de criminales, es una condición permanente para el funcionamiento de estas actividades económicas criminales, en las que las disputas y competencia por los mercados se resuelven por la vía del asesinato y la violencia.
“En estas condiciones, los campesinos pobres y los narcomenudistas en las zonas urbanas de consumo, deben ser considerados los eslabones semi esclavizados de la cadena económica del narcotráfico. Se estima que alrededor de 50 mil indígenas de 60 comunidades intervienen en la siembra de drogas. Tan solo en el caso de Guerrero, 70% de la población indígena carece de ingresos suficientes para comprar la canasta básica de alimentos, salud, vivienda, o vestido.
“La participación de campesinos en las cadenas económicas de producción de estupefacientes se explica de manera importante por el desmantelamiento de la política de soberanía agroalimentaria que han promovido los gobiernos y coaliciones empresariales neoliberales, que ha sido sustituida por una política de dependencia alimentaria, que ha generado la pérdida de 6 millones de empleos en el campo desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
“Las principales víctimas del sistema de economía criminal, como productores, consumidores, participantes en las fuerzas de seguridad, o en las redes de la economía criminal combatidas por ellas, son los millones de jóvenes del campo y la ciudad que han visto frustradas sus posibilidades de acceso a la educación o al mercado de trabajo.
“Esto se refleja en un perfil delincuencial caracterizado por personas cada vez más jóvenes y que realizan actos de mayor crueldad e insensibilidad hacia las víctimas, lo que refleja un grave problema de deshumanización, con enormes implicaciones hacia el futuro. Los jóvenes pobres son los que alimentan en su mayoría tanto a las fuerzas armadas como a las organizaciones criminales.”
Un país cuya juventud sólo tiene esas opciones de futuro, es un país que definitivamente carece de futuro.
Índice Flamígero: Un escándalo tapa a otro, parece ser la filosofía de César Nava. El de la Cámara Baja, la semana anterior, intentó cubrir el de sus actos de corrupción en Pemex. Ahora el desatado por el anuncio de su boda, para intentar tapar los anteriores dos.
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Fuente: Indice Político
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