domingo, 2 de noviembre de 2008

Testigos sociales: la simulación

Nancy Flores/Revista Contralínea/1 Noviembre 2008

Con el objetivo de “legitimar” multimillonarias y cuestionables licitaciones, siete dependencias de la administración pública federal gastan 22 millones de pesos en testigos sociales; al tiempo, otras cuatro omiten informar sus gastos respectivos. Especialistas consideran que esta figura de participación ciudadana no contribuye al combate a la corrupción y afecta la transparencia.

De marzo de 2006 a junio de 2008, siete dependencias federales han pagado 22 millones 896 mil 914 pesos a los 23 testigos sociales autorizados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), reporta el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal. Se trata de 78 contratos cuyo objetivo, a su vez, ha sido avalar multimillonarias contrataciones de obra pública y adquisiciones de bienes y servicios.

En el mismo periodo, pero sin informar sus erogaciones, otras cuatro instituciones del gobierno federal han recurrido a los servicios de los testigos sociales: 12 contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 10, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); uno, de Cintra; y los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya política anticorrupción señala que cada una de sus licitaciones es acompañada por un testigo...

...Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal federal y actual presidente de la asociación civil Transparencia Nacional, dice que “el testigo social es una tomada de pelo que puede afectar a la transparencia, porque la transparencia no se vende, no se contrata: en el momento en que tienes un compromiso financiero tienes que decir lo que te digan. ¿Sabes cuándo han invitado a Transparencia Nacional a participar en algún proceso? Nunca, porque nosotros sí decimos en qué están mal, si hay algo raro, si la licitación está amañada”.

Agrega que, con los lineamientos establecidos en diciembre de 2004, la pasada administración creó “la transparencia ‘a modo’. Ahora toman a gente que no tiene ninguna experiencia en el sector correspondiente para que dé su opinión. Si éstos no saben nada del sector, de normatividad administrativa, de procuración de justicia, de responsabilidades de servidores públicos, el resultado va a ser un evento social, en el cual los supuestos representantes o testigos sociales no han sido más que cómplices de la autoridad”.
Además de involucrar recursos multimillonarios, algunas de las licitaciones avaladas por los testigos sociales han sido señaladas como irregulares. Entre éstas sobresale el arrendamiento de cuatro buquetanques en Pemex Refinación, por 4.2 mil millones de pesos; según algunos licitantes, fueron favorecidas la trasnacional F Tapias y el Grupo Blue Marine.

En la lista de procesos objetados también se encuentra la compra de gas licuado de la CFE a Perú, con la intermediación de Repsol, por 21 mil millones de dólares. De acuerdo con la denuncia pública del excandidato del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, la paraestatal se hubiera ahorrado varios miles de millones de dólares si la compra hubiera sido directa. Los testigos sociales para esta licitación fueron la Fundación Heberto Castillo y Gonzalo Martínez Corbalá.

La venta de Mexicana de Aviación, hecha por Cintra en 2005 a favor del Grupo Posadas, que involucró 165.5 millones de dólares, es otro proceso que destaca entre las licitaciones avaladas por testigos sociales. Asimismo, las adquisiciones de medicamentos e insumos para la salud en el IMSS.

Entre 2004 y 2006, éstas han generado un negocio por más de 14 mil 479 millones 701 mil pesos a tres intermediarias: Fármacos Especializados, que encabeza José Antonio Pérez Pérez; Selecciones Médicas, propiedad de este mismo empresario y de su padre, Francisco Pérez Fayad; y Laboratorio Pisa, de Carlos Álvarez Bermejillo (revista Fortuna. Negocios y finanzas, 15 de agosto de 2008). El proceso de triangulación ya fue observado como irregular por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)...

...El doctor John Ackerman explica que el problema con el sistema mexicano de rendición de cuentas es que corresponde a la SFP la observación en el momento en que ocurren las cosas, pero ésta depende del Ejecutivo; mientras que la ASF, que sí es independiente, no tiene suficientes facultades y “siempre llega tarde, es una revisión posterior”...
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